Por Victoriano Martínez
La Presea al Mérito Plan de San Luis se creó en 1983, según el decreto 237, como un “reconocimiento a los ciudadanos potosinos que a través de su obra intelectual, política, social o por sus actos cívicos y su inquebrantable servicio han contribuido a las mejores causas del pueblo mexicano”.
Treinta y dos personajes han recibido ese reconocimiento, pero más de uno ha resultado polémico, porque los diputados no siempre han atendido los criterios que le dan razón de ser a la presea, sino que se han dejado llevar hasta por sentimentalismos pero, en el peor de los casos, por criterios meramente de conveniencia política.
En sus 36 años de existencia, el otorgamiento de la Presea ha tenido tal desgaste, que en 2015 el Pleno de la LX Legislatura rechazó la propuesta de la Comisión de Educación para entregar el galardón al rector Manuel Fermín Villar Rubio.
A lo largo de su existencia, los diputados han dado muestras de que, antes que hacer un análisis serio y detallado de los méritos establecidos en el decreto, se suelen dejar llevar por situaciones coyunturales de otra naturaleza.
Se trata de una condición en la que quedan al margen los méritos o no de quienes la han recibido, pero que sí ha tenido mella en la calidad del reconocimiento. Un Congreso Estatal tan devaluado y con integrantes que lejos de trabajar para dignificarlo cada vez lo denigran más, no podía librar de un proceso de descrédito a la Presea Plan de San Luis.
Para colmo, hoy que el pleno votará si le entrega o no la Presea a Jacobo Payán Latuff, San Luis Potosí amanece con la noticia de que Alejandro Fernández Montiel, quien recibió ese reconocimiento el 30 de noviembre de 2012, fue detenido acusado de violación por parte de un menor de edad a quien, por el cargo que ocupaba, debía proteger.
No es que quienes decidieron entregarle el reconocimiento tuvieran que adivinar algo desconocido del personaje, sino el poco respeto que le inspiró a Fernández Montiel ser portador de la presea que, incluso, hoy contribuye al descrédito del reconocimiento.
Si en el caso de Fernández Montiel como portador de la presea la abolla con sus actos reprobables, en la determinación que hoy tome el Congreso del Estado se podría terminar de desacreditar el reconocimiento.
El dictamen presentado por la Comisión de Educación al Pleno del Congreso del Estado plantea, más que la decisión de a quién entregar la Presea, el tipo de méritos que serán tomados en cuenta, dada la motivación que abiertamente expone Payán Latuff sobre sus actividades y que se resume en la expresión “el punto principal es el negocio”.
Una trayectoria que acredita plenamente que los cargos públicos que ha ocupado y los negocios tan nobles como la promoción del deporte con equipos de futbol los ha utilizado para obtener ventajas particulares, y no tiene empacho en reconocerlo públicamente como lo hizo en declaraciones que aparecieron en el número 952 de la revista Proceso.
El caso de Alejandro Fernández Montiel deja ver las consecuencias del descuido a la hora de analizar el perfil de los personajes a considerar merecedores del reconocimiento. El de Jacobo Payán Latuff amenaza con convertirse en la confirmación de que lo que menos interesa a los diputados es atender el sentido del Decreto 237, de 1983.
Hoy se decide a si se entrega o no la Presea a Payán Latuff, pero más allá de eso, se define si se trata de un galardón para premiar a quien se sirve del servicio público y, para que no quede duda, se la entregan a quien tiene el descaro de declarar públicamente que así ha actuado.
“Más que el fomento del futbol el punto principal es el negocio”, dijo Payán Latuff a Proceso en 1995.
