Por Eduardo José Alvarado Isunza
La pregunta que da por título a este artículo es la que ciudadanos interesados en política en San Luis Potosí nos hacemos e intentamos responder en nuestras conversaciones o puntos de reunión; y las respuestas son polarizadas, van desde aquellos que desean ver en prisión al presidente municipal de la Capital potosina y jefe del clan gallardista, hasta quienes simpatizan con él por distintos motivos.
Este pasado 5 de enero se han cumplido tres años de haber sido detenido por agentes de la PGR su hijo Ricardo Gallardo Cardona y enviado a un penal de Sonora, bajo acusaciones de haber cometido delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada y desvío de millonarias cantidades de dinero a empresas establecidas, como una Clínica Médica Wong, y otras de su propiedad. Sin embargo, fue liberado en diciembre del mismo año 2015, bajo amparo concedido por un juez federal.
Muchos identificaron la razón que llevó a la PGR a encarcelar a Gallardo Cardona, a partir de separarse del cargo constitucional que desempeñaba entonces como presidente del municipio conurbado de Soledad de Graciano Sánchez con la intención de buscar un nuevo cargo constitucional, en impedir la derrota del PRI y de su candidato a la gubernatura, que a pocos días de esa acción judicial resultó ser Juan Manuel Carreras López, en las elecciones de ese mismo 2015.
Debido a los graves errores políticos, judiciales y administrativos cometidos por las consecutivas administraciones gubernamentales del panista Marcelo de los Santos Fraga y del priista Fernando Toranzo Fernández, fueron creciendo las figuras de los perredistas Ricardo Gallardo Juárez y de su hijo Ricardo Gallardo Cardona, a partir del trabajo desarrollado como presidentes del vecino municipio de Soledad, basado en programas clientelares en grandes franjas obrero-populares de la zona metropolitana, despreciadas por aquellos dos gobiernos.
A fines de 2014 era fuerte el pronóstico de que el clan gallardista, con Ricardo Gallardo Juárez, como candidato a gobernador, y con Ricardo Gallardo Cardona, como candidato a presidente municipal de esta Capital, arrasarían en las elecciones. Con ello, crecería la presencia del PRD en el mapa político nacional y se apropiarían de inmensos recursos financieros federales. Todavía más importante que aquello, establecerían una nueva hegemonía en materia de desarrollo urbano y construcción inmobiliaria en una extensa zona territorial que se ha constituido en un enorme tesoro, gracias al Tratado de Libre Comercio y la privatización de la antigua tierra ejidal y comunal.
Sin embargo, el encarcelamiento del hijo del jefe a manos de la PGR (que es lo mismo decir: a manos del presidente Enrique Peña Nieto) puso contra la pared aquel ambicioso proyecto y arrodilló a Gallardo ante el poder presidencial, obligándolo a negociar. Hay quienes afirman que los términos de esa negociación fueron renunciar a ser candidato a gobernador y movilizar con sus brigadas electorales a cientos de ciudadanos a votar a favor de Carreras López en las franjas obrero-populares ya controladas, a fin de que éste pudiera derrotar a la entonces candidata del PAN, Sonia Mendoza Díaz.
Lo anterior parece más bien argumento de una muy retorcida novela de ficción política; sin embargo, hay quienes afirman que sí hubo tales negociaciones y que entre ellas se pactó además la libertad de Ricardo Gallardo Cardona, limpio de todo delito del que fuera acusado por la PGR; cosa que en efecto sucedió, primero con el traslado del hijo del jefe del clan a un penal en Guanajuato y después con su soltura en diciembre de 2015, mediante amparo de un juez federal. De esa forma, el presidente Peña Nieto y el PRI habrían pagado a Gallardo Juárez sus favores.
Sin embargo, el líder de esta corriente perredista y su hijo han vuelto a convertirse en una amenaza a la hegemonía priista en San Luis Potosí; pero, sobre todo, a los intereses del grupo que ha hecho fantásticos negocios con los planes de desarrollo urbano y el control del negocio inmobiliario, entre quienes se encuentran acaudaladas familias de apellidos López Medina, Valladares García, Torres Corzo, Payán, Del Valle, etc. Este negocio se ha extendido hacia los municipios de Santa María, Villa de Reyes y Mexquitic, así como a comunidades y ejidos hacia el poniente de la Capital.
Lejos de haberse debilitado por las probadas denuncias y escándalos a consecuencia de delincuencia en el manejo de recursos públicos, como el memorable asunto de las multimillonarias compras de medicinas a una humilde distribuidora de nombre Sandra Sánchez Ruiz, el gallardismo ha crecido política y electoralmente en amplias franjas obrero-populares de la zona metropolitana. Muchos pronostican un avance de esta corriente en el escenario político doméstico en las próximas elecciones y el triunfo de sus candidatos, encabezados por Gallardo Juárez, como candidato a un segundo trienio como presidente municipal de esta Capital, y de su hijo, Ricardo Gallardo Cardona, como candidato a diputado federal.
De ahí la pregunta que da título a este artículo: ¿Y cuándo van a meter a la cárcel a Gallardo Juárez para impedirle triunfar y extender su hegemonía a los municipios metropolitanos de Mexquitic, Santa María, Villa de Reyes, Cerro de San Pedro, Tierra Nueva y Armadillo?
Hay quienes afirman que no será encarcelado, porque ahora hay una nueva negociación. Ésta sería dar impunidad a funcionarios de la actual administración estatal, encabezados por el actual jefe del Ejecutivo, cuando Gallardo sea gobernador dentro de cuatro años. Además de que el objetivo de “Por México al Frente”, integrado por PRD, PAN y MC, es servir a la maniobra de Peña Nieto para evitar que Andrés Manuel López Obrador y Morena triunfen en las elecciones presidenciales.
La respuesta se dará en poco tiempo… Cuando se vea con toda claridad que no existe acción penal que frene su avance –a pesar de haber desaparecido ya el fuero constitucional que lo blindaba– y que se enfila con su ejército hacia el triunfo sin mayor obstáculo.
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