Adriana Ochoa
Cuando tienen la aritmética parlamentaria para hacerlo, a los gobiernos les da por cargar más a los contribuyentes de siempre si las cuentas de cierre de ejercicio y previsiones no les dan para el año siguiente.
Si es en grande, a lo descarado, con más incomodidades, más amenazas y grandes promesas de mejora, al esquilado lo llaman “reforma fiscal”. Si se trata de hacer colar los aumentos y “novedades” como incidencias menores para los ciudadanos, lo llaman “ajuste”.
Con el nombre que gusten, las medidas recaudatorias aprobadas no suponen ni de lejos esa revolución que el sistema fiscal necesita, el nacional y el estatal no se diga. La “planeación” consiste en calcular el agujero en las finanzas del año que cierra y de inmediato generar un motivo, o dos, o los que alcance, para cobrar más a un universo limitado de contribuyentes cautivos, a lo que se sabe, inferior a los que no pagan impuestos en este país.
El afán recaudatorio lo tratan de disfrazar con la cantaleta de no afectar a las más vulnerables, como si encarecer la gasolina y el diésel con un impuesto más alto no tuviera efectos que se multiplican en proporciones geométricas: nadie es tan pobre que no se suba en un transporte movido a combustible fósil, o no se coma unas tortillas de maíz o un bolillo que requirieron transporte de materias a primas para llevarlas a tortillerías y panaderías.
Al uso del Gobierno de San Luis Potosí, los nuevos impuestos, alzas o reinvenciones tributarias no se anuncian, para no desgastarse en explicaciones a quienes deberán pagarlos. Y una vez expuestos, se monta un juego de la bolita para convencer que no hay daño a los bolsillos de nadie, seguramente porque dones y doñas “Nadie” va a pagar “ajustes”, retruécanos y otros tratamientos barrocos para enmarañar las cargas fiscales.
En una entrevista decembrina, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona afirmó que el gobierno estatal no regresaría al cobro de tenencia, como volvieron en otras entidades debido a los recortes federales, aunque perdiera con ello millones de pesos de ingresos. “Si la tenencia hubiera regresado, hubieran sido mil 500 millones de pesos que tendrían que haber pagado los potosinos, como lo van a pagar en otros estados, que ya casi todos tienen tenencia nuevamente; nosotros, San Luis Potosí dijimos: ‘No vamos a la tenencia, no va a haber tenencia en San Luis Potosí’, es algo que consideramos que afecta a las finanzas de los potosinos”. Que todo lo vehicular sería gratuito, Sí, cómo no.
Gallardo nada mencionó de los cobros para propietarios de un vehículo en la entidad potosina aumentaron, mediante el concepto encarecido de “Renovación de tarjeta de circulación” y un aumento sustancial en el concepto de “Asistencia social”.
Dar de baja un vehículo será más caro. Desde 2013, ese trámite costaba 2.13 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, 231.25 pesos en 2024, pero el gobierno gallardista decidió a 5.2 UMAs la tarifa, lo que significa que ahora se tendrán que pagar 564.56 pesos. El argumento oficial es que desde 2013 no variaba la medida de cobro, pero la UMA aumenta cada año, no era necesario disque “actualizar”.
El mismo disfraz se aplicó al cobro por renovar tarjeta de circulación, que toca este año, conforme la Ley de Hacienda. Desde 2013, el canje de placas y de tarjeta de circulación estaba fijado en 2.89 UMAS, pero este año subió a 6.6 UMAs. Si en 2024 costó, ahora serán $717, a valor de 108.57 pesos.
Si alguien quiere placas nuevas gratuitas como ofreció este gobierno, su vehículo debe valer menos de 350 mil pesos en factura. Ahí otro truco: el beneficio aplicaba hasta 2024 para vehículos con valor inferior a los 500 mil pesos. Hay unos cuarenta modelos de vehículos en México en la gama de precio inferior a los 350 mil pesos, ni una decena de ellos alcanzan los puntajes de seguridad en pruebas de colisión. Latin NCAP destaca como inseguros ocho vehículos baratos que no tienen control electrónico de estabilidad (ESC) y recomienda pensar la compra con más de 25 modelos que tienen solo un par de bolsitas de aire, del tamaño de una almohada de viaje, para conductor y copiloto.
En resumen, más carga para los contribuyentes promedio con un vehículo en propiedad legal. En tanto, a los “autos chocolate” ni quién los moleste. Baratos, ingresados de manera ilegal y exentos de todo impuesto, a ojos vistos. Todo mundo los ve circular sin permiso ni placa legal pagada. El trato es disparejo.
Hay además cobros de los que nunca habló el gobernador, ni los diputados discutieron o informaron. Nuevos impuestos, como el del 3% por venta de inmuebles y un nuevo gravamen del 3 %, un IEPS local, por cada bebida alcohólica vendida en San Luis Potosí.
Con el aval sin revisión de los diputados “del pueblo”, la administración gallardista decidió aumentar del 3 al 4 % el impuesto al hospedaje. Sus “ahijados” y admiradores dicen que el impuesto al hospedaje no afecta a los potosinos, solo a los foráneos. No piensan lo mismo los hoteleros, que no ven política ni proyecto turístico desde hace tres años. Tampoco trabajo para atraer turismo de convenciones.
Lo más importante: los hoteleros desconocen en qué se gasta el dinero de lo recaudado por hospedaje. Si hay una carga fiscal tan específica como esa, debiera tener una contraparte de gasto transparente en el sector.
En cuanto al impuesto sobre venta de bebidas, es una carga adicional al sector restaurantero. Lo más risible es que para justificar el cobro, Gobierno del Estado dice que lo invertirá con urgencia en tratar adicciones y en salud pública. Quizá gracias a ese impuesto ahora sí pueda construir alguno e los cinco hospitales de especialidades que el gobernador prometió en campaña. O que este gobierno nos sorprenda con una clínica de “rehab” como el Rancho Mirage del Betty Ford Center pero gratuita. Hasta los anexos más feos, insufribles y dudosos cuestan.
El PRI votó alegremente a favor, dirigente estatal del partido incluida. Morena voto a favor, que “por cortesía política”, dijo el diputado Carlos Arreola Mallol. No fuera a ser que alguien voltee a ver los “ajustes” fiscales de la Presidencia de la República, también bañados de justificaciones ridículas.
El Impuesto Especial a Productos y Servicios como las gasolinas, el diésel, los cigarros, los refrescos y las cervezas desde luego que encarecerán la vida de todos, con el efecto contrario al que tararean en sus conmovedores discursos de los gobernantes y diputados que los aprueban: será un costo más pesado de pagar para los ciudadanos de menores ingresos. Dispersado se ve menos, pero no por eso no cuesta. E igual, la base de los contribuyentes cautivos no crece, la informalidad exenta como siempre. La yunta más pesada para los mismos bueyes. O burros, al gusto.
Aun así, insisten en su propaganda de economía de ensueño. Que todo va estupendo. Que las pensiones del bienestar, las despensas, conciertos y bailongos gratuitos han “enriquecido” a esta nación.
Vivimos en un estado de confusión en el que resulta normal que la economía vaya como un tiro en la propaganda y a los ciudadanos les vaya como si el tiro se lo llevaran ellos.
Adriana Ochoa es periodista desde 1988. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y docente titular de Organización Política y Ciudadanía.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
