Por Victoriano Martínez
El fenómeno resulta singular y significativo: mientras desde el Congreso del Estado se convoca al director de Interapas para analizar incentivos a los morosos para tratar de abatir la cartera vencida, desde la academia y el Consejo Hídrico Estatal se hace un llamado al Congreso del Estado para que ajuste la legislación para posibilitar soluciones a los problemas de abasto de agua potable.
En el primer caso, de acuerdo con Dolores Eliza García Román, diputada presidenta de la Comisión del Agua, la comparecencia de José Antonio Lugo Álvarez, director del Interapas, la motiva una propuesta con el sello del sexenio: una variante de programa social para apoyar a quienes no pagan el servicio de agua potable.
Se trata de una propuesta del grupo parlamentario del PVEM, que busca otorgar beneficios fiscales a deudores morosos que van del 35 al 50 por ciento, así como del 20 por ciento a favor de quienes están al corriente en sus pagos al quinto bimestre del año en curso.
Independientemente del esquema que se aplique para entregar esos beneficios a los morosos, deberá tener muy en cuenta lo que ha pasado con los programas de “borrón y cuenta nueva” y su variante de “cuenta nueva y borrón” que, lejos de lograr el objetivo, ha permitido que un buen número de usuarios obtengan el beneficio, pero la cartera vencida no deje de aumentar.
De entrada, ¿de qué manera se espera que se abata la cartera vencida cuando los mayores incentivos son para los morosos y no para aquellos usuarios que se encuentran y se mantienen al corriente? ¿Acaso se trata de invitar a los usuarios cumplidos a volverse morosos para, a la larga, pagar menos que al hacerlo puntualmente?
Los resultados de borrones y cuentas nuevas o cuentas nuevas y borrones obligan a un análisis a fondo sobre las razones por las que esos programas no sólo no abaten la cartera vencida, sino que se mantiene en aumento constante.
Podría tratarse de un efecto en el que no se logra incentivar lo suficiente a los morosos, quienes no acuden a ponerse al corriente en las proporciones esperadas, pero sí desincentiva lo suficiente a quienes les cuesta esfuerzo ir al corriente y ven que se tienen mayores ventajas de sumarse a los incumplidos.
Si a la larga con los programas presuntamente para abatir la cartera vencida sale más barato no pagar y esperar los incentivos por ser moroso que ir al corriente, mantenerlos con esa lógica invertida no es más que un autoengaño para asumirse benefactores de la población, cuando en realidad la afectan al no resolver el problema de fondo.
Tanto el Congreso del Estado como los académicos y el Consejo Hídrico hablan de sectorización, aunque difieren en el sentido en que utilizan el término. Los diputados se refieren a sectorizar el cobro del servicio. Los académicos a sectorizar la red de distribución de agua potable para lograr más eficiencia y eficacia en el servicio.
Los alcances de la variante en la visión de sectorización ejemplifican claramente el contraste entre lo que buscan los diputados y en lo que se enfocan los académicos. Aquellos ven simplemente clientes (y potenciales votantes), en tanto que éstos ven usuarios que son merecedores de un buen servicio y de contar con acceso al agua potable.
Un contraste en la visión, que por los afanes clientelares partidistas de los diputados pierden de vista cuál es la función para la que fueron electos: adaptar las leyes para hacer posible la viabilidad, entre otras cosas, de los servicios que requiere la población, y el caso del servicio de agua potable exhibe su incapacidad para enfocarse en lo verdaderamente importante.
Los diputados podrán señalar al Interapas de incumplir compromisos que ellos ven desde su perspectiva politiquera-clientelar-partidista, pero están obligados a reconocer sus omisiones y tomar en cuenta los estudios y recomendaciones generados desde la academia, que apuntan a que desde la legislación se pueden promover acciones de aprovechamiento del agua.
Un significativo contraste en el que están obligados a concentrarse en los ajustes legales que pueden favorecer el aprovechamiento del agua para futuras generaciones, antes que en incentivos perversos de coyuntura con el falso argumento de abatir la cartera vencida de Interapas con fines politiquero-electorales para futuras elecciones.
