Ángel Castillo Torres
Obligados por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inválida la ley electoral aprobada por la pasada legislatura, los actuales diputados del Congreso local han dado vida institucional a un nuevo entramado legal que fija las reglas del juego para las elecciones de 2024.
Ésta innovadora ley fue aprobada por un amplio consenso de los legisladores de los distintos grupos parlamentarios, 26 votos a favor y uno en contra. A primera vista da la impresión que los y las diputadas arrastraron el lápiz e hicieron su trabajo con responsabilidad y oficio político para salir del apuro en que los metió el analfabetismo legislativo de la anterior legislatura.
La contundente mayoría de voluntades a favor de una nueva ley electoral nos revela que luego de meses de trabajo en comisiones legislativas, consultas a pueblos y comunidades indígenas, población afrodescendiente, personas con discapacidad, participación de académicos y líderes de opinión, el Congreso local ha cumplido en tiempo y forma con la sentencia que la SCJN emitió aquel 5 de octubre de 2020 y que fijó como fecha límite para reparar el entuerto el último día de septiembre de este año.
La nueva Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, aprobada el pasado lunes 26 de septiembre, incorpora interesantes dispositivos que cambiarán la naturaleza de la competencia electoral. Algunos de los más sobresalientes son: se elimina la modalidad de alianzas partidistas, pero se mantiene la figura de coaliciones. Esta decisión del legislador es una filosa espada de Damocles que cuelga amenazante sobre la cabeza de los partidos pequeños ya que a partir de las próximas elecciones en 2024 ya no podrán firmar convenios abusivos en los que de antemano se aseguraban la votación mínima que les permitía mantener su registro estatal y acceder a las diputaciones plurinominales. Habiendo desaparecido la figura de Alianzas ahora todos los micro partidos tendrán que trabajar en serio y hacer campaña con candidatos competitivos que les permitan conseguir votos reales y no regalados por los partidos grandes. Por si esto fuera poco y para su desgracia, ahora los partidos que nunca crecieron deberán obtener por lo menos un 3.7% de la votación total válida emitida para mantener su registro y tener derecho al reparto de diputaciones plurinominales.
En materia de inclusión de personas vulnerables y tradicionalmente excluidas de los cargos de representación popular la nueva ley electoral obliga a los partidos políticos a postular como candidatos al Congreso y a los Cabildos, a jóvenes y personas con discapacidad, personas integrantes de los pueblos y comunidades indígenas y a personas de la comunidad LGBTTTIQA+. Además, para la próxima legislatura tendrá que haber un diputado indígena forzosamente. En cuanto a las personas de la comunidad LGBTTTIQA+ los partidos políticos tendrán que comprometerse con la diversidad de géneros, desterrar los estigmas discriminatorios y postular a candidatos de este conglomerado.
Otra modificación trascendental es que los tiempos de campaña se reducen. La campaña para gobernador ahora sólo tendrá una duración de 60 días y no de 90 como antes se establecía. En cuanto a la duración de las campañas de diputados locales y ayuntamientos ahora solo duraran 40 y no 60 días.
En lo relativo al control de la evolución patrimonial y para desterrar las tentaciones de cometer actos de corrupción, todos los que aspiren a un cargo de elección popular deberán de manera obligatoria desde el momento en que sean declarados candidatos presentar su declaración 3 de 3 (publicación voluntaria de tres documentos: declaración patrimonial, declaración de no conflicto de intereses y comprobante de pago de impuestos).
Antes de concluir este análisis es preciso llamar la atención en el sentido de que muy probablemente en unos cuantos meses más se tendrán que hacer nuevas reformas a la ley electoral del estado si en el Congreso de la Unión llegasen a prosperar iniciativas de ley que pretenden disminuir el número de diputados locales y federales, reducir el financiamiento de los partidos políticos, desaparecer los Tribunales Locales Electorales y decretar la muerte institucional del CEEPAC, e incluso el INE.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no representan la postura de Astrolabio.
Es psicólogo y maestro en Ciencias de la Educación. Fue delegado de Villa de Pozos en 2022 y subsecretario de Gobierno de 2016 a 2017. Presidió el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en 2013. También fue director general del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado. Ocupó los cargos de regidor en la capital potosina (2007) y de diputado local de la LVI Legislatura (2000). Impartió clases en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
