Por Victoriano Martínez
Desde el pasado 27 de enero, los 27 integrantes del Congreso del Estado, cual auténticos criminales, por acción u omisión realizan una acción indebida y reprensible: mantienen a 20 familias, en su mayoría indígenas, “en estado de indefensión e insolvencia” y en “peligro de privación de la vida”, a juicio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito
A pesar de la determinación de la justicia federal, lejos de reconocer el trabajo de los 21 integrantes del Grupo Técnico Operativo (GTO) para la Consulta Indígena, el Congreso del Estado ha utilizado su aparato legal, no sólo para dilatar el pago los adeudos, sino incluso para evadirlos.
El GTO cumplió su parte: recorrieron las comunidades indígenas, acordaron con ellas un calendario para las reuniones de consulta que quedó plasmando en el Periódico Oficial del Estado del 14 de febrero, cuando el Congreso publicó la convocatoria que lo vistió de muy respetuoso de los derechos indígenas, y el día que se realizarían las primeras reuniones, los diputados aprovecharon la pandemia para suspenderlo todo.
Para hacerlo, los integrantes del GTO corrieron con los gastos ante el compromiso de que se les repondrían. Cuando sus ahorros no alcanzaron, recurrieron a préstamos. Llegaron incluso a trabajar aseando casas en las poblaciones que visitaban para allegarse recursos para poder volver a su lugar de origen.
En los hechos, a pesar de sus limitaciones económicas, los integrantes del GTO se volvieron los patrocinadores de la Consulta Indígena para la que el Congreso contaba con un presupuesto de más de cuatro millones de pesos y ninguno de los 27 diputados volteó a ver su sacrificio, mucho menos lo han reconocido, como si los derechos de las comunidades indígena no les incumbieran.
La protesta, este viernes, de comunidades indígenas de los municipios de Tancanhuitz, Tanlajás y Aquismón puede resumirse en el solo reclamo de respeto a sus derechos reconocidos constitucionalmente, descrito en 12 puntos que van desde el manejo del Covid-19 hasta la violación a la Ley de Consulta Indígena, que deriva en la violación de otros derechos.
Los diputados han aprobado dos nuevas leyes tras la suspensión de la consulta indígena: la Ley de Educación y la Ley Electoral. Al suspender la consulta, los diputados violaron los derechos educativos y electorales de las comunidades indígenas al no tomarlas en cuenta. Tales violaciones formaron parte de los reclamos pronunciados en la manifestación.
Al aprovecharse de la pandemia para suspender la consulta indígena y avanzar en las reformas que debieron ser consultadas, los diputados exhibieron un oportunismo para pisotear los derechos de las comunidades indígenas que los vuelve sospechosos de fingir voluntad para una consulta que finalmente cancelarían. La pandemia les vino como anillo al dedo para eso.
A 180 días de haber puesto a trabajar al GTO, el trato que le dan a sus integrantes –de acuerdo con los pretextos y chicanadas ante el juzgado federal para evitar pagar su adeudo– configuran elementos para considerar que desde un principio los diputados pretendían frustrar la consulta y encontrar a quien responsabilizar para lavarse las manos.
Ninguno de los 27 diputados ha reaccionado al maltrato que dan al GTO, cuyos integrantes se ven obligados a buscar ingresos para su supervivencia en condiciones muy adversas. El caso de María, con embarazo de alto riesgo, ha logrado ingresos limpiando nopales que le lleva a su vivienda para evitar que salga y pudiera contagiarse de Covid.
Ella sobrevive con gran esfuerzo, como sus demás compañeros del GTO, mientras los diputados no han dejado de cobrar sus 104 mil 500 pesos mensuales en los últimos seis meses en los que ese alto contraste retrata lo abusivo que resulta su sueldo, cuando lejos de defender derechos –en este caso de las comunidades indígenas–, los obstruyen, los limitan y los pisotean.
¿La razón? En la reforma electoral, principalmente evitar el reconocimiento de los derechos electorales de las comunidades indígenas, entre los que figura su representación a través de distritos indígenas. De haber existido hace tres años esta vía de representación, por ejemplo, Rolando Hervert Lara, quien desplazó a un indígena en la postulación panista, hoy no sería diputado.
Hervert Lara, desde la presidencia de la Junta de Coordinación Política, es de los que más han tratado de desacreditar el trabajo del GTO, y Rosa Zúñiga desde la Comisión de Asuntos Indígenas, lejos de defender sus derechos, sigue las pautas para afectarlos.
“No tienen escrúpulos y están totalmente en su nube. Encerrados en su mundillo de abuso de poder y toma de decisiones arbitrarias y de búsqueda de beneficios propios”, expresó Marcela Sánchez Flores, quien encabezó el GTO, tras un recuento de todas las maniobras de los diputados para evitar, ante el juzgado federal, cubrir lo que les adeudan.
El trato que los 27 diputados dan al GTO es emblemático de la actitud que tienen hacia las comunidades indígenas, cuyos derechos no están dispuestos a respetar y más bien se esfuerzan por limitarlos y hasta reducirlos, así finjan que los reconocen con consultas que en realidad quieren y logran evitar.
No obstante, que lo eviten no significa que no incurran en violaciones constitucionales y legales que puedan ser combatidas en tribunales. Aún no se cumple el plazo para que se presenten amparos contra leyes para combatir la reforma electoral, y manifestaciones como la de este viernes en la carretera Ciudad Valles-Tamazunchale son señales previas de esa acción ya anunciada.
Ninguno de los 27 diputados ha movido un dedo por impedir la acción criminal de mantener a 20 familias, en su mayoría indígenas, en una situación de supervivencia y endeudados por prestarles un servicio, con lo que contribuyen a perfilar a la actual Legislatura como la de una camarilla sin escrúpulos que, desde su mundillo de abuso de poder, violan derechos y más si se trata de comunidades indígenas.
