Por Victoriano Martínez
La de este miércoles no sólo será una sesión del Congreso del Estado en la que los diputados consumen en grado máximo su sumisión al gobernador Juan Manuel Carreras López con nombramientos a modo, sino que en los otros dos temas a tratar exhibirán otros aspectos de su incapacidad y hasta incongruencia en el actuar.
Basta con ver el contenido del decreto 0739, publicado en el Periódico Oficial del Estado el pasado viernes, para observar que se trata de un periodo extraordinario de sesiones previsiblemente accidentado o, cuando menos, lleno de detalles que ponen en entredicho el papel de los diputados como legisladores y como titulares de uno de los tres poderes.
“…se convoca a la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del Estado, a periodo extraordinario de sesiones, el miércoles 26 de agosto del 2020, para lo siguiente
“1. Dictamen con Proyecto de Decreto, que EXPIDE la Ley para la Protección de Madres, Padres y Personas Tutoras en Situación de Soltería para el Estado de San Luis Potosí”.
Se trata de un dictamen que renueva esa ley que promovió como diputada Bernardina Lara Argüelles en 2010 y fue publicada en el Periódico Oficial el 29 de enero de 2011. Entonces se dieron algunos comentarios sobre la omisión, en aquel decreto, de la incorporación de medidas que previeran el impacto en las finanzas estatales de las disposiciones de la ley que hoy podría ser abrogada.
De aprobarse el dictamen como aparece en la Gaceta Parlamentaria, podrían repetirse las mismas observaciones, ya que en el artículo tercero transitorio da treinta días naturales al Ejecutivo para integrar la comisión o el gabinete que “promoverá e implementará las políticas públicas y acciones, tendientes a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y hombres que tengan la condición de madre, padre o tutores en situación de soltería”, sin prever la cuestión presupuestal para ello.
(Por cierto, una de las integrantes del Grupo Técnico Operativo para la Consulta Indígena es una madre soltera que acaba de dar a luz a una niña y los diputados han mostrado que no tienen la sensibilidad que hoy presumirán con la renovación de esta ley: no le han pagado por su trabajo ni repuesto la parte que les financió de los preparativos de la consulta, la han dejado a su suerte).
De regreso a la cuestión presupuestal de la nueva ley: El punto resulta relevante si se toma en cuenta que la semana pasada en las comisiones de Gobernación y de Justicia no avanzó la iniciativa de dar autonomía a la Fiscalía Anticorrupción justamente porque se argumentó que el dictamen no previó la cuestión presupuestal. ¿Aplicarán el mismo criterio para renovar esta ley?
- Dictamen con Proyecto de Decreto, que propone terna para elegir a fiscal especializado en delitos relacionados con hechos de corrupción, periodo del 26 de agosto del 2020 al 25 de agosto del 2027; protesta de ley, en su caso.
Justamente el segundo punto a tratar, según el decreto 0739, corresponde al nombramiento del Fiscal Anticorrupción que, de hacerlo, lo harán para complacer al Ejecutivo a pesar de que, en días naturales, el plazo se les venció el pasado 12 de agosto, y si se computara el plazo en días hábiles, se les venció ayer.
Un nombramiento extemporáneo precedido por una serie de malabares desde la renuncia de Jorge Vera Noyola a la Fiscalía Anticorrupción el 31 de enero para que el tiempo corra a favor del timing carrerista puesto en marcha desde que inició el sexenio para simular un combate a la corrupción que jamás llega y sobre el que ya nadie se las cree.
- Dictamen con Proyecto de Decreto, que REFORMA el artículo 40 en su fracción I; y DEROGA del artículo 11 la fracción XVIII, de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
El tercer punto, según el decreto 0739, corresponde a un tema más en el que el tiempo también se los comió y atienden, de manera extemporánea e incompleta, la orden que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde el 3 de septiembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación.
“Debemos tomar mayor conciencia respecto a las personas con discapacidad y fomentemos el respeto a sus derechos y su dignidad”, dijo el diputado Martín Juárez Córdova el 26 de diciembre pasado al anunciar una consulta a las personas con discapacidad para atender la disposición de la SCJN.
Se les fue el tiempo y el pasado 7 de agosto la SCJN emitió el oficio 3936/2020 para requerirles demostrar que se realizaron las adecuaciones necesarias a la Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad del Estado. El 17 de agosto, Juárez Córdova presentó la iniciativa para los ajustes y hoy, a nueve días, será dictaminada por el Pleno.
De la consulta anunciada en diciembre nunca más se sabrá nada. Ni qué decir de las palabras de Juárez Córdova: “Debemos tomar mayor conciencia…”
- Dictamen con Proyecto de Decreto, que ratifica la designación del Licenciado Jesús Javier Delgado Sam, para que integre el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Local, por el periodo del 30 de agosto del 2020 al 29 de agosto del 2025; protesta de ley, en su caso.
El cuarto y último punto de la convocatoria a la sesión extraordinaria de hoy resulta todo un broche de oro para cerrar una jornada de exhibición de incapacidades, incongruencias y… una humillante sumisión al Ejecutivo.
Ratificar a Delgado Sam implica para los diputados, como órgano colegiado, aceptar que Carreras López puede ignorar que el 30 de julio rechazaron esa propuesta porque no alcanzó la mayoría calificada y hacerlos retroceder sobre sus pasos para enmendar una desobediencia cual vasallos.
Sólo falta que en las intervenciones durante la sesión ofrezcan una disculpa al gobernador por no haber logrado obedecerlo a la primera.
La de este miércoles, pues, será una sesión del Congreso del Estado que exhiba a los diputados tal cual son en sus atribuciones sustantivas: incapaces, incongruentes y sumisos hasta la humillación… a menos que se asome alguna brizna de dignidad.
