Ciudad de México (04 de noviembre de 2015).- Dos abogados, un contador y un activista social, están empeñados en abatir la violencia que azota al país, enfrentan una campaña legal para ser los primeros mexicanos en poder cultivar marihuana para autoconsumo, aunque ninguno de ellos fume cannabis.
Estas cuatro personas integran la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (Smart), un club que espera que este miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falle a su favor para que teóricamente puedan cultivar marihuana para autoconsumo sin fines de lucro.
“Nunca he fumado un cigarro (de marihuana), jamás lo voy a hacer”, dice sentado frente a un escritorio repleto de expedientes, el abogado Francisco Torres Landa. Tampoco quiere cultivar marihuana.
En una oficina rodeada de cristales, en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, este abogado con 32 años de carrera en uno de los despachos internacionales más importantes del país, asegura que su objetivo es quitar a los cárteles del narcotráfico su principal herramienta, el dinero.
Smart llevó en 2013 su caso a la Corte después de que la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) le negó una solicitud para poder producir y consumir su propia marihuana.
Arturo Zaldívar, un magistrado liberal de la Suprema Corte, propone amparar a los cuatro demandantes, basándose en el respeto a los derechos humanos y a las libertades de autodeterminación.
El presidente Enrique Peña Nieto rechaza una posible legalización de los estupefacientes.
Aunque los integrantes de Smart denuncian que operadores del gobierno han tratado de influir en los jueces, confían “en la solvencia de la Corte” y en que una decisión a su favor forzaría al Congreso a reabrir el debate sobre la legalización de marihuana.
México se ha quedado atrás frente a otras naciones de América: Uruguay legalizó la producción y venta de marihuana en 2013, mientras Chile debate una ley para despenalizar su uso con fines medicinales y recreativos.
Y en Estados Unidos, 23 estados han autorizado el cannabis para uso medicinal y cuatro para el consumo recreativo.
Mejor país para sus hijos.
“Este es un litigio estratégico” para “socavar, erosionar el origen de la política prohibicionista en materia de drogas”, dice Torres Landa, padre de cinco hijos y quien se volcó a luchar contra la violencia cuando su primo fue secuestrado y asesinado en 2005.
“Fue una triste razón por la que llegué a México Unido Contra la Delincuencia” la agrupación civil en la que coincidió con los otros tres quejosos.
Un mosaico de dibujos infantiles y recortes de su equipo favorito de fútbol, cubren un muro frente a su escritorio que contrasta con la solemne oficina.
“Son mi inspiración, cuando me siento con no tan buen ánimo (…) levanto la mirada, veo los dibujos de mis hijos ya agarro energía”, dice el activista, que dedica una buena parte de su tiempo sin paga a la campaña legal para despenalizar la marihuana.
Igual que él, Armando Santacruz, un contador de 54 años y fundador de una empresa que comercializa materias primas, coincide en que la lucha vale la pena por dejarles un mejor país a sus cinco hijas.
Enfundado en pantalones de mezclilla, con un saco informal y sin corbata, Santacruz explica que tras más de 15 años de trabajo contra el secuestro, la extorsión y otros delitos que agobian a la sociedad mexicana, comprendió que todas esas acciones eran insuficientes.
“Nos dimos cuenta que iban a tener poco resultado si no le entrábamos a la política de las drogas”, apunta en la pequeña oficina en un bullicioso barrio de la capital.
El “costo en sangre es brutal y la estrategia ni siquiera estaba evitando que las drogas llegaran a la gente”, indica al reconocer que ocasionalmente ha fumado marihuana, pero sostiene que no es usuario.
La violencia también llegó a la familia de Santacruz: uno de sus hermanos fue secuestrado hace dos años.
Pero quizá el camino más doloroso lo ha recorrido Josefina Ricaño, presidenta y fundadora de México Unidos Contra la Delincuencia, otra integrante de Smart. En 1997, su hijo fue asesinado tras haber sido secuestrado.
En tanto, y finalmente, Andrés Aguinaco, el cuarto quejoso, es un aguerrido abogado que ha defendido causas como la de una niña que sufre un grave tipo de epilepsia y que recientemente ganó una excepción a las leyes, para ser la primera persona en el país en recibir un tratamiento a base de cannabis.
Fuente: CNN Noticias.
