Angélica Campillo
La Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal fue la encargada de analizar y enviar al Pleno del Congreso del Estado la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, que establece un aumento al impuesto predial y al costo del traslado de dominio al momento de adquirir una propiedad.
Los legisladores que forman parte de la Comisión y elaboraron el dictamen son: la panista María Aranzazu Puente Bustindui, presidenta; el gallardista Eloy Franklin Sarabia, vicepresidente; el priista Alejandro Leal Tovías, secretario; la gallardista Cinthia Segovia Colunga, primera vocal; y el panista Rubén Guajardo Barrera como segundo vocal.
Posteriormente, por mayoría de 25 votos a favor, este fue aprobado por el pleno del Congreso del Estado. La única que votó en contra fue Gabriela Martínez Lárraga de Redes Sociales Progresistas (RSP), mientras que Ma. Elena Ramírez Ramírez se abstuvo de votar.
De acuerdo con el alcalde Enrique Galindo Ceballos, para este 2022 se impuso un criterio “novedoso” a nivel nacional, que se trata de un impuesto progresivo, donde aproximadamente el 60 por ciento de la cartera predial va a pagar menos.
Es decir, en palabras de Galindo Ceballos, el contribuyente que tenga un ingreso económico bajo va a pagar menos por este impuesto, y aquel que tenga un mayor ingreso, va a pagar más. Con ello se busca obtener 100 o 120 millones de pesos más que el año pasado, los cuales serán utilizados en obra pública.
En la exposición de motivos de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022 del Ayuntamiento capitalino, se señala que esta propuesta no impactará a quienes perciban menos ingresos.
Según el documento, se contempló que los impuestos sean en proporción a la capacidad contributiva que tienen las y los ciudadanas en virtud de su riqueza, sin que ello signifique romper con el principio de equidad.
Sin embargo, resalta que, un inmueble con valor de 10 millones 400 mil pesos pagará por impuesto predial 85 mil 730.06 pesos, cuando el año pasado pagaba 15 mil 600 pesos.
Mientras que los aumentos en los costos por traslado de dominio, al momento de adquirir una propiedad, van del 42.86 por ciento al 82.56 por ciento.
Esta situación ha hecho que abogados y notarios públicos muestren su descontento, hasta el punto de analizar la viabilidad de promover amparos para evitar lo que ellos consideraron como un aumento desproporcionado. Además, criticaron la incongruencia de las y los diputados al aprobar dicho incremento.
