Lutzow Steiner, el revés legal al discurso salvaje

José de Jesús Ortiz

Se quiera o no, la resolución del Tribunal de Enjuiciamiento del sábado pasado que eliminó la prisión preventiva en contra del doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, extitular de la Secretaría de Salud, es un revés para la Fiscalía General del Estado y también para el entramado de impartición de justicia en el ámbito local, que de forma coordinada parecieron trabajar a lo largo de más de dos años en el proceso penal para imponer una condena que sirviera a la retórica gubernamental de combate a la corrupción y a la “maldita herencia” del pasado, hoy vuelta presente. Una medida ejemplarizante, la vindicta pública sin más.

Luego de dos años y nueve meses recluido en el penal de La Pila y sentenciado en octubre pasado por el Tribunal de Enjuiciamiento, ahora una instancia federal resolvió que la medida de prisión preventiva en contra del exfuncionario era insubsistente por lo cual le fue retirada y, no sin reticencias y buscando resquicios jurídicos, el mismo tribunal impuso el resguardo domiciliario.

Una medida, vale la pena señalar, que no resuelve sobre la culpabilidad o no de Lutzow Steiner, sino sobre deficiencias procesales cometidas en la etapa de investigación, particularmente en la resolución del Juez de Control, Javier Pérez Contreras que en agosto de 2023 rechazó retirar la prisión preventiva ahora expuesta como injustificada. La nueva medida cautelar deberá cumplirse en el tiempo que dure el procedimiento y la sentencia condenatoria cause efecto, bajo vigilancia permanente de la Guardia Civil Estatal en el domicilio del exfuncionario.

En su comunicado oficial del sábado anterior, la Fiscalía General del Estado (FGE) trató de minimizar la resolución y de forma imprecisa señaló que el exfuncionario “tiene una sentencia condenatoria de 5 años y 3 meses de prisión, por delitos de uso abusivo de la función pública y asociación delictuosa”, aunque este segundo delito fue retirado durante el proceso penal y jurídicamente se le imputó por el tipo penal de ejercicio abusivo de funciones en grado de coautoría. En el mismo documento, la dependencia remarcó que “Miguel Ángel N., no queda absuelto de responsabilidad al contar ya con sentencia condenatoria, la cual tendrá que cumplir”, aunque no es todavía una sentencia en firme, pues hay un recurso de apelación en trámite y queda también la vía del amparo. En tanto no se agote ese procedimiento la sentencia no ha causado efecto y debe prevalecer la presunción de inocencia.

Médico cirujano y homeópata egresado del Instituto Politécnico Nacional, responsable de coordinar la estrategia epidemiológica a nivel local durante la pandemia del Covid19, Lutzow Steiner se desempeñó como director de Salud Pública de los Servicios de Salud y luego como titular de la Secretaría de Salud en la etapa final del gobierno de Juan Manuel Carreras. Fue detenido el tres de mayo de 2022 y recluido en el penal de La Pila, señalado por la Fiscalía General del Estado por su probable participación, como coautor, en la compra simulada en abril de 2020 de un plaguicida a la empresa regiomontana Public Health Supply and Equipment de México S.A, que se utilizaría para combatir el dengue, lo cual, de acuerdo a la Fiscalía, supuso una afectación al erario fue por más de 32 millones de pesos.  

Convertido en los hechos en un chivo expiatorio útil para justificar el discurso oficial de lucha contra la corrupción, el suyo es un caso que ha exhibido sobre todo la aplicación selectiva en el aparato de procuración e impartición de justicia, pues a la fecha ha sido el único exfuncionario procesado y sentenciado por el delito del que se le acusó en grado de coautoría. Algunos exfuncionarios de aquel gobierno que ejercieron responsabilidades de primer nivel son hoy aliados del actual, sin investigación alguna de por medio.

Durante las audiencias públicas del proceso penal en su contra, como parte de la carpeta de investigación de la causa penal 68/2004, se mencionaron al menos a cinco exfuncionarios del gobierno anterior —entre ellos Mónica Rangel, extitular de Salud y candidata de Morena a la gubernatura en 2021— que habrían intervenido (firmaron el contrato, hicieron la transferencia, alteraron las firmas para simular la entrega del plaguicida o participaron activamente en las reuniones en que se acordó la compra), aunque sobre ninguna de ellos la FGE ha ejercido la acción penal.   

Un proceso penal no exento de irregularidades y deficiencias, en el que más que acreditar la responsabilidad que la Fiscalía imputó al extitular de Salud, se buscó construir un culpable.

También, como se mostró durante el proceso penal y particularmente en las audiencias de juicio oral realizadas en septiembre pasado, la FGE no acreditó que el exfuncionario estatal hubiera obtenido algún beneficio económico por esa compra simulada o que hubiera firmado el contrato con la empresa regiomontana origen de la denuncia en su contra. A falta de mayores elementos probatorios, sostuvo su acusación particularmente a través de testigos, algunos de ellos con contradicciones y acaso falsedades durante las audiencias de juicio oral. Minucias solamente cuando hay la voluntad de torcer la norma jurídica y se concibe el derecho penal como una expresión de poder y sometimiento.

En ese contexto, Miguel Ángel Lutzow fue sentenciado el pasado mes de octubre por un Tribunal de Enjuiciamiento que lo declaró culpable, como coautor, en la compra simulada del plaguicida para combatir el dengue durante la etapa de la pandemia de Covid.

Pese a ello, la defensa del exfuncionario siguió la apuesta por la vía jurídica, interponiendo diversos recursos como la apelación y distintos juicios de amparo, de uno de ellos logró la protección de la justicia federal al obtener una sentencia ejecutoria del amparo 1646/2024 del Juzgado Cuarto de Distrito en San Luis Potosí —confirmada por el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito— en contra de la prisión preventiva justificada impuesta en agosto de 2023 por el Juez de Control. En cumplimiento de esa sentencia, el Tribunal de Enjuiciamiento resolvió retirar la prisión preventiva, señalada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como violatoria de derechos humanos.

Pero no fue la jurídica la única vía en la que se libró la batalla. Al ser no un caso estrictamente jurídico, sino en esencia de carácter político, el de Lutzow Steiner era ya del conocimiento del gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación que desde el año anterior lo siguió de cerca, igual que sucedió con el del dirigente campesino Said López Olmos, de 78 años, recluido también en el penal de La Pila en junio de 2023 imputado por los delitos de despojo agravado y asociación delictuosa luego de la invasión de cuatro ranchos en el municipio de San Vicente Tancuayalab. En diciembre pasado, el dirigente del Movimiento Huasteco Democrático, también obtuvo el beneficio de una medida cautelar similar, por lo que pudo salir del centro penitenciario.

En ambos pareció prevalecer la convicción, por parte de la defensa y sus familiares, que no sería en orden jurisdiccional local donde tendrían respuesta a sus reclamos de llevar un proceso penal justo, por lo que, en caminos paralelos, buscaron apelar y hacer llegar sus casos al conocimiento de instancias federales no solo jurídicas, utilizando para ello diversos recursos, desde quejas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cartas a instancias como las del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o la propia Presidencia de la República.

Por todo ello, ambos casos estaban en el radar del gobierno federal —vía la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez— que tuvo conocimiento directo de las etapas procesales, dio seguimiento y mantuvo cierta cercanía con los entornos familiar y jurídicos.  Más que incidir en el camino legal que llevó su propio recorrido, el mensaje enviado pareció dejar de manifiesto que el gobierno federal conocía y estaba pendiente del proceso legal, atento a cualquier distorsión, en una preocupación garantista del respeto a los derechos humanos y el debido proceso. En los hechos, un dique al fin al discurso salvaje.

En el caso particular de Lutzow Steiner, el camino que sigue aún es largo, como ha adelantado la defensa jurídica queda agotar la apelación y eventualmente recorrer la vía del juicio de amparo directo para tratar de echar abajo la sentencia condenatoria de octubre. Un camino a recorrer ya sin la prisión preventiva.

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.