Por Victoriano Martínez
¿Cuántos accidentes fatales en la ciudad se habrían podido evitar de haberse logrado en tiempo la armonización de la legislación local a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial dentro del periodo que ordenó esa ley, es decir, el 14 de noviembre del año pasado?
¿Qué tan efectiva pudo resultar esa armonización para generar en la ciudad las condiciones de movilidad que obligaran a estrategias para reducir los riesgos que provocan las condiciones actuales de vialidad como las altas velocidades, los cruces viales, la ausencia de señalética, la cultura vial deficiente y la imprudencia de los automovilistas al conducir?
Los diputados, quienes al asumir el cargo adoptan una postura en la que todo lo quieren resolver por la vía legislativa como si publicar decretos generara recursos, actualizara infraestructuras y modificara actitudes de la población, ¿sienten alguna responsabilidad por no haber permitido conocer los efectos de una ley de movilidad que su negligencia ha impedido que exista?
De las tres preguntas planteadas en los párrafos anteriores sólo sobre la última los diputados de la LXIII Legislatura han dado indicios para una respuesta: les tiene sin cuidado el haber incumplido con la armonización dentro del plazo y, en consecuencia, no les preocupa poner las bases para que los riesgos de las deficiencias de movilidad en San Luis Potosí se reduzcan.
El 18 de mayo de 2022, apenas un día después de la publicación de la Ley General en el Diario Oficial de la Federación, el diputado René Oyarvide Ibarra, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, aseguró que expedirían una Ley de Movilidad de avanzada, consensuada y que cumpliría las expectativas y necesidades de un estado en crecimiento.
Una semana después, las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes; Desarrollo Territorial Sustentable; Puntos Constitucionales; Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social; y el Comité de Reforma para la Competitividad y Desarrollo Sustentable del Estado se reunieron con investigadores de El Colegio de San Luis para dar seguimiento al tema.
“Tenemos que ver los temas de inclusión en una nueva ley que tiene que ser consensada con todos los actores dentro del estado, porque se tiene que crear una nueva Ley de Movilidad que sea incluyente y que se escuchen a todos los actores para que sea legitimada y vaya adecuada a las necesidades cambiantes del estado”, dijo Oyarvide Ibarra.
Instó a las comisiones unidas a declararse en sesión permanente para avanzar en la Ley de Movilidad. Todo proyectaba a un Congreso estatal muy comprometido con el tema, casi por convicción propia y no por la obligación que les imponía el transitorio de la Ley General… salvo que todo fue una llamarada protagónica sin sustento ni convencimiento.
El tema dejó de tener para ellos el atractivo protagónico y no se habló de él hasta que, tras la muerte de la muerte del ciclista Moazir Salomón Piña Atilano en el Distribuidor Juárez, el pasado 27 de mayo, quedó en evidencia la trascendencia que pudo tener que cumplieran con esa obligación al quedar expuesta una omisión que pudo salvar vidas.
Dos días después del fatal accidente, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó designar a dos asesores para que se encarguen específicamente de las modificaciones que requiere la Ley de Movilidad en San Luis Potosí.
Resultó ser otra llamarada. Dos días después, el 31 de mayo, se detuvieron los trabajos con el pretexto de reanudarlos hasta contar con opiniones jurídicas de tres instancias para analizar si la armonización implica una nueva ley o sólo adecuaciones a diversas leyes estatales.
Hace un año se habló de que se contaría con una Ley de Movilidad de avanzada, hoy se pone en duda si son necesarias las grandes ideas que entonces se tenía y, peor aún, se recurre a maniobras legaloides del tipo “chicanadas” para retrasar el cumplimiento de la obligada armonización.
De por sí hoy ya llevan 219 días de que violaron el artículo segundo transitorio de la Ley General de Movilidad y todavía resultaron capaces de impugnar la resolución del Juez Cuarto de Distrito que les ordenó concluir la armonización el 30 de junio.
Argumentar que no hay tiempo para una consulta a las personas con discapacidad después de haber contado hasta ahora con 13 meses para hacerlo y, para colmo, después de haber realizado una consulta justamente a ese grupo vulnerable, sólo exhibe el tamaño del descuido con el que realizan su trabajo los diputados.
Si los tiempos del Congreso del Estado están condicionados por urgencias electoreras que los acortan en extremo y urgencias sociales que los prolongan irresponsablemente, una condicionante adicional que potencia ese nefasto contraste es su incapacidad probada de actuar como representantes populares.
