Carlos Rubio
El Congreso del Estado ha ocasionado diversos conflictos en las comunidades indígenas y con los integrantes del Consejo Técnico Operativo de la Consulta Indígena; primero por cancelar la consulta y luego por no pagar el sueldo a los 20 integrantes, quienes ahora enfrentan deudas y desempleo debido a que los diputados han evadido sus responsabilidades.
La Consulta Indígena se canceló como parte de las medidas de contingencia por la pandemia de coronavirus Covid-19 y, precisamente, en medio de esta crisis los diputados han dejado a la deriva a todas estas personas, mientras ellos suspenden actividades con goce de sueldo.
Juan Manuel Zacarías es uno de los técnicos que se encontraba trabajado en la consulta. Él proviene de la comunidad de Tamaletom en Tancanhuitz. Según comenta para Astrolabio Diario Digital, los técnicos se han tenido que desplazar hacia al menos 23 municipios para visitar las comunidades indígenas que ahí se encuentran y acordar reuniones que forman parte de la consulta. Todos esos viajes realizaron fueron pagados con su propio dinero ya que el Congreso no les proporcionó ningún recurso económico.
“Nos fuimos desesperando a partir de que no llegaba ningún recurso económico para solventar los traslados, las copias, la comida, todos nuestros viáticos, todo eso lo hemos estado pagando nosotros”.
Además de no proporcionarles viáticos, tampoco se les realizó el pago correspondiente por el trabajo que ya han estado realizando desde enero, mes en el que se les tomó protesta como miembros del consejo, por lo que llevarían casi dos meses laborando sin salario, siendo que algunos de ellos tienen familias con niños que mantener.
Inclusive Juan había recibido un pago por otro trabajo y ese dinero decidió invertirlo para la realización de la consulta, recurso que ahora da por perdido. “Nosotros empezamos haciendo el trabajo con muchas ganas y es un buen trabajo, está interesante, a mí me gustaba, pero sin ese apoyo está muy difícil y por más que quisimos nosotros estirar el recurso, no fue posible”.
“Uno da su cara frente a las comunidades y las autoridades de la comunidad, y por causa de que yo ya no pude solventar cómo desplazarme de un lugar a otro, a mí me afectó porque las autoridades pensaron que era yo el que no quise ir o el que no estaba cumpliendo con mi trabajo, siendo que yo estuve esperando el recurso para moverme”.
Para realizar la consulta los consejeros técnicos se encargaban de visitar las comunidades y acordar fechas para realizar reuniones o actividades que acompañan la consulta, para esto, los pueblos indígenas también tienen que hacer un gasto para desplazarse hacia el lugar acordado, sin embargo, con la cancelación de la consulta, algunas comunidades acudieron y se llevaron la sorpresa de que nada se iba a llevar a cabo.
“Los pueblos y comunidades se sienten otra vez traicionados, pisoteados, como hechos menos, discriminados”.
María del Castillo es originaria de la comunidad de Agua Puerca, ella habla pame del norte y es otra de las afectadas por el incumplimiento del Congreso; de igual forma estuvo trabajando sin sueldo y solventando por su cuenta los viajes. Tiene dos niños pequeños que tuvo que encargar con alguien para que los cuidara mientras trabajaba y pagar por ese servicio.
Como parte de su trabajo visitó Santa Catarina, Ciudad del Maíz, Alaquines, Tamasopo, Rayón, entre otros municipios; cada uno de esos viajes le significó un gasto que no pudo destinarle a sus hijos, todo con la esperanza de que todo su esfuerzo se le retribuyera más adelante, sin embargo no ha sido así.
“Yo tuve que pedir prestado a mis hermanos, a algún vecino, ahorita debo mucho. Hubo una vez en que me quedé ahí en el crucero de Rayón y ya no tuve dinero para regresarme; tuve que pedir trabajo por ahí, le ayudé a un sobrino para sacar para el pasaje de regreso”.
Los integrantes de este Consejo Técnico Operativo ahora se encuentran en la incertidumbre de qué pasará con su pago o con su trabajo. No pueden buscar alternativas para laborar porque se encuentran a la espera de una respuesta por parte del Congreso, y aunque han buscado soluciones, el presidente de la directiva, Martín Juárez Córdova, únicamente les ha respondido huyendo de ellos.
Por ahora, María se siente “enojada, más que nada siento impotencia de no poder hacer más para que ellos tomen conciencia de lo que nos están afectando a nosotros”.
Marcela Sánchez Flores, quien fungió como secretaria técnica del consejo, cuenta que la buscaron para que laborara en esta consulta y renunció a su trabajo anterior para dedicarle su tiempo completo.
Lamenta inmensamente la actitud que ha tomado el Congreso, sobre todo por Martín Juárez. Asegura que se les solicitaron documentos que comprueben su trabajo realizado en este lapso, dichos documentos fueron entregados y ni así les ha sido remunerado su trabajo.
Ella también le invirtió su dinero a esta consulta, dinero que pudo ser utilizado para reparar su automóvil que se encuentra en el taller, pero prefirió enfocarse en que los pueblos indígenas pudieran beneficiarse un poco de este.
Según comentan, el Congreso del Estado, y sobre todo los diputados, no son bien vistos por todas las comunidades indígenas y todos los técnicos estuvieron trabajando para cambiar esa perspectiva y animar a los pueblos a participar en la consulta, no obstante, con estas circunstancias, lamentan que esa posición negativa con la que los ven continúe y se vuelva complicado entablar nuevamente una buena relación.
Esta situación ha causado desilusión entre la comunidad indígena, quienes ahora se sienten víctimas de racismo y discriminación. Esperan que pronto se les pueda dar su pago correspondiente y puedan solventar sus gastos, ya que hay madres solteras, jefes de familia y jóvenes esperando para poder continuar con sus vidas.
