Por Victoriano Martínez
Si algo ha resultado diferente en los últimos intentos por parte de grupos empresariales por apropiarse de terrenos ejidales o comunales ha sido que quienes defienden su territorio, sea por su propio derecho o incluso para proteger su integridad ambiental, han logrado desenmascarar confabulaciones entre empresarios, caciques y funcionarios corruptos.
En los últimos años se han dado al menos tres casos relevantes que tienen que ver con la declaratoria de Área Natural Protegida (ANP) para la Sierra de San Miguelito, el intento de un mega proyecto de parque logístico junto a la zona industrial, y la pretensión de un libramiento carretero que cruzaría el Ejido La Pila.
En el caso de la Sierra de San Miguelito, resultó emblemático el intento por parte del Grupo Espacios en el Horizonte por construir un desarrollo inmobiliario de lujo en dos mil 63 hectáreas en torno a la Cañada del Lobo denominado Las Cañadas.
En el camino por apropiarse de ese terreno quedaron asambleas comunales abortadas, pagos a comuneros para que votaran por acuerdos favorables al proyecto, así como entregas en video de igualas a autoridades ejidales que promovían la “legalización” de la venta del predio.
El proceso de declaratoria de ANP reveló los alcances de los mecanismos de que disponen los grandes empresarios inmobiliarios, quienes estuvieron a punto de lograr que en el decreto ambientalista se excluyeran mil 805 hectáreas, primero con un oficio traicionero y después con un transitorio tramposo.
La revelación de ambos intentos, con la descripción de acciones coordinadas de empresarios, autoridades comunales y funcionarios de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), frustró la depredación inmobiliaria y una limpia en esa dependencia federal.
No habían pasado seis meses de esa historia de confabulación, cuando se reveló el intento de otro grupo empresarial con intenciones de un desarrollo industrial que intentó el despojo de mil 888 hectáreas en el Ejido de La Pila.
La movilización de un grupo de ejidatarios inconformes impidió que se hiciera efectivo el otorgamiento de dominio pleno a empresarios convertidos en ejidatarios con el apoyo de autoridades ejidales, en un proceso que exhibió la confabulación entre las autoridades del Ejido, los promotores del desarrollo industrial y funcionarios de la Procuraduría Agraria en el Estado.
La denuncia de las irregularidades ante instancias federales provocó no sólo el despido de representantes de la Procuraduría Agraria en el Estado, sino que dejó el caso sometido a un litigio en el que se ha impedido el despojo sobre el que advirtieron.
También en el Ejido de La Pila se dio el tercer caso: una presunta “expropiación” de 30.26 hectáreas para la construcción de un libramiento que atravesaría el Ejido.
Con base en asambleas simuladas, las autoridades ejidales aseguraron contar con autorización para desincorporar y vender esa parte de su territorio que, incluso, comenzaron a pagar a razón de 60 mil pesos por cada uno de los 520 ejidatarios considerados con derecho, a partir del 19 de diciembre de 2022.
Los ejidatarios inconformes lograron la suspensión de la construcción del libramiento mediante un amparo en el que expusieron las irregularidades en los procedimientos en los que, como en los otros casos, se configuraba la confabulación de autoridades ejidales, empresarios y, en este caso, funcionarios del Centro SICT-SLP.
En respuestas a solicitudes de información, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que supuestamente acordó con Mexicana de Técnicos en Autopistas (META), S.A. de C.V. la expropiación de los terrenos, negaron la existencia de información sobre esos trámites.
En el caso de la solicitud de información presentada por Tomás Rivera López, ejidatario de La Pila, el director general de Centro SICT San Luis Potosí, David Pablo Sánchez Solís, cometió un desliz: reconoció una reunión con personal de META, pero evadió entregar la información solicitada.
La justicia federal ya no sólo ha suspendido la obra de la autopista, sino que ahora un juez ordenó al Centro SICT la entrega de la información que se ha negado a proporcionar, con lo que los ejidatarios podrán documentar con mayor detalle la confabulación autoridades ejidales, empresarios y funcionarios.
Este fin de semana, comuneros de San Juan de Guadalupe se manifestaron para advertir sobre la venta de lotes en el predio conocido como La Tiendita, de 21 hectáreas, en el que se pretende construir el fraccionamiento Privadas Parque Real, por tratarse de un terreno que se encuentra en litigio.
Sin duda un embate más de los desarrolladores inmobiliarios sobre la propiedad comunal, en cuya acción habrá de conocerse otro caso de confabulación entre autoridades comunales, empresarios y servidores públicos… ya se verá.
