Por Victoriano Martínez
Hoy los diputados decidirán, en sesión plenaria, si violan o no la Constitución Política estatal para nombrar a quien ocupe la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE) por siete años, no para concluir el periodo que dejó inconcluso José Luis Ruiz Contreras… y de paso cumplir la instrucción que poco pudo disimular el gobernador en torno al caso.
Desde el mismo día en que renunció Ruiz Contreras a la FGE corrió el rumor de que se trataba de enroques en los que él pasaría a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en tanto que Manuela García Cázares renunciaría a la presidencia del Poder Judicial del Estado (PJE) para ocupar la titularidad de la Fiscalía.
Dos días después de la renuncia de Ruiz Contreras, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que García Cázares encabezaría la terna para elegir al Fiscal. Para entonces la magistrada aún no renunciaba a su cargo y hasta declaró que ella seguía siendo presidenta del PJE. El 13 de mayo, un día antes de ser propuesta en la terna, finalmente renunció.
Hace una semana, apenas turnó el pleno la terna a la Comisión de Gobernación citaron a sesión ese mismo día y dictaminaron que se podrá violar la Constitución con el argumento de buscar “el fortalecimiento de la independencia de los organismos constitucionalmente autónomos”.
¿Desde cuándo un nombramiento violatorio de la Constitución fortalece a una institución? Máxime cuando en el contexto en el que se da resulta evidente la intervención del Poder Ejecutivo no sólo con la sumisión del Poder Legislativo, sino con la de la titular del Poder Judicial, quien se presta a cumplir la ruta marcada desde Palacio de Gobierno.
Más aún: ¿dónde quedó la autonomía de la Fiscalía cuando su titular la pone en esa condición al renunciar para seguir una instrucción del gobernador y ocupar otro cargo?
En sentido opuesto, ¿de qué manera justifican los legisladores que exista un riesgo de “desestabilización de la institución”, como señalan en el dictamen y en declaraciones, si la propia Constitución señala el procedimiento para que se cubra el periodo de un Fiscal a falta definitiva del titular como la vía más estable e institucional de hacerlo?
¿Por qué en aras de presuntamente evitar desestabilizar a la FGE desestabilizan lo establecido en la Constitución? ¿Romper el orden constitucional no desestabiliza la certeza jurídica para quien confía ser gobernado por un Estado de Derecho?
Si sus argumentos desestabilizantes fueran válidos, guardadas las proporciones, por apegarse a la Constitución, los diputados que nombraron a Teófilo Torres Corzo como gobernador por siete meses para cubrir el interinado de Gonzalo Martínez Corbalá fueron unos irresponsables. En ese momento aquella designación resultó factor para recuperar la estabilidad.
Si porque titulares de una institución se ausentan antes de concluir su periodo provocan desestabilización, ¿van a designar a García Cázares cuando con su renuncia, igual que Ruiz Contreras, –en su lógica– también desestabilizó al Poder Judicial del Estado? ¿Esa es una buena carta de presentación –otra vez en su lógica?
El galimatías saturado de ideas confusas e inconexas con que pretenden justificar la violación constitucional en la Cuarta Consideración (página 135) del dictamen con el que pretenden elegir Fiscal para siete años es más una exhibición de la incapacidad que tuvieron para encontrar un argumento coherente ante la urgencia de cumplir la instrucción del Ejecutivo.
Fue más contundente y clara la advertencia que les hicieron a los diputados en un documento 22 organizaciones y 25 firmantes:
“No solamente se estaría violando la Constitución, sino que se estaría comprometiendo la autonomía de la Fiscalía y socavando la institución del Ministerio Público, pues se busca imponer a un Fiscal a modo, en beneficio del Ejecutivo que lo propone, en lugar de uno que vele por los intereses de la ciudadanía.
“Esto es especialmente preocupante en medio de la grave crisis de seguridad y violencia que vive el Estado de San Luis Potosí, en la cual la Fiscalía estatal no ha protegido los derechos de las víctimas y ha mantenido una impunidad que manda el mensaje de que la violencia está permitida”.
Con una petición de cuatro puntos, les hicieron a los diputados un llamado a la responsabilidad. Hoy que decidirán si violan o no la Constitución Política del Estado mostrarán si efectivamente son responsables o guardan una fidelidad incondicional al gobernador… aun pasando encima de su protesta de guardar y hacer guardar la Constitución.
