Por Victoriano Martínez
Los trabajos formales (y reales) de la Consulta Indígena que tanto cacareó el Congreso del Estado antes de la contingencia por el Covid19 iniciaron con la instalación del Grupo Técnico Operativo (GTO) el 27 de enero y corrió con cargo (la talacha y el costo) de 20 jóvenes, la mayoría indígenas, cuyo esfuerzo se topó con el menosprecio y la irresponsabilidad de los diputados.
En 18 días, el GTO logró reunirse con representantes de las comunidades indígenas en los 23 municipios con mayor presencia de grupos étnicos y armar una agenda de 61 sesiones de consultas comunitarias que le permitieron a los irresponsables diputados publicar una convocatoria para la Consulta en el Periódico Oficial del Estado.
El GTO gestionó la traducción de la convocatoria a náhuatl, tenek, pame, mixteco, mazahua, triqui y wirrarika, consiguió recursos para reproducir la convocatoria y las 19 iniciativas de ley sometidas a consulta para repartirlas entre las comunidades, y que todo estuviera listo para las 61 sesiones comunitarias que comenzarían el 19 de marzo. Cincuenta y dos días de arduo trabajo.
Sin importarles incumplir la convocatoria que en su momento presumieron, los irresponsables diputados abandonaron sus responsabilidades que, conforme al acuerdo federal de emergencia sanitaria, no debieron hacerlo por formar parte de las actividades esenciales. No tuvieron la más mínima atención para las comunidades indígenas ya listas para la consulta.
Un menosprecio hacia las comunidades indígenas por parte de los irresponsables diputados que no puede ser considerado más que un inaceptable acto de discriminación que, a la larga, tendrá consecuencias en el proceso legislativo.
Pero la irresponsabilidad e insensibilidad de los diputados no para ahí. Los 20 integrantes del GTO, en su mayoría indígenas, han tenido que afrontar los 52 días de arduo trabajo sin que los irresponsables e insensibles diputados les hayan pagado sus honorarios y, peor aún, sin reponerles los gastos que hicieron para dejar todo listo para la Consulta. Ni a los traductores les han pagado.
Desde el 4 de febrero, los irresponsables e insensibles diputados presumieron haber aprobado un presupuesto de 4 millones 300 mil pesos para la Consulta Indígena. Dos meses después, los irresponsables e insensibles diputados parecen más preocupados por ver cómo sacan tajada de ese pastel que por cumplir los compromisos laborales con quienes sí se tomaron en serio la Consulta.
Su ambición por sacar provecho personal de todo no tienen límites. El irresponsable e insensible diputado Rolando Hervert Lara, quien desde la presidencia de la Junta de Coordinación Política ha bloqueado el pago al GTO, derrocha hipocresía al ofrecer un mes de su sueldo para ayudar a la gente más necesitada por la contingencia por el Covid19.
El irresponsable e insensible Hervert Lara exhibe además el cinismo de intentar ganar imagen de benefactor en medio de la crisis del coronavirus, al mismo tiempo que es el responsable de que las 20 familias de los integrantes del GTO, en su mayoría indígenas, estén endeudadas y no cuenten con recursos para transitar en la contingencia.
Los irresponsables e insensibles diputados incumplen su propia convocatoria publicada en el Periódico Oficial del Estado, incurren en grave discriminación hacia las comunidades indígenas y atentan contra los derechos laborales del GTO.
Por si fuera poco –que difícilmente lo es–, los irresponsables e insensibles diputados comprometen la legalidad de las 19 reformas sometidas a consulta, entre las que destaca la reforma electoral, que ya no podrán cumplir dentro del plazo constitucional (4 de junio) porque, de hacerla sin el prerrequisito de la Consulta Indígena, carecería de validez.
Si regresaran el 20 de abril, como acordaron al suspender actividades, tendrían 45 días para desarrollar –desde cero, porque ya anularon la anterior convocatoria– la Consulta. Si retrasaran su regreso para el 1 de mayo, según el periodo de suspensión de actividades establecido a nivel federal, contarían con 34 días para la Consulta.
Si de por sí los 129 días con que se contaba para realizar la Consulta implicaban trabajo constante para que resultaran suficientes, al desperdiciar los irresponsables e insensibles diputados de 84 a 95 días, han vuelto imposible la Consulta.
Las repercusiones de su irresponsabilidad e insensibilidad que ya están a la vista son el incumplimiento de la convocatoria, la discriminación hacia las comunidades indígenas y el atentado a los derechos laborales del GTO. Las que están por verse sólo exhibirán el creciente grado de su irresponsabilidad e insensibilidad.
