Por Victoriano Martínez
Si como cabeza del grupo de testadores de la herencia maldita Juan Manuel Carreras López entregó, cual testamento, a Ricardo Gallardo Cardona los libros blancos con los que se cerró el proceso de entrega-recepción el 24 de septiembre, a 172 días aquellos documentos forman parte de las señales de opacidad del actual gobierno: no han sido publicados.
Se trata de documentos que corresponden a “informes que por disposición legal generen los sujetos obligados”, en este caso por la Ley de Entrega Recepción, y que la fracción XXXV del artículo 84 de la Ley de Transparencia obliga a su difusión de oficio, es decir, a que sean publicados en la Plataforma Estatal de Transparencia.
La relación de los testadores de la herencia maldita es conocida: se trata de los integrantes del gabinete de Carreras López. Lo heredado por cada uno de ellos se encuentra en el contenido de ese documento sobre el que Gallardo Cardona no ha dado la instrucción para que se haga público, a pesar de que se ofreció una transición transparente, civilizada y apegada a la ley.
Una herencia maldita cuyos mayores perjuicios fueron para la población, a la que la administración que encabeza Gallardo Cardona le niega la posibilidad de conocer los detalles por no apegarse a la Ley de Transparencia.
Una medida de opacidad respaldada por negligencia por parte de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública que no mueve un solo dedo para que los sujetos obligados cumplan con lo que les ordena la Ley de Transparencia.
El encarcelamiento de Jaime Pineda Arteaga, ex secretario de Seguridad Pública, y el trámite de amparos por parte de Mónica Liliana Rangel Martínez y Daniel Pedroza Gaitán contra posibles órdenes de aprehensión, son más señales de la forma en que se dosifica la herencia para proyectar una imagen de gobierno justiciero, que el efecto de una procuración real de justicia.
Peor aun cuando en los tres casos se descartan como motivo de la aprehensión y los juicios de amparo los actos de corrupción que se han hecho públicos; compra de equipos de video vigilancia en el primero, y desvío de recursos en los casos de Rangel Martínez y Pedroza Gaitán.
En el trámite de amparo recién revelado de Pedroza Gaitán, los informes justificados presentados ante el Juzgado Sexto de Distrito coinciden con la declaración pública hecha por José Luis Ruiz Contreras: “no son ciertos los actos que se les reclaman a las referidas autoridades toda vez que así lo manifestaron respectivamente al rendir sus informes de ley”.
No hay órdenes de aprehensión en contra del secretario de Finanzas, pero Ruiz Contreras fue más allá: negó que hubiera denuncias o carpetas de investigación abiertas en contra Daniel Pedroza Gaitán.
El extitular de la Secretaría de Finanzas cumplió los requisitos para que se le decretara la suspensión de amparo, garantía depositada ante el Juzgado por cinco mil pesos incluida, y tiene programada para el 18 de marzo la audiencia incidental luego de haberse aplazado en dos ocasiones, y la constitucional para el 25 de marzo.
En el caso de Rangel Martínez, su audiencia incidental está programada para el 24 de marzo y la constitucional para el 1 de abril.
Dos ex funcionarios testadores de la herencia maldita que nadie duda de que son los primeros de una larga lista sobre la que no falta quien haga apuestas sobre quién será el siguiente en recurrir a esa vía de protección: Leopoldo Stevens, Alfonso Medina, Marco Rosales, Alberto Elías… o hasta el propio Carreras López.
Un espectáculo que se acerca más a la simulación de hacer ver a un Gallardo Cardona justiciero contra los testadores de la herencia maldita que desafortunadamente enfrenta una pactada resistencia de los justiciables, quienes aprovechan las opciones legales de defensa previa para finalmente volver a dejar constancia de la efectividad de su pacto de impunidad.
Un espectáculo posible por el ocultamiento de los libros blancos que, de ser conocidos por la población como la principal afectada, quedaría expuesta la forma en que se dosifica el ejercicio de la justicia.
