Por Victoriano Martínez
Quien tiene necesidad de justificarse es porque está consciente de sus fallos y, en el mejor de los casos, busca una solución. Quien se justifica, pero no acredita una actitud genuina por buscar resolver las deficiencias, más bien se escuda en un acto de cinismo.
La magnitud de la nulidad en la que ha caído la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Púbica (CEGAIP) se puede medir con un simple repaso de verificación al cumplimiento de las 47 atribuciones que le señala la Ley de Transparencia en su artículo 34, y a otras tantas dispersas en otras disposiciones, además de las obligaciones de transparencia que le aplican.
Los casos más notorios tienen que ver con las fracciones II (dar trámite a los recursos de revisión para garantizar el acceso a la información pública a quienes hayan tramitado una solicitud de información) y la XXV (vigilar y requerir el cumplimiento de las obligaciones de difundir de oficio la información pública).
Para el caso de la fracción II del artículo 34, la CEGAIP siempre evadió someterse al plazo de 30 días para resolver por la vía de aplazar la admisión de los recursos porque a partir de ese momento corría el plazo de la resolución. En diciembre pasado, una reforma a la Ley limitó la admisión a tres días hábiles y ahora, sin artilugio, la CEGAIP sigue sin cumplir los tiempos que le marca la Ley.
David Enrique Menchaca Zúñiga, presidente de la CEGAIP; dijo que cuentan con alrededor de 15 abogados entre los que reciben 3 mil recursos de revisión anuales, lo que los rebasa por completo “para dar la velocidad adecuada que se requiere y para cumplir en los tiempos que marca la ley”.
Una justificación en las que se suele echar mano de cifras que de entrada pueden impresionar, pero que en una revisión más a detalle resulta tener más la calidad de un pretexto evasivo de responsabilidad y con la pretensión de endosar su falla a determinaciones ajenas a ellos.
Tres mil recursos de revisión anuales representan un promedio de 250 al mes. Distribuidos entre los 15 abogados que dice tener, cada uno tendría que atender 16 casos, lo que representa que atenderían un nuevo recurso cada dos días.
Si se toma en cuenta que la CEGAIP trabaja efectivamente apenas 219 días porque los 146 restantes corresponden a finas de semana, días inhábiles y dos periodos vacacionales. Aún así, los tres mil casos distribuidos entre los 15 abogados les permitirían dedicar individualmente a cada expediente 8.76 horas.
Si esas 8.76 horas se distribuyen en los 30 días que la CEGAIP tiene para resolver significa que cada día le podrían dedicar casi 18 minutos (17.92) a cada expediente. ¿De verdad es tiempo insuficiente para que, bien organizados y verdaderamente comprometidos, no puedan desahogar los casos en el plazo legal de 30 días?
Para el caso de la fracción XV del artículo 34, la falta de cumplimiento de obligaciones de transparencia, Menchaca Zúñiga justificó a los sujetos obligados por el cambio de titulares en las áreas de transparencia de las dependencias e instituciones, como si eso los liberara de cumplir con esa disposición legal.
“Vigilar y requerir el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 84 a 96 de la presente Ley, en materia de información que deba difundirse de oficio”, dice la mencionada fracción XXV.
La Plataforma Estatal de Transparencia le permite a la CEGAIP contar con una base de datos que en automático y en tiempo real detecta ese incumplimiento por el que la ley les ordena requerir que se cumpla, y lo podrían (y tendrían que) hacer el día 11 de cada mes.
El pasado 11 de septiembre, la información estadística de la plataforma publicada en el propio sitio Web de la CEGAIP, mostró que el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que para ese día tendría que estar al 100 por ciento, era de apenas el 64.69 por ciento. Muy lejos del 90 por ciento que la propia CEGAIP estableció como aprobatorio.
Desde primera hora, el sistema tenía detectados a los sujetos obligados incumplidos que provocaron ese promedio tan bajo. Desde ese momento, el propio sistema podría ser programado para elaborar los requerimientos de cumplimiento de los que habla la Ley y notificarlos a quienes hayan incurrido en esa ilegalidad.
Hoy ese porcentaje de cumplimiento pasó de 64.69 a 69.26 por ciento, y no por efecto de una exigencia de la CEGAIP a los incumplidos, sino simplemente porque mantienen una inercia de simulación en el cumplimiento de esas obligaciones y poco a poco suben archivos maquillados y manipulados que incrementan su indicados cuantitativo, pero cualitativamente son una farsa.
Una inercia simuladora que, ante la falta de consecuencias por lo inútil de los comisionados de la CEGAIP, cada vez se aplica con un mayor grado de cinismo que se manifiesta en que el porcentaje de ese tipo de cumplimiento pasó de 78.71 por ciento en enero a un 69.26 por ciento en agosto.
Si esas dos son las atribuciones más relevantes en cuanto a garantizar el acceso a la información pública, ¿porqué los comisionados no se abocan a ponerles más atención? ¿A qué se dedican si no lo hacen a algo tan fundamental sobre lo que sólo su presidente responde con pretextos infundados?
El pasado 10 de agosto, los tres comisionados viajaron a la Ciudad de México a la “Presentación de Resultados del Diagnóstico para el Fortalecimiento de los Organismos Garantes del Sistema Nacional de Transparencia” que, por el título, podría provocar alguna reacción a favor de mejorar su trabajo, pero por las declaraciones de Menchaca Zúñiga este jueves, es obvio que no será así.
Un viaje de la CEGAIP en pleno que, sólo en boletos de avión, tuvo un costo de 43 mil 338.10 pesos: los de Menchaca Zúñiga y de Alfredo Solis 14 mil 452 pesos, y los de Ana Cristina García 14 mil 432 pesos, según la relación de egresos de agosto.
¿Cuánto costaron los viáticos adicionales? No están reportados, sólo aparecen 35 mil 995 pesos de gastos por comprobar y viáticos a Chetumal entregados a Menchaca Zúñiga.
Quizá si en lugar de dilapidar el escaso presupuesto de la CEGAIP y su tiempo como comisionados con actividades cual publirelacionistas, dedicaran ambas cosas, dinero y tiempo, a un esfuerzo real por garantizar el acceso a la información pública no tendrían necesidad de echar mano de justificaciones que en realidad son pretextos.
