Angélica Campillo
Si en algo se asemejan las LXII y LXIII Legislaturas es en encontrarse al servicio de los gobernadores en turno. Ejemplo de ello fue que, meses antes de que finalizara la gestión de Juan Manuel Carreras López, el Congreso del Estado eligió como fiscal anticorrupción a su recomendado, Felipe Aurelio Torres Zúñiga; mientras que los actuales diputados, desde el primer día de gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, se pusieron a sus órdenes al realizar su toma de protesta en la Plaza Fundadores, como lo solicitó el mandatario.
LXII Legislatura
A pesar de que organizaciones como Ciudadanos Observando pidieron a los diputados volver a rechazar la terna para el Fiscal Anticorrupción, donde figuraba Felipe Aurelio Torres Zúñiga —puesto que lo consideraban una imposición del ahora exgobernador Juan Manuel Carreras López—, en sesión ordinaria del 6 de mayo de 2021, por mayoría de 21 votos a favor, el Congreso del Estado eligió a dicho personaje como titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, a pesar de que en una primera votación esta misma terna ya había sido rechazada.
En ese entonces, el diputado Edgardo Hernández Contreras aseveró que la votación ya estaba arreglada y que el fiscal anticorrupción sólo sería un Ministerio Público más, ya que no iba a contar con autonomía ni tendría a sus fiscales, a sus peritos ni a sus policías, y dependería del vicefiscal.
Además, acusó que a quienes traicionaron los legisladores que votaron a su favor, era a la ciudadanía, “brindándole un séptimo año de impunidad a Juan Manuel Carreras”.
Por otra parte, una de las últimas polémicas generadas por el exdiputado Pedro César Carrizales Becerra “El Mijis”, fue cuando intentó obtener una diputación federal como indígena.
Sin embargo, el 12 de mayo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó por unanimidad su candidatura, tras concluir que el político no acreditó su vínculo con una comunidad indígena de la circunscripción por la que fue postulado.
Además, el TEPJF ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) porque Morena presentó documentación de los municipios de San Antonio y, posteriormente, de Axtla de Terrazas con la que se pretendió acreditar la pertenencia de Carrizales a una comunidad indígena, misma que fue desconocida por los funcionarios responsables de expedirla.
Otro suceso destacable ocurrido durante la LXII Legislatura fue el uso de un vehículo del Congreso del Estado en la comisión de un delito; el responsable del automóvil era Marco Antonio Balderas Álvarez, coordinador de Servicios Internos y que llegó a la institución como asesor de la entonces diputada de Morena, Alejandra Valdés Martínez.
La organización civil Ciudadanos Observando dio a conocer que el 16 de junio, dos sujetos ingresaron a un hotel del municipio de Villa de Reyes, quienes se registraron con nombres falsos, y sustrajeron unas pantallas de televisión que cargaron a un vehículo color blanco con placas oficiales, y huyeron con rumbo desconocido.
Los afectados dieron parte a las autoridades correspondientes y al analizar el video de las cámaras de seguridad, se detectó que el automóvil usado para cometer el delito portaba placas oficiales y que pertenecía al Congreso del Estado.
Existen varios automóviles para realizar actividades de mensajería, compras o traslados de personal y que el Coordinador de Servicios Internos asigna constantemente a quien los va a utilizar.
El 19 de julio el Pleno del Congreso del Estado eligió a María América Onofre Díaz y Silvia Torres Sánchez como magistradas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), así como a Armando Oviedo Ábrego como magistrado, para un periodo de seis años.
Los tres perfiles electos ya habían sido rechazados por las y los diputados el pasado 27 de mayo, por considerar que había propuestas que atendían intereses del gobernador Juan Manuel Carreras López y de la Gallardía, e incluso se les calificó como “los ungidos”.
Cabe destacar que en esa ocasión hubo varios posicionamientos en contra por parte de asociaciones de abogados, mismos que se dolieron de no ser tomados en cuenta y acusar que los perfiles propuestos no cumplían con los requisitos; incluso el día de la votación del pleno, tomaron la Tribuna del recinto Legislativo para exigir que se suspendiera la votación.
LXIII Legislatura
Desde el primer día de gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, la mayoría de los integrantes de la LXIII Legislatura no han mostrado oposición real al Poder Ejecutivo, puesto que, de inicio, aprobaron la solicitud del cambio de sede de la toma de protesta del mandatario.
Otros temas a destacar fueron la aprobación de las iniciativas presentadas por Gallardo Cardona correspondientes a la entrega de licencias y placas gratuitas, mismas que fueron promesas de campaña del candidato del Partido Verde Ecologista; la primera la aprobaron 10 días después de su entrega a la Oficialía de Partes del Congreso, y la segunda fue validada por el Pleno del Poder Legislativo en menos de dos meses.
Si bien, antes de aprobar ambas iniciativas hubo argumentos parte de diferentes legisladores sobre la falta de información sobre el impacto presupuestal en los dictámenes, al final fueron aprobadas por mayoría.
La determinación más reciente tomada por la actual Legislatura fue la inhabilitación del ex alcalde Xavier Nava Palacios para ocupar algún cargo público, así como nueve integrantes de su Cabildo, a excepción de los exregidores del Partido Acción Nacional y aquellos afines a la Gallardía.
El 8 de noviembre fue instalada formalmente la Comisión Jurisdiccional de Juicio Político en contra del exalcalde de la capital potosina y su Cabildo, integrada por el presidente y la vicepresidenta, René Oyarvide Ibarra y Martha Patricia Aradillas Aradillas, respectivamente, ambos afines a la Gallardía. Como secretario fungió el panista Juan Francisco Aguilar Hernández.
Destaca que, el pasado 18 de diciembre, poco más de un mes después, el dictamen para la inhabilitación de Xavier Nava Palacios y nueve miembros de su Cabildo, fue sometido a consideración del pleno del Congreso del Estado y aprobado por unanimidad, en sesión extraordinaria privada.
El argumento principal de la inhabilitación de 10 integrantes del Ayuntamiento capitalino 2018 – 2021 fue por haber desacatado un amparo concedido por el juzgado Octavo de Distrito, en relación a la suspensión de la construcción de un puente vehicular, ubicado en un tramo del bulevar Antonio Rocha Cordero, en el ejido Rancho Viejo – La Libertad.
El analista político, Eduardo Martínez Benavente calificó este acto como venganza política del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, ya que hay un proceso judicial en curso que aún no ha sido resuelto, por lo que no se ha determinado su culpabilidad.
A pesar de esto, las y los diputados defendieron que la inhabilitación del exalcalde obedeció únicamente a su desacato a una orden judicial.
