Redacción
En la más completa opacidad, en un tema de la mayor relevancia no sólo para el Valle de San Luis Potosí sino para el estado y el país, en desacato a un llamado de la federación, en medio de una consulta pública y en violación a diversas normas jurídicas, las comisiones edilicias de Gobernación, Alumbrado y Obras Públicas, Equipamiento Urbano y Catastro, y Derechos Humanos y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de San Luis Potosí, han dado el primer paso hacia la urbanización de una porción más de la Sierra de San Miguelito, al aprobar por mayoría los Programas Municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU) y de Desarrollo Urbano y de Centro de Población (PMDUCP). Falta aún la votación en el pleno del Cabildo que se podría dar el día de mañana.
La tarde y noche de ayer fue un espacio de hermetismo en torno a lo discutido y aprobado en las comisiones que trataban el tema de los programas de desarrollo territorial y urbano. La información corrió a cuentagotas y con imprecisión, y eso a base de filtraciones porque nada oficial se dio a conocer hasta pasadas las 10 de la noche cuando la regidora Verónica Rodríguez, de manera escueta, sólo informó que los programas se habían aprobado por mayoría y no dio mayores detalles.
Fuentes oficiales del Cabildo soltaron algunos datos previos que no permitían siquiera conocer si los programas se habían aprobado o no. Estas fueron algunas de las primeras expresiones que se filtraron: “Pues empecinados en hacer(lo) en modo rápido”. “El programa no sufre modificación, sigue con las observaciones de la primera edición”. “La sierra si está en riesgo”. “Se crea un nuevo conflicto de movilidad en la zona del desarrollo de la minera”.
Los integrantes de esas comisiones que votaron a favor de la aprobación de los documentos, pasaron por alto el exhorto que apenas el 8 de enero pasado hizo la titular de la SEMARNAT, María Luisa Albores, al alcalde interino, Alfredo Lujambio Cataño, a trabajar de manera coordinada con el estado y la federación en materia ambiental y de desarrollo urbano, a solicitar opinión formal a esos otros dos órdenes de gobierno respecto del contenido de los programas, y a esperar a que concluya el proceso para la declaratoria de Área Natural Protegida (ANP) de carácter federal en la Sierra de San Miguelito, “por lo que es importante no realizar procedimientos o modificaciones en el área hasta tener la resolución de dicha declaratoria”, le subrayaba Albores a Lujambio.
Pero desde hace meses ha sido clara la prisa que corre a un grupo de integrantes del Cabildo ─hoy encabezados por el alcalde interino pero antes por el presidente municipal con licencia, Xavier Nava Palacios─ por aprobar los programas, toda vez que ello facilitaría el cambio de uso de suelo para concretar, por lo pronto, el ambicioso mega proyecto comercial y habitacional Las Cañadas, precisamente antes de que se haga la declaratoria de ANP.
Dar el siguiente paso, es decir, aprobar los programas en Cabildo y después cambiar el uso de suelo, no sólo representa un desafío al llamado que hizo la federación al ayuntamiento de la capital, es también violentar el Plan del Centro de Población Estratégico San Luis Potosí – Soledad de Graciano Sánchez, aprobado en 2003 ─que no se ha derogado-, que establece que la zona donde se pretende construir la mega obra se encuentra dentro de Área Natural de Protección al Paisaje y de Recarga (AN-PPRE) y del Área Natural de Protección de la Cuenca Hidrológica (AN-PCH) de la sierra.
Significa además violentar el principio jurídico de concurrencia de las normas municipales con los ordenamientos estatales y federales en materia territorial y ambiental y estos dos últimos se encuentran en un proceso de consulta pública ─en el caso estatal la consulta abierta a la población concluyó ayer pero falta las respuestas a los planteamientos presentados, la sistematización de datos y la elaboración del documento final del plan; y la consulta federal termina el 27 de febrero, más las respuestas a los planteamientos, más el tiempo del procesamiento de datos, la elaboración del documento final y luego el decreto del ANP. La SEMARNAT estima que la declaratoria se hará en el transcurso del segundo semestre de este año.
Hay además tres suspensiones obtenidas por comuneros en el mismo número de juicios de amparo que impiden hacer cualquier modificación al estado en que se encuentran las tierras pretendidas por los desarrolladores inmobiliarios.
¿Será que están pensando en apelar en tribunales a la autonomía municipal y que con eso les va a alcanzar para doblegar a la federación que tiene a su favor varios instrumentos legales y constitucionales para vencerlos, independientemente de los juicios de amparo que están en curso?
Parece que es una auténtica crónica de una muerte anunciada en tribunales para el ayuntamiento, como lo ha advertido el abogado Jorge Chessal Palau.
Pero más allá del aspecto jurídico, está el de una autoridad que se ha doblegado a las presiones de unos depredadores inmobiliarios empeñados en dañar los servicios ambientales que proporciona la Sierra de San Miguelito a cuatro municipios del estado y de construir, a como dé lugar, caminos, viviendas de alto costo y naves industriales para incrementar sus ya desmedidas fortunas en agravio de la mayoría de la población y de causar daños irreparables al medio ambiente.
Todos los que votaron en comisiones a favor de los programas han traicionado la confianza que en ellos depositaron los electores en las urnas en el 2018 con la esperanza de que protegerían los intereses y derechos de la sociedad en su conjunto, entre ellos el derecho a un medio ambiente sano.
La comunidad tiene derecho a saber quiénes votaron a favor de los programas, sobre todo de aquellos que, cínicamente, todavía se atreverán a buscar un cargo de elección popular en los comicios del 6 de junio.
Es de esperarse que de la federación, a través de la SEMARNAT o del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, venga de inmediato un pronunciamiento o una acción más firme que detenga la aprobación en Cabildo ─lo cual ya resulta casi imposible─ o que, si se aprueba en ese órgano de gobierno, la decisión sea anulada por desacato e infracción a distintos ordenamientos jurídicos.
No se puede permitir que un puñado de barones del cemento tomen decisiones de facto a través de miembros de órganos de gobierno a los que presionan, chantajean y hasta sobornan, y que éstos, por miedo, sumisión o por obtener beneficios, entreguen a estos depredadores uno de los más importantes patrimonios que tienen los potosinos: La Sierra de San Miguelito.
Los empresarios no deben estar por encima de las autoridades electas, si se les permite habrá privatizaciones a diestra y siniestra del espacio público en el futuro.
