Fernanda Durán
En el marco del Día de Acción Global para la Despenalización del Aborto, la postura de las diputadas y diputados, así como sus bancadas en San Luis Potosí refleja una falta de compromiso para impulsar la iniciativa que garantiza los derechos reproductivos de las mujeres. A pesar del avance judicial que ordena la modificación de leyes locales que penalizan la interrupción voluntaria del embarazo, el Congreso del Estado aún evade su responsabilidad de actuar de manera inmediata.
Las declaraciones de diversos legisladores evidencian un discurso ambiguo y falta de voluntad política para abordar el tema con urgencia.
La diputada Roxana Hernández Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y presidenta de la Comisión de Igualdad y Género, se limitó a expresar que “todo pasa en su tiempo” y que “no hay que adelantarse”, pues el Congreso actuará cuando lo considere oportuno. Esta postura refleja la evasión de una responsabilidad legislativa inminente.
“Yo creo que garantizar que en esta legislatura salga la despenalización del aborto, ahorita, si te lo comento yo, vas a decir que es un tema personal. Nosotros, como diputadas y diputados no estamos por temas personales, estamos por el tema de todas las mujeres, de todos y de todas, también arropando el tema de la igualdad sustantiva, que es algo que debemos tener muy claro. La igualdad sustantiva es importante. Es lo que puedo decir, como mujeres estamos en la lucha, emancipadas todas, por nuestros derechos”.
Por su parte, el diputado Marco Gama Basarte, de Movimiento Ciudadano, reconoce que las órdenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, su respuesta reduce el tema a un trámite técnico sin pronunciarse claramente sobre cuándo se presentará la iniciativa para derogar los artículos inconstitucionales del Código Penal.
“Hay que cumplir la ley, no hay de otra. Son las instrucciones de la Corte, son para cumplirse, no para debatirse ni para posponerse, se tienen que acatar. Al momento de que se plantee el tema de derogar algunos artículos de la ley, nada más. Hay que revisar si hay algunas fechas que acatar y tendrá que presentarse en tiempo y forma”.
En una línea similar, el diputado de Morena, Cuauhtli Badillo Moreno, presidente de la Directiva e integrante de la Comisión de Salud, se mostró a la expectativa de que algún grupo parlamentario presente una iniciativa en los próximos meses, insinuando que el cumplimiento de la sentencia será tratado como una formalidad de último minuto.
Aunque reconoce que su bancada ha dialogado con colectivos, su discurso dilata la urgencia del tema y deposita la responsabilidad en la futura acción de otros diputados.
“Ya se está trabajando en ese sentido, vamos a esperar de qué manera se va a dar y, si no, yo, como Directiva, estaré al pendiente y recordándole a los compañeros para ver quién va a realizar esta acción. (…) He escuchado que la propia bancada de mi movimiento, Morena, ha estado reuniéndose con estos colectivos; desconozco qué otro grupo parlamentario, me parece que MC también se ha pronunciado. Insisto, habrá que esperar los tiempos”.
Frinné Azuara Yarzábal, diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y también presidenta de la Comisión de Salud, fue una de las pocas que se comprometió a promover la modificación del Código Penal. Sin embargo, no mencionó alguna fecha o plan para entregar una iniciativa.
“Por supuesto, tenemos que actualizar la normatividad en todos los estados. Ya hay estados que han avanzado en este sentido, y uno de los aspectos más importantes, porque una cosa es la aplicación de las políticas públicas en torno a este derecho para la Secretaría de Salud, para IMSS Bienestar, y que podamos respaldar las acciones a través de estas políticas públicas; y la otra es modificar el Código Penal. Ese es un tema pendiente, y lo promoveremos y fomentaremos, porque ninguna mujer debe ir a la cárcel por ejercer sus derechos”.
El contexto de estas declaraciones surge tras el histórico fallo del Juzgado Tercero de Distrito del Noveno Circuito que ordena despenalizar el aborto en las primeras 12 semanas de gestación, una medida que sitúa a San Luis Potosí como el decimonoveno estado en adoptar esta política.
Este avance judicial pone en evidencia la urgencia de una reforma que, hasta ahora, el Congreso del Estado parece no estar dispuesto a abordar con la celeridad que la situación demanda.
La falta de compromiso de los legisladores de San Luis Potosí, quienes insisten en esperar “los tiempos” y no toman acciones concretas, resulta alarmante frente a un tema de derechos humanos que afecta directamente a las mujeres.
Mientras tanto, la criminalización de la interrupción del embarazo sigue vigente y las mujeres y personas gestantes continúan enfrentándose a un sistema legal que obstaculiza su derecho a decidir sobre su propio cuerpo.
