Por Victoriano Martínez
Este jueves se entregaron los premios estatales de periodismo 2021. Media centena de reconocimientos con tufo a una palmadita desde el poder sin exponer ninguna intención de incentivar un mejor ejercicio periodístico y ni siquiera de mejorar las condiciones de trabajo de los periodistas, hoy considerado uno de los oficios más peligrosos.
Cincuenta reconocimientos en 13 categorías con premios económicos para los tres primeros lugares, salvo el denominado al mérito periodístico en el que sólo hay un ganador del “estímulo”, y con 13 menciones honoríficas, como para evitar que los menos se quedaran fuera de la fiesta.
Once años de premios a cargo de un Comité Organizador ciudadano, se presume en el comunicado, como si eso eliminara la concesión que se da desde el poder, muy alejada de efectivamente respetar el ejercicio periodístico contra el que se atenta a través de contratos publicitarios que incluyen gacetillas que matan al Periodismo al disfrazar su propaganda como información periodística.
La libertad de expresión exige de la autoridad garantizarla por dos vías: no limitar su ejercicio de ninguna forma y sí propiciar que haya condiciones para que las distintas voces tengan oportunidad de ser publicadas.
El gobierno debe abstenerse de cualquier forma de censura, incluidos los llamados paquetes publicitarios a cambio de buen trato (nada de no pago para que me pegues), y debe incentivar la pluralidad de medios como vía para generar una ciudadanía mejor informada (por ejemplo, nada de paquetes publicitarios para que todos los medios informen lo mismo, promovido por él).
La respuesta a la convocatoria del premio estatal de periodismo, con 445 trabajos sometidos al concurso, ante un padrón en la Coordinación de Comunicación Social de Gobierno del Estado de casi 200 medios en todo el estado, a la postre muestra la poca diversidad de información periodística disponible: una mayoría de medios para que la versión boletinera oficial de la realidad prevalezca.
Una situación que la entrega de los premios estatales de periodismo no sólo mantiene intacta, sino que la incentiva al hacer posible que se mantenga la versión oficial en la mayoría de los medios y baste con unos cuantos trabajos por medio (habrían participado 2.5 trabajos en promedio) para acceder a los premios.
Un promedio de 2.5 trabajos por medio resulta engañoso, así se trate de la respuesta de los interesados en obtener el premio, si se toma en cuenta que los premiados representan a 28 medios, alrededor del 14 por ciento del padrón de Comunicación Social.
O el resto no cree en las motivaciones del premio estatal de periodismo, o no contaron con trabajos que consideraran dignos de ser tomados en cuenta por ser meros replicantes de la versión oficial. Es más probable lo segundo, salvo escasas excepciones.
El reto para el Comité Organizador está en dejar de ser convalidador de un apapacho gubernamental a la prensa para establecer mecanismos que efectivamente incentiven que la población no esté limitada a tener acceso a casi 200 presentaciones de la misma versión oficial y, en cambio, promueva que cada medio existente o que aparezca presente información periodística de calidad que amplíe las posibilidades de que su consumidor tenga opciones de conocer y entender mejor su entorno.
Tan alejado queda el ejercicio de reconocimiento a la práctica del Periodismo, que el apapacho gubernamental deja fuera cualquier referencia a los agravios contra el ejercicio periodístico como, por ejemplo, documenta la Red de Mujeres de San Luis Potosí, o el caso extremo del asesinato del fotoperiodista Daniel Esqueda.
Un asesinato sobre el que, a tres años con ocho meses, su seguimiento ha quedado completamente en el olvido, como si la impunidad en el caso no fuera una falta grave a la obligación gubernamental de garantizar condiciones propicias para el ejercicio periodístico.
El 6 de abril de 2018, nuestro compañero Antonio González Vázquez, describió aquí la situación en la que se encontraba el caso Daniel Esqueda:
Hoy se cumplen seis meses del crimen del periodista gráfico, Edgar Daniel Esqueda Castro.
De sus asesinos no se sabe nada.
Tampoco se sabe nada de la carpeta de investigación.
Es uno de los principales pendientes del Fiscal Carnal del Estado.
Hace seis meses que localizaron el cuerpo del periodista en el letal municipio de Soledad.
Un día antes, hombres armados lo habían sacado de su domicilio en la colonia Julián Carrillo y se lo llevaron.
Horas después fue ejecutado.
Hipótesis del Fiscal Carnal apuntaban a policías Ministeriales como presuntos autores del crimen, pero no se ha aclarado nada.
Agentes Ministeriales tenían amenazado al periodista porque algo sabía.
Todo mundo sabe que los muchachos del Lobo lejos están de ser servidores públicos ejemplares.
Pero en San Luis Potosí la impunidad tiene debidamente sentados sus reales.
Muestra de ello es que van seis meses sin que Daniel se le haga justicia, ni a su esposa, ni a su hija ni a su familia.
Al mes de la ejecución de Daniel, murió su madre, doña Verónica. Dejo este horrendo mundo para unirse a su hijo.
Doña Verónica murió con el dolor de la pérdida de su hijo y con el dolor de que las autoridades no hicieron justicia.
Hoy, este 17 de junio con la entrega de los premios estatales, el Periodismo sufre un doble agravio: se estimula la mediocridad en el ejercicio periodístico en lugar de incentivar mayor calidad, en tanto que por la vía del apapacho gubernamental se pretende dejar en el olvido agravios que atentan contra las condiciones propicias para ejercerlo.
