Por Victoriano Martínez
¿Hasta dónde es posible que a través de las prestaciones contempladas en el artículo 34 de la Ley de Pensiones y Prestaciones Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado, a saber, préstamos a corto plazo, hipotecarios y especiales, puedan representar una situación irregular en la labor que realiza la Dirección General de Pensiones?
Se trata de préstamos debidamente regulados por la Ley, en la que se establecen los requisitos que se deben cubrir. En consecuencia, no son una irregularidad en sí mismos, sino que pueden constituirse como tal en caso de que se aprueben sin que hayan cumplido con esos requisitos.
“¿Cómo van a tener dinero en Pensiones si todo el dinero que hay se lo prestan entre ellos?”, cuestionó este miércoles el gobernador Ricardo Gallardo Cardona como si los préstamos no formaran parte de una prestación contemplada y regulada por la Ley.
Afirmar, como lo hizo Gallardo Cardona, de manera generalizadas que “son préstamos que se hicieron de mala manera, porque hay gente que tiene hasta tres préstamos” involucraría en tales irregularidades a 8 mil 674 créditos tramitados ante la Dirección de Finanzas durante 2022.
¿Hasta dónde señalar un presunto escándalo de corrupción, que es posible y de serlo resulta inaceptable, y hacerlo de manera sobredimensionada tiene más la intención de desviar la atención sobre otro problema que puede resultar aún más escandaloso?
“Y todavía tenemos la presión de que quieren más dinero prestado”, señaló Gallardo Cardona tras mencionar las irregularidades en los préstamos.
Ni quieren más dinero prestado, ni hay una presión para obtenerlo. Se trata de prestaciones de los trabajadores, es decir, dinero de los trabajadores que son cuotas descontadas y aportaciones patronales, que en ambos casos es un recurso que les pertenece a ellos y no es una dádiva bondadosa del gobierno.
Durante 2022, la Junta Directiva de la Dirección de Pensiones autorizó 274 préstamos hipotecarios: 204 a burócratas por 158 millones 188 mil 81 pesos, y 70 a maestros por 50 millones 124 mil 446 pesos. Un total de 208 millones 312 mil 527 pesos.
En ese mismo año, autorizó 6 mil 821 préstamos de corto plazo: 2 mil 986 a burócratas por 252 millones 723 mil 119 pesos; 3 mil 818 a maestros por 198 millones 707 mil 725 pesos y 17 a sus propios trabajadores por 2 millones 66 mil 6 pesos. Un total de 453 millones 496 mil 910 pesos.
El año pasado la Junta Directiva de la Dirección de Pensiones también autorizó préstamos personales a mil 853 burócratas por un monto de 277 millones 670 mil 332 pesos.
Se trata de un total de 939 millones 479 mil 769 pesos en préstamos. Cifra que coincide con los 900 millones de pesos que Gallardo Cardona señala como hechos de mala manera por lo que Jorge Escudero Villa, director general de Pensiones, podría ser retirado del cargo y enfrentar responsabilidades legales.
Una acusación tan generalizada tendría que tener comprobado que los 8 mil 948 préstamos que se autorizaron durante el año se hayan realizado fuera de lo que establece la Ley de Pensiones, lo que representaría que habría 8 mil 948 cómplices de tal irregularidad.
En cambio, sobredimensionar las posibles irregularidades entre los miles de préstamos pareciera tener más la intención de desviar la atención sobre otro problema que puede resultar aún más escandaloso: la deuda del gobierno estatal con la Dirección de Pensiones por tratarse del desvío de las cuotas y las prestaciones de los trabajadores.
Una distracción que pretende encubrir algo más: la actual administración estatal es la que más ha desviado los recursos de los trabajadores.
De los 3 mil 44 millones 314 mil 427.15 pesos que el gobierno adeuda a la Dirección de Pensiones, 495 millones 368 mil 35 corresponden a la deuda dejada por Fernando Toranzo Fernández; 703 millones 137 mil 432.88 pesos lo que acumuló Juan Manuel Carreras, y mil 845 millones 808 mil 959.27 de pesos lo que ha acumulado en 14 meses Gallardo Cardona.
Durante todo su sexenio, Carreras López le dejó de pagar a la Dirección de Pensiones el 6.66 por ciento de las obligaciones generadas. Gallardo Cardona, al 23 de noviembre de 2022, le ha dejado de pagar a la Dirección de Pensiones el 64.59 por ciento de las obligaciones… y apenas son 14 de los 72 meses de su administración.
Más preocupante: Gallardo Cardona proyecta que no entiende que se trata de obligaciones del gobierno estatal para con sus trabajadores y pretende hacerlo ver como una concesión cuando dijo “y todavía tenemos la presión de que quieren más dinero prestado”.
Poner en “tela de juicio” el nombramiento de Jorge Escudero Villa en la Dirección de Pensiones y anunciar denuncias por supuestos desvíos de recursos “históricos y nuevos” relacionados con préstamos a los usuarios no es más que una forma de encubrir su incumplimiento como si con eso las obligaciones no cubiertas desaparecieran.
El hecho es que la deuda histórica del gobierno del estado con la Dirección de Pensiones es de 3 mil 44 millones 314 mil 427.15 pesos, de los cuales el 60.63 por ciento (mil 845 millones 808 mil 959.27 de pesos) es deuda acumulada en el actual sexenio.
Nadie como los derechohabientes de la Dirección de Pensiones para contar con elementos para considerar que la verdadera herencia maldita dejada por el anterior gobierno estatal es una administración encabezada por un Gallardo Cardona con muy poca responsabilidad para hacer frente a las obligaciones institucionales.
