Por Victoriano Martínez
La solicitud de remoción de la encargada del despacho de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Edith Virginia Muñoz Gutiérrez, amplía el capítulo abierto por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) con la solicitud de amparo en contra de ser auditada por el órgano fiscalizador estatal por manejar recursos públicos federales.
Independientemente de la motivación del solicitante, José Giavanni Torres Delgado, sobresale en su petición el señalamiento de la falta de atribuciones de la ASE para fiscalizar el uso de recursos federales, incluidos los ramos 33 y 28, con lo que queda imposibilitada para revisar la mayor parte de los recursos que reciben los 58 ayuntamientos de participaciones federales.
De acuerdo con el solicitante, además resultar ilegal la revisión de los fondos federales de los 58 ayuntamiento, hay otros 11 entes fiscalizables sobre los que se pretende auditar recursos con ese mismo origen.
“De las 112 auditorías que se modificaron y programaron en el “Programa Anual de Auditorías 2023”, un total de 69 auditorías están fuera de toda facultad legal por pretender incluir en su revisión recursos y participaciones federales”, señaló Torres Delgado en su documento.
Los datos señalados por Torres Delgado pueden ser consultados en el Programa Anual de Auditorías 2023, publicado en el Periódico Oficial del Estado el pasado 1 de febrero, y en las Modificaciones al Programa Anual de Auditorías 2023, publicados el 31 de marzo.
Si bien se trata del 61 por ciento de las auditorías programadas las que se encuentran fuera del marco legal, es de destacar que los criterios específicos para la auditoría a la UASLP aparecen con cierta ambigüedad.
“Auditoría para la revisión de los Recursos Fiscales e Ingresos Propios, reportados en la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2022”, señala el título, en tanto que en los criterios específicos hace referencia a los ingresos propios de la UASLP y añade:
“Recursos auditados por la ASF (Auditoría Superior de la Federación). Antecedentes de revisiones de ejercicios anteriores y obra pública (En caso de haber ejecutado obra)”. ¿Hasta dónde invade la ASE las atribuciones de la ASF en el caso de la UASLP?
Y no es que la ASE no haya auditado la aplicación de fondos federales, sino que tal acción siempre ha tenido como acto previo la firma de un convenio en el que se pacta que entes fiscalizables con fondos federales revisará el organismo local. Finalmente se trata de una instancia que forma parte del Sistema Nacional de Fiscalización.
El caso es que este año, lo documentó Torres Delgado con la respuesta a una solicitud de información, no existe tal convenio. Haya sido una omisión involuntaria o se haya dejado de lado por la inercia de la costumbre, el hecho es que programar auditorías sobre fondos federales quedó al margen de lo permitido, y eso da pie a las acusaciones de violaciones legales en la petición.
Una situación sobre la que el propio auditor Superior de la Federación, David Colmenares, advirtió en una colaboración en diversos diarios del país, Pulso incluido, titulada Financiamiento de las Universidades estatales.
Colmenares no sólo establece que los organismos fiscalizadores estatales, para el caso potosino la ASE, no pueden auditar los fondos federales que recibe la universidad, sino tampoco lo puede hacer con los fondos estatales por tener un origen federal: el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona recibe el dinero de la Federación para entregarlo a la UASLP.
El caso va más allá: la Federación busca corregir de algún modo que los gobiernos estatales retengan los recursos que tendrían que entregar a las universidades. En el caso de Gallardo Cardona, en lo que va del año ha retenido 172 millones 293 mil 606 pesos de recursos federales enviados para ser entregados a la UASLP.
Colmenares menciona como una solución posible que para cubrir adeudos como el que el gobierno de Gallardo Cardona tiene con la UASLP “se retuvieran de sus participaciones y se hiciera el pago correspondiente”.
El caso es que, entre que se establecen controles para que los recursos federales lleguen al destino que tienen previsto y se clarifica procedimientos para que sean fiscalizados por la ASE, hoy la actuación de la encargada del despacho, Muñoz Gutiérrez, debe ser analizada para determinar si incurrió en faltas graves que ameriten su destitución.
