Por Victoriano Martínez
Veintitrés presuntos intentos para imponer la voluntad del gobernador para designar a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Veintitrés presuntos actos de resistencia para impedir que se impusiera la voluntad del gobernador para designar a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Cero requerimientos de información sobre los criterios objetivos de evaluación aplicados a la revisión de los proyectos de trabajo presentados por las candidatas, de las entrevistas que se les realizaron, y de los resultados de ambos ejercicios.
Los señalamientos sobre intromisiones desde el Palacio de Gobierno, sobre la intención de que no se cumpliera “el capricho” del gobernador y hasta considerar los tres días del receso acordado como un espacio para negociar, hablan de 23 votaciones guiadas por intereses muy ajenos a privilegiar una selección por los méritos y mejores capacidades profesionales, como ordena la Ley.
“Se les giraron discos para que conocieran el perfil de las candidatas y candidatos a consejeros”, informó la diputada Marite Hernández Correa, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
Bien pudo ser, por parte de Hernández Correa, una justificación de que los diputados conocían al votar los antecedentes de las aspirantes, aunque más bien por lo discutido antes de aplazar la votación número 24 se trató de una queja por no haber privilegiado los méritos a la hora de introducir la papeleta en la urna por tantas ocasiones.
Ingenuo sería pensar que se tomaron los tres días de receso para que los diputados puedan analizar a detalle los CD que les distribuyó la Comisión de Derechos Humanos y que abran los documentos proporcionados… vaya, ni siquiera que le dediquen las 8 horas con 28 minutos y 41 segundos que duran los tres videos de las entrevistas a candidatas y candidatos a consejeros.
“Quieren tiempo para comprar voluntades”, texteó el entonces diputado Fernando Chávez durante la sesión del 8 de junio de 2017 cuando se declaró un receso previo a la votación para aprobar la solicitud de un mayor endeudamiento para el Ayuntamiento capitalino por parte de Ricardo Gallardo Juárez para comprar luminarias a PANAVI por mil 512 millones de pesos.
En aquella ocasión el receso duró casi tres horas y terminó con el retiro del dictamen. Hoy no se puede retirar el dictamen y existe un plazo fatal por cumplir. Quizá por eso tres días fueron considerados necesarios para consensar voluntades, independientemente de las estrategias que se utilicen para lograrlo.
Una negociación a la que se agrega un elemento como posible moneda de cambio adicional: la llegada al Congreso del Estado de la terna para seleccionar al Fiscal Anticorrupción que por fin ocupe la vacante que dejó la renuncia de Jorge Vera Noyola desde el 31 de enero de 2020, especialmente porque en ella repite el candidato del gobernador, Felipe Aurelio Torres Zúñiga.
(Paréntesis: ¿Se elegirá al Fiscal Anticorrupción por siete años o para que concluya el periodo que inició Vera Noyola?)
Veintitrés votaciones que presagian que en este último periodo ordinario, los diputados, lejos de dar un estirón para dignificar al Congreso del Estado, se esfuerzan por confirmar que no fallarán en hacer valer la maldición del Legislativo: cada Legislatura termina siendo peor que la anterior.
Si están por volver a ser humillados por el gobernador Juan Manuel Carreras con dos nombramientos más, también en este mes acumulan dos sentencias que exhiben el incumplimiento en su labor legislativa.
La semana pasada fue el Juez Cuarto de Distrito quien los sentenció a dictaminar la Ley de Comunicación Social por incumplimiento al artículo tercero transitorio de la Ley General; este jueves fue el Tribunal Electoral del Estado el que los sentencia a dictaminar una iniciativa de José Mario de la Garza para la creación de un Banco de ADN en el Estado.
“Se le concede el plazo de tres meses, contados a partir de que se notifique la presente sentencia, para que culmine el procedimiento de iniciativa y reforma de ley presentada por el actor, conforme a sus atribuciones”, señala el apartado de efectos de la sentencia.
Dos sentencias en las últimas dos semanas, y la próxima la comenzarán con la votación número 24 para un nombramiento cuyo resultado va a ser muy significativo de lo que haya ocurrido en los próximos tres días… lo único seguro es que ya rompieron el récord de votaciones por cédula en un mismo asunto.
