Por Victoriano Martínez
La Dirección General de Pensiones del Estado cada vez se ve más lejos de ser una institución que garantice un retiro sin preocupaciones para sus afiliados en tanto el manejo de sus recursos se ha convertido en un auténtico botín de los más inverosímiles esquemas de corrupción, desde sus cuotas retenidas, pero no enteradas, hasta el manejo de sus fondos.
De tal magnitud es el fondo de Pensiones que su manejo se ha vuelto la historia de maniobras de distinta naturaleza por parte de quienes quedan a cargo de su administración para sacar alguna ventaja.
Luis Gonzaga Sánchez y Carlos Augusto Ramírez, director y subdirector de Pensiones durante el sexenio de Marcelo de los Santos Fraga, fueron sancionados por 54 millones de pesos y la inhabilitación por 20 años en el servicio público por realizar una inversión de alto riesgo con recursos del Fondo de Contingencia con pérdidas por un millón de dólares.
Hace 10 años, el 1 de febrero de 2014, la revista Proceso publicó una investigación en la que documento que Oziel Yudiche Lara, entonces director de Pensiones, fundó una empresa fachada en Miami que era operada por Daniel Fernandes Rojo Filho y Pedro Benevides, identificados por el gobierno de Estados Unidos como lavadores del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con lo publicado por Philippe Engels y Anabel Hernández, Yudiche Lara “les entregó los fondos de los trabajadores del estado, de los maestros y del Fondo Contingente”. A pesar de la gravedad de los señalamientos, entre los que se mencionó una inversión de 570 millones de pesos, el asunto quedó como un escándalo más, sin consecuencias.
Este lunes se revela un fraude, con siete personas detenidas, mediante la triangulación de recursos de la Dirección de Pensiones a través de la empresa intermediaria Trapeza para beneficiar a particulares y a la propia empresa con desvíos ya comprobados por 200 millones de pesos y que podrían llegar a los 700 millones de pesos.
Otro elaborado esquema para el saqueo de los fondos de la Dirección de Pensiones que, por sus personajes, podría llegar a considerarse como una variante de los anteriores.
De entre los detenidos, destaca el caso de Ricardo N., subdirector de Préstamos a Corto Plazo y Tesorería de la Dirección de Pensiones desde 2009 hasta el pasado mes de marzo, quien –según su currículo– también de 2009 a la fecha ha sido director general de la Unión de Crédito de la Industria de la Construcción.
Un funcionario que se habría incorporado a la institución cuando ésta estuvo a cargo de Oziel Yudiche Lara, el personaje señalado por vínculos con dos de los operadores del lavado de dinero del Cartel de Sinaloa.
El dato resulta relevante porque entre el 14 de noviembre de 2022 y el 15 de junio de 2023, Manuel N., uno de los detenidos quien es hermano del exdirector de Pensiones, figuró como socio mayoritario de Trapeza, la empresa hoy señalada como beneficiaria del fraude cuya investigación sigue en curso, con el 75 por ciento de las acciones.
El otro socio en ese momento, con el restante 25 por ciento de las acciones, fue Gerardo Sánchez Zumaya –con un posible parentesco con los Yudiche Lara–, quien hace casi tres semanas publicó en redes sociales un video en el que acusó al gobernador Ricardo Gallardo Cardona de hostigamiento y persecución contra su familia, además de calificarlo como delincuente.
Si bien ninguno de los dos únicos propietarios de Trapeza en ese periodo actualmente posee acciones de la empresa, ya uno de ellos se encuentra preso. ¿Qué tanta responsabilidad le podrán encontrar a Sánchez Zumaya por los dos meses y medio en los que figuró como socio?
El caso es que la historia de la Dirección de Pensiones como una entidad sobre la que se pueden realizar maniobras para enriquecimientos ilícitos va acompañada, para colmo, de ser vista por los gobernadores como una caja de salvación para enfrentar gastos que no se previeron adecuadamente y cada gobierno dejó de pagar parte de las cuotas de los trabajadores y las patronales.
El gobierno de Juan Manuel Carreras López dejó una deuda con la Dirección de Pensiones por mil 196 millones 727 mil 841.71 pesos, en tanto que el actual gobierno le ha dejado de pagar 3 mil 402 millones 898 mil 405.65 con corte al mes de noviembre.
La Dirección de Pensiones sobrevive entre las maniobras para saquear sus fondos y el desvío de las cuotas de los trabajadores que en los últimos dos años triplicó el de todos los gobiernos anteriores… en tanto los burócratas, los maestros y los maestros de telesecundaria ven cómo la tranquilidad para su retiro se esfuma.
