Por Victoriano Martínez
Este jueves 16 de febrero se dio una señal de que la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) existe: el Congreso del Estado incorporó el artículo 33 BIS a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para que ese organismo entregue una prueba de sobrevivencia cada tres meses.
Una prueba de supervivencia que hasta ahora sólo se presentaba como informe anual, “que entregará a los poderes del Estado”, dentro de los primeros dos meses del año. Esa obligación se mantiene, y sólo se agregan tres informes trimestrales que deberá entregar “ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Legislativo”.
La distinción resulta relevante porque en 2021 y 2022 los informes correspondientes a los respectivos años previos nunca llegaron al Pleno del Congreso del Estado, es decir, el Poder Legislativo no los dio por recibidos.
Si se entregaron o no, o se entregaron en una ventanilla equivocada que no los remitió al Pleno, no cambia el hecho de que en las actas de las sesiones del Congreso del Estado de los dos primeros meses de 2021 y 2022 no hay constancia de la recepción del documento.
Formalmente, esos informes no fueron presentados, pues quien hoy busque la prueba de su entrega en tiempo en el documento idóneo, concluirá que no se entregaron, porque ahí no aparece.
A diferencia del informe anual, la obligación de entregar los tres informes trimestrales que se incorporaron a la Ley señala como destinataria la Comisión de Transparencia y no el Poder Legislativo. No requieren la formalidad de la recepción por parte del Pleno. Se entiende por la finalidad que se argumenta para su presentación.
“Esto ayudaría al Congreso para dar un seguimiento más puntual al trabajo de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública; la idea es fortalecer todos los trámites que tengan que ver con la transparencia”, dijo el diputado José Luis Fernández Martínez, tras una reunión con integrantes de la CEGAIP el pasado 23 de enero.
Un seguimiento que, de acuerdo con la exposición de motivos de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y a la Ley de Transparencia, pretende mejorar la vigilancia “a lo largo de todo el ejercicio fiscal, respecto del cumplimiento de las responsabilidades que la legislación le encomienda al órgano garante de la transparencia”.
Una medida que exhibe a los comisionados de la CEGAIP, pero también a los diputados, especialmente a los de la Comisión de Transparencia.
A la CEGAIP por ya legendario papel tan gris, al grado de que se hace necesario que presente informes para demostrar que hace algo, cuando su responsabilidad como garante del acceso a la información pública exige un protagonismo social que ayude a las personas a conocer, ejercer y aprovechar el derecho que deben garantizar.
A los diputados, porque los muestra incapaces de verificar por sí mismos y de manera permanente los incumplimientos en los que incurre la Comisión que hoy se muestran preocupados en revisar, cuando las deficiencias en instrumentos como la Plataforma Estatal de Transparencia (PET) y los mecanismos de acceso a la información pública son evidentes y están a la vista.
Tan sólo en la PET, el cumplimiento cuantitativo de las obligaciones de transparencia durante 2022 se dio en un promedio del 74.45 por ciento. Dicho en otros términos, se publicaron sólo tres de cuatro datos que tenían que difundirse. Sobre la calidad de la información, no hubo las verificaciones a las que está obligada la CEGAIP y sólo se reportó el resultado de una realizada en 2021.
Este año comienza peor: durante enero el cumplimiento de las obligaciones de transparencia cayó a 67.53 por ciento, el más bajo en más de un año.
Si se trata de respuestas a las solicitudes de información, las propias cifras de la CEGAIP en su almanaque de transparencia dan cuenta de que en 2022 se quedaron sin respuesta el 18.53 por ciento. Si se compara el dato con el que ahí se reporta sobre la propia CEGAIP, la Comisión duplica el porcentaje de opacidad: dejó sin respuesta el 36.05 por ciento de las solicitudes.
Se trata de cifras que arroja automáticamente la Plataforma Estatal de Transparencia, pero que al momento en que se plasman en un informe elaborado por los comisionados, el panorama es completamente distinto.
De acuerdo con la PET, en 2021 la CEGAIP dejó sin respuesta el 34.63 por ciento de las solicitudes. Si se busca confirmar el dato en el informe que dio a conocer tres meses después de vencido el plazo para su presentación al Poder Legislativo, la CEGAIP respondió el cien por ciento (página 16), incluidas las recibidas en los últimos días hábiles de diciembre de ese año.
Tan poco confiables resultan los informes, que la presentación que hagan cada tres meses no será más que una prueba de sobrevivencia para decir “aquí seguimos: cobramos muy buenos sueldos y simulamos burdamente que cumplimos con nuestra obligación”.
Si la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado pretende realmente hacer que la CEGAIP sirva para algo, tienen que ir mucho más allá de simplemente palomear informes… a menos que esa sea su aportación a la simulación que tanto ha favorecido a la opacidad.
