Por Victoriano Martínez
Como cada año, el juego de las tarifas de los servicios de agua potable ha comenzado, pero en esta ocasión tiene un ingrediente adicional: el próximo será un año electoral y la urgencia nada tiene que ver con que se aplique la tarifa más adecuada, sino con que se compite para ver quién es quien aparece como más del lado del pueblo.
Desde luego, la postura para ese objetivo es la más simple, oponerse al incremento sin mayor reflexión que no afectar el bolsillo de los usuarios es fórmula infalible para ganar su simpatía sin importar si tal medida puede resultar realmente en un perjuicio al dejar al operador del servicio en condiciones desde la que no pueda garantizar el abastecimiento.
Un razonamiento que en los últimos días ha logrado que se alineen los astros de la politiquería a favor de que no haya incremento. Fin del juego.
Desactivado el balón tarifario, sería ingenuo pensar que el tema del desabastecimiento de agua potable dejará de ser instrumento en el combate por los votos y no causa de debate serio para encontrar una verdadera solución al problema para el mediano y largo plazos.
Tan es así que, a pesar de que el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, ya se había pronunciado en contra de un aumento a la tarifa, la alcaldesa de Soledad de Graciano Sánchez, Leonor Noyola Cervantes, acusó al Interapas de planear incrementos.
Si así pasa con algo de tan fácil distinción como estar o no a favor, son muchas las posibilidades de manipulación de la información en cuanto a las alternativas de solución adoptadas y/o promovidas por uno u otro bando, cuya falta de coordinación es el primer indicio de que ven por sus propios intereses y no por el beneficio de toda la población.
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona presumió su visión previsora al reparar la presa El Peaje, aún vacía, sin considerar que, para llegar a la red de servicio a la ciudad, el agua tiene que pasar por la presa San José, inutilizada por la plaga de lirio, sobre la que ni el gobierno estatal ni el municipal contemplan invertir, juntos o separados, para resolver ese problema.
Tal es la falta de coordinación, que ni siquiera son capaces de poner en su radar las alternativas presentadas por el Grupo Universitario del Agua, cuya propuesta incluye temas tan delicados como a urgencia por buscar en la zona áreas libres de contaminantes que sean declaradas reserva exclusiva para la población.
Y no es que las propuestas de los investigadores de la UASLP sean una alternativa infalible, sino que destacan aspectos en los que deben aplicarse medidas urgentes por las consecuencias negativas que podrían tener para los usuarios, incluso más perjudiciales –como el caso de las zonas contaminadas– que una tarifa inadecuada.
Además, se trata de una visión integral –no tarifario-politiquera– que incluye el acompañamiento desde aspectos legislativos, que hace unos días hicieron ver investigadores de la propia UASLP y del Consejo Hídrico Estatal, que volverían viables medidas específicas permanentes.
Pero el criterio politiquero contamina de tal forma la búsqueda de soluciones, que no puede dejar de mencionarse el intento de aumento a las tarifas disfrazado de actualización de la fórmula para calcularlas, que propuso Galindo Ceballos unos días antes de pronunciarse en contra del incremento.
Una fórmula que, se quejó, no se ha actualizado desde 2015. La Ley de Aguas del Estado contempla la actualización de esa fórmula cada cinco años, a propuesta de la Comisión Estatal del Agua, previos estudios de su Consejo Técnico, para que sea propuesta al Congreso del Estado por el Ejecutivo, es decir, por Gallardo Cardona, quien es el principal opositor a los aumentos.
Para que, sin modificación a la fórmula, el Interapas proponga incremento a las tarifas, tendría que cumplirse lo que señala el artículo 175 de la Ley de Aguas: “se podrán actualizar cada vez que se incremente, por lo menos, en un cinco por ciento anual, el índice nacional de precios al productor”.
En su reporte al mes de septiembre, el INEGI señala que “el INPP total, incluyendo petróleo, aumentó 0.45 % a tasa mensual y 0.71 % a tasa anual”.
Si algo deja ver el juego de las tarifas de los servicios de agua potable de cada año es que los responsables que podrían adoptar medidas de fondo para resolver al abasto de agua potable no tienen voluntad para hacerlo porque están más enfocados en sus intereses politiqueros. Un juego que siempre pierde la población, afectada por el desabasto de agua potable.
