Por Victoriano Martínez
La atención a los diferentes grupos vulnerables por parte de las autoridades no sólo es materia de deficiencias por falta de voluntad, sino que llega a extremos de violencia institucional. Cuando se atiende, sea por presión de las víctimas o por orden judicial, la hipocresía de los servidores públicos exige el reconocimiento como si de ellos fuera el mérito.
Giovanna Itzel Argüelles Moreno, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) presentó este martes una iniciativa al Congreso del Estado para incorporar a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) al Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (Sepasevm).
Argüelles Moreno aseguró que se determinó esa incorporación de la Seduvop tras un análisis de la reincidencia de las instituciones y las últimas recomendaciones en el año, así como el acercamiento con víctimas de violencia institucional.
La funcionaria presentó el documento acompañada por María de Jesús Almendárez Prieto, “Marichuy”, quien desde hace más de ocho años ha padecido violencia institucional por parte de distintas dependencias gubernamentales con epicentro en la Seduvop, donde se reconoce como único caso.
Un acompañamiento por parte de Marichuy que, con su historial de lucha y en su calidad de caso único reconocido en la Seduvop, deja ver que la iniciativa está más incentivada por las protestas y la presión de Almendárez Prieto que por el supuesto análisis realizado por la CEDH. Al menos Argüelles Moreno no promocionó su acción, quizá más por falta de presupuesto que de ganas.
El contraste lo puso este mismo martes el alcalde Enrique Galindo Ceballos, en la atención a otro grupo vulnerable contra el que la violencia institucional se manifiesta en una actitud de no tomarlos en cuenta: las personas con discapacidad.
El 8 de febrero de 2022, Galindo Ceballos publicó en el Periódico Oficial del Estado el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 (PMD), que elaboró sin cumplir con el requisito de consultar a las personas con discapacidad.
El 14 de noviembre de 2022, el Juzgado Segundo de Distrito otorgó un amparo a personas con discapacidad en el que ordenó dejar insubsistente el PMD y realizar “foros de discusión y mesas de trabajo en los que convoquen a organizaciones que representen a personas con discapacidades a fin de que sus opiniones puedan ser tomadas en cuenta en el nuevo plan que se elabore”.
Después de 20 meses de iniciado el trienio, Galindo Ceballos atiende la orden que le dio el juez hace seis meses y lo hace en un tono que pareciera que es él quien otorga una bondadosa concesión a las personas con discapacidad.
“Tu voz cuenta, tu opinión cuenta, tu participación es necesaria, con tus propuestas e ideas el Plan estará mejor y completo”, dice la invitación y remata con el eslogan “¡El momento es ahora, ven y participa!”, como si el momento no se les hubiera pasado y personas con discapacidad que no pudieron participar entonces no hubieran recurrido a un juez federal para ser tomados en cuenta.
La consulta se realizará del 8 de junio al 28 de agosto. Con suerte, el Plan Municipal de Desarrollo estará listo para guiar las acciones del último año del trienio por haber ignorado a un grupo vulnerable en el primer momento.
Una omisión que no sólo se oculta con un tono condescendiente en la convocatoria a la consulta, sino que también se le añade prácticamente una autoproclamación como un gobierno preocupado por las personas con discapacidad.
“Va a haber una inversión en esto, la vamos a anunciar en estos días. Estamos terminando un estudio sobre la cotización, cuánto podemos darle a cada uno de los grandes grupos de discapacidad”, aseguró Galindo Ceballos, tras presentar “los primeros ejemplares” de la Guía Básica de Accesibilidad Universal, que confirma que un Gobierno Municipal “comprometido con la inclusión”.
Y si verdaderamente hubiera estado comprometido con la inclusión desde que rindió protesta como alcalde, ¿se habría tardado 20 meses en percatarse de las acciones que tendría que hacer en favor de las personas con discapacidad?
Si un juez federal no hubiera otorgado el amparo a personas con discapacidad, ¿habría iniciado las acciones que anunció este martes (la consulta y la distribución de la Guía)?
Como estamos en la Capital del Sí, ni duda cabe que afirmará convencido de que si lo haría, pero como el antecedente del tiempo transcurrido, la queja de las víctimas de su omisión y la orden judicial, es más fácil pensar que gobierna la Capital del “lo dudo”.
