Por Victoriano Martínez
Para resolver el problema del abastecimiento de agua potable en la ciudad y su zona conurbada primero se tiene que resolver otro problema que parece aún más difícil de solventar: lograr que los responsables de garantizar que la población tenga los servicios públicos tengan verdadera voluntad de buscar la solución y dejen de utilizarlo para sus intereses particulares y electoreros.
Mientras gran parte de la población padece por la falta de agua en sus viviendas, desde los tres niveles de gobierno han desfilado diagnósticos, anuncios de medidas resolutivas y demás anuncios heroicos que el tiempo los ha ubicado como meros cuentos chinos.
Como previo, a manera de introducción de esta desafortunada serie, el gobernador Ricardo Gallardo anunció una inversión de 150 millones de pesos para comprar un nuevo tubo que se utilizará para reparar el sistema que abastece a la zona metropolitana de San Luis Potosí, y el abasto de agua potable quedaría garantizado para más de 100 años.
Para el 8 de marzo del año pasado, el giro fue total: desde El Realito, Gallardo Cardona acompañado por el alcalde Enrique Galindo, anunciaron de manera catastrofista que la ciudad se quedaría sin agua por fisuras en la cortina de la presa. Juntos hasta ahí, porque su senda necesidad de protagonismo heroico pronto los separó.
En abril, Germán Martínez, director de la Comisión Nacional del Agua, redimensionó el problema al informar en una Mañanera que el agua de El Realito apenas abastece el 15 por ciento de la ciudad, además de asegurar que no dejaría de fluir el líquido mientras se reparaba la cortina con una geomembrana especial que quedaría instalada en seis meses. Van 10 y hasta hoy es cuento.
Se mantuvo la propaganda sobre el Plan Emergente del Ayuntamiento con medidas e informes que anunciaron prácticamente la recuperación del caudal que se dejó de recibir de El Realito, pero también acusaciones directas de Gallardo Cardona por un protagonismo cargado de desvergonsez por parte del alcalde.
Así, ante la crisis en el abastecimiento del agua potable son más las historias de un protagonismo que las de acciones con resultados efectivos para que la resuelvan. Se cuenta, con alarmismo, que se acabará el agua por culpa de El Realito. Se disputa el papel protagónico en la solución con algunos informes optimistas y la contraparte contradice.
La novedad ahora es que la responsabilidad de la crisis financiera por la que atraviesa el Interapas, con las repercusiones negativas en la atención al abastecimiento, se le endilga al Congreso del Estado porque “modificó la Ley de Cuotas y Tarifas y le restó posibilidades financieras al Interapas”, según el alcalde Enrique Galindo Ceballos.
Si se compara la mencionada Ley vigente para 2023 y la que tiene vigencia para este año, todas las tarifas expresadas numéricamente en pesos presentan incremento, en tanto que las expresadas en porcentajes en su mayoría se mantienen igual, con algunas excepciones que se incrementan. Por esa vía no hay resta a las posibilidades financieras de Interapas.
En los artículos transitorios hay un cambio en la redacción sobre los ajustes en los cobros por el servicio en los casos en los que el usuario no reciba completo el servicio, pero el resultado es muy similar.
“Cuando el servicio de agua potable prestado por este Organismo Operador se interrumpa, no podrá ser cobrado; en los casos que el servicio se restablezca parcialmente o cuando por medio de pipas u otros medios se logre regular éstos, su cobro será en proporción al tiempo que se haya cumplido con éste”, dice la Ley de 2023.
“Cuando el servicio de agua potable prestado por este Organismo Operador se deje de prestar por más del 50% del periodo facturado de forma continua, su cobro será en proporción al tiempo que sea prestado el servicio de agua potable, por lo que se podrá aplicar un ajuste por concepto de cargo improcedente únicamente en el rubro de agua potable”, dice la Ley de 2024.
Si esa diferencia afecta las posibilidades financieras de Interapas, valdría la pena que Galindo Ceballos explicara a detalle la forma en que eso le redujo un 25 por ciento los ingresos al organismo operador. Y si esa no es la razón, está obligado a exponerlas, justificarlas y hasta presentar una propuesta de reformar urgentes si tanto daño hace a la prestación de ese servicio tan básico.
La crisis en el desabasto de agua potable no requiere de descripciones catastróficas que luego se atenúan, ni de repartos de culpas y mucho menos de chantajes claramente electoreros que son abiertamente un delito electoral. Lo que requiere es que todo eso se deje de lado para que los tres niveles de gobierno efectivamente se coordinan para darle solución.
