Por Victoriano Martínez
“Dime a quién le interesa y te diré qué tan urgente nos resulta” es la consigna de la LXIII Legislatura que deja ver su sumisión a intereses totalmente ajenos y hasta contrarios a los que deben honrar como representantes populares, al grado de incurrir en omisiones que cuestan vidas.
Este lunes 5 de junio, el contraste fue claro y preocupante: a dos semanas de la recepción de la solicitud para municipalizar la delegación de Villa de Pozos los diputados exhibieron su urgencia por acelerar el proceso, en tanto que, en el caso de la armonización de la Ley de Movilidad, con un retraso de más de seis meses, le pedirán más tiempo al juez que ordenó realizarla.
En sesión de comisiones unidas de Gobernación, Desarrollo Territorial Sustentable y Puntos Constitucionales, convocada para fines informativos, las bancadas afines al gobernador por filiación partidista mostraron su urgencia por cubrir los requisitos de la municipalización, en tanto que las afines por razones enigmáticas, para disfrazar el descaro, pidieron al menos cuidar las formas.
Así que este martes se volverán a reunir para discutir el dictamen para solicitar al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) la realización del plebiscito contemplado como requisito en la fracción VI del artículo 47 de la Ley Orgánica del Municipio Libre (LOMP) para crear un nuevo municipio, en este caso Villa de Pozos.
Para los diputados a quienes les urge cumplir los requisitos para complacer al gobernador Ricardo Gallardo Cardona con la creación del municipio 59 no se perdió un día, sino una semana, porque la solicitud del plebiscito al CEEPAC ya no podrá ser tratada en la sesión ordinaria de esta semana, a menos que lo pretendan hacer sin cumplir con la publicación del dictamen 48 horas antes.
La relevancia de no perder días está en que, si el interés de Gallardo Cardona es que en 2024 ya haya elección de alcalde en Villa de Pozos, el tiempo lo tienen encima y bastante ajustado. El proceso electoral 2023-2024 arranca el 30 de octubre, es decir, dentro de 146 días la creación del municipio 59 ya tiene que estar plenamente vigente, con todo lo que eso implica.
De entrada, la mayoría del pleno debe aprobar la solicitud que se envíe al CEEPAC, lo que tomará días a menos que comiencen a incurrir en irregularidades. También se tiene que resolver algo que no contemplaron al aprobar el presupuesto del organismo electoral: una ampliación presupuestal para que cuente con recursos para organizar el plebiscito.
Una vez enviada la solicitud, la aceleración de los tiempos queda en manos del CEEPAC: tiene 10 días para calificar de procedente o no la realización del plebiscito, 15 días para emitir la convocatoria, consultas incluidas para elaborar la pregunta que aparecerá en la boleta, y definir la fecha de la votación dentro de los 90 días siguientes a la definición de la convocatoria.
Antes de llegar al CEEPAC, el Congreso habrá perdido al menos siete días. Sumados a los 15 días que podría tardarse el CEEPAC (a menos que se le presione para un plebiscito super exprés), la conclusión del plebiscito dejaría 22 días para que los diputados concluyeran las siguientes etapas del proceso.
Si para el 30 de octubre no está vigente el decreto de creación del municipio 59, se incurriría en uno de los argumentos reiterados en la resolución que anuló la municipalización de Villa de Pozos en 2003: haberlo declarado municipio cuando el proceso electoral ya estaba en curso.
No se debe perder de vista, además, que uno de los requisitos (fracción VII del artículo 47 de la LOML) es contar con la opinión, expresada por escrito, del ayuntamiento afectado, en este caso el de San Luis Potosí, que hoy no parece tener buenas relaciones con el mandatario estatal, principal interesado en municipalizar Villa de Pozos.
¿Frenar el dictamen de la solicitud del plebiscito al CEEPAC será acaso alguna señal? El diputado priísta Edmundo Azael Torrescano Medina cuestionó si había “urgencia electoral” en la minicipalización. El diputado por el PVEM, José Luis Fernández Martínez, aseguró que no, que se trataba de “urgencia social”.
Si efectivamente las urgencias sociales guiaran sus actos, quizá desde hace más de seis meses habrían armonizado la Ley de Movilidad y no tendrían que verse obligados a hacerlo por órdenes de un Juzgado Federal.
Si efectivamente las urgencias sociales guiaran sus actos, lejos de enfocarse con tanta premura en una determinación con tufo a urgencia electoral, se apresurarían a cumplir la orden del juez y no en buscar argumentos para aplazar aún más su incumplimiento irresponsable.
De haber cumplido con esa que sí es una urgencia social en la que la armonización es el primer paso para medidas de seguridad en la movilidad, ¿cuántos accidentes en la vía pública, sea personales o viales, se pudieron haber evitado? ¿En más de seis meses pudieron aterrizar medidas para evitar la muerte de ciclistas como las ocurridas en el Distribuidor Juárez y en Periférico Oriente?
Es algo que difícilmente se puede saber, pero lo único seguro es que esa posibilidad fue negada por la negligencia de los diputados. Disfrazar de “urgencias sociales” caprichos gubernamentales no es más que un acto de cinismo que confirma su traición a su condición de representantes populares.
