Por Victoriano Martínez
El 20 de abril el Congreso del Estado acumuló cinco declaraciones de nulidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para igual número de decretos emitidos, de siete sobre los que la Comisión Estatal de Derechos Humanos promovió controversia constitucional y convencional.
Una circunstancia que alcanza a los actuales diputados porque en la más reciente la anulación la SCJN incluyó dos reformas aprobadas por ellos como parte de la anulada Ley de Asistencia Social.
Otros dos decretos de la actual Legislatura se encuentran aún en trámite ante la SCJN: el 0295 que reformó Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí, y el 0296 que reformó el Código de Penal del Estado para imponer requisitos excesivos e imponer sanciones a plataformas de autos de alquiler, especialmente UBER.
Si bien la mayor parte de los decretos ya anulados por la Corte fueron aprobados durante la Legislatura anterior, ya hay cuatro aprobados por los actuales diputados sobre los que se cuestiona su constitucionalidad (dos ya anulados y dos en trámite).
En la sesión virtual este jueves, al discutir el dictamen que adicionó a la fracción V del artículo 12 de la Ley de Asistencia Social que “en los municipios con más de 90 mil habitantes o que cuenten con servicios bancarios, en ningún caso, la entrega de recursos públicos de los programas sociales será en efectivo”, los diputados dejaron ver por qué siguen los pasos de sus antecesores.
El diputado Oscar Vera Fabregat inició con el señalamiento de que el coordinador de Asesoría y Secretariado Técnico de Comisiones no cumple con su trabajo al no cuidar que los dictámenes cumplan con lo que establece el artículo 86 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, que incluye, entre otras cosas, la referencia la constitucionalidad de las iniciativas.
El diputado Eugenio Govea Arcos lo secundó y aseguró que el mal trabajo de los asesores los deja en entredicho porque su coordinador no les revisa el trabajo. “Nos llevan a discusiones estériles en el Pleno, sin sentido, que solamente nos confrontan, cuando es una nimiedad que debería de haberse resuelto antes de llevar el dictamen al Pleno”, aseguró.
Para la diputada Sonia Mendoza Díaz se ha descuidado mucho la técnica legislativa y la revisión de los dictámenes, pero a diferencia de sus dos compañeros, abundó en los alcances de la responsabilidad al describir lo que consideró un vicio que se arrastra desde varias legislaturas atrás:
“Los diputados nos encargamos de aprobar los dictámenes mal hechos de nuestros secretarios técnicos, creo que de ahí viene el error y creo que es lo que se tiene que enmendar”, confesó.
Lo consideró como parte de los “vicios que tenemos ya muy arraigados” que impiden a los distintos coordinadores del Congreso del Estado mandar a sus subordinados “y no por falta de autoridad y responsabilidad atribuida en la Ley Orgánica del Poder Legislativo”.
Justificó al coordinador de asesores y trasladó la responsabilidad a los presidentes de las comisiones legislativas: “cuando se les llama la atención de parte del coordinador de asesores, ellos dicen que tienen el aval de su presidente y por lo tanto no le permiten ninguna opinión, eso creo que es un error y es un vicio que tenemos”.
Vera Fabregat, Govea Arcos y Mendoza Díaz se pronunciaron porque el diputado Martín Juárez Córdova, como presidente de la Directiva, ponga orden y trate de que los asesores y secretarios técnicos “trabajen apegados a derecho, apegados a lo que se ha peleado mucho ya en este Congreso”.
Vera Fabregat se pronunció porque, como se hacía antes, Juan Pablo Colunga, coordinador de Servicios Parlamentarios, vuelva a revisar el trabajo de los asesores aunque se enojen, en tanto que Govea Arcos pidió que la revisión la haga el coordinador de asesores. Juárez Córdova evitó pronunciarse con el argumento de pasar el punto para asuntos generales, pero ya no se trató.
El hecho es que con sus señalamientos dejaron ver lo que resulta notorio en el trabajo legislativo: los diputados hacen lo que dicen los asesores y –por su ignorancia, incapacidad y poco compromiso con su función– han dejado que éstos se pasen de la raya y los involucren en acciones aberrantes, insostenibles, degradantes y hasta discriminatorias.
Si el dicho dice que no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre, para el caso de los asesores, por tratarse de una responsabilidad pública, tienen su gran parte de responsabilidad, pero la mayor responsabilidad no deja de ser de los diputados.
Ante sus intentos por responsabilizar a los asesores por hacerlos trabajar con “dictámenes mal hechos”, habrá que recomendarles a los diputados ver la película de Bichos, una aventura en miniatura, especialmente el pasaje en el que Hooper, el líder de los saltamontes, le pide a la Princesa Ata no evadir su función cuando responsabilizó a Flik por la desaparición de su tributo.
“¡Ah ah ah ah!”, la interrumpió Hooper, “aprende la regla de un líder: toda falla es tú falla”.
Llevan 118 sesiones (63 ordinarias, 33 solemnes, 15 privadas y 7 extraordinarias), mil 177 iniciativas, de las cuales han declarado procedentes 340… y apenas ahora ponen sobre la mesa el problema que Mendoza Díaz describe con un “nos encargamos de aprobar los dictámenes mal hechos” sin mayor seguimiento: Juárez Córdova lo dejó para asuntos generales pero no se volvió a tratar.
Dato anecdótico: el dictamen que por “mal hecho” detonó los señalamientos descritos se aprobó con 15 votos a favor, 11 en contra y una abstención. La diputada Sonia Mendoza Díaz votó a favor.
