Por Victoriano Martínez
¿Cuánto puede tardar una iniciativa de ley o cualquier otro asunto que deban decidir los diputados para ser resuelto?
Depende de la parte interesada en que el tema avance y, en la actual Legislatura como en ninguna de las que la antecedieron, ha quedado claro que atienden a los intereses del Poder Ejecutivo que a los de la sociedad a la que deben cuidar que cuente con un marco normativo actualizado.
La urgencia de una actualización de la Ley de Ecología, señalada por especialistas en materia ambiental desde hace más de 18 meses, es un claro ejemplo de la forma en que lo que además de urgente es importante se deja de lado.
Los propios integrantes de la Comisión de Ecología del Congreso del Estado afirman que una ley con 25 años de retraso que debe modificarse, pero justifican que no se avance en el tema porque el análisis de la nueva ley resulta complejo.
Así, se descuida que el Estado se mantenga con una legislación ecológica que no está armonizada con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Constitución, y los acuerdos regionales que son obligatorios para México.
Una complejidad en el trabajo que difícilmente se va a superar si la Comisión de Ecología, encabezada por el diputado Eloy Franklin Sarabia, no supera otra circunstancia que parece también resultarles compleja: cumplir con la obligación de sesionar por lo menos una vez al mes como lo ordena el artículo 149 del Reglamento interior del Congreso del Estado.
De acuerdo con las actas publicadas en los primeros nueve meses de este año, la Comisión de Ecología se ha reunido en cinco ocasiones: dos en febrero y una vez en cada uno de los meses de abril, julio y agosto.
De esos nueve meses, la Comisión de Ecología se reunió en cuatro, cuando tendría que tener una sesión por cada uno de los meses. Quizá si cumpliera con el calendario obligado de sesiones se habría podido avanzar en descifrar la complejidad de la nueva Ley y, de acuerdo a sus cifras sobre el porcentaje de avance, hace tiempo ya habría quedado concluida la propuesta.
Franklin Sarabia aseguró que en la próxima reunión de la Comisión se alcanzará hasta el 70 por ciento de avance, en tanto que la diputada Lidia Vargas Hernández dijo que se les ha informado sobre un desarrollo del 80 por ciento y desconocen más porque “no hemos tenido muchas sesiones de la Comisión de Ecología”.
Sería bueno que explicaran lo que significa ese porcentaje porque, si de resolver lo complejo se trata, lo menos que se puede tener claridad es sobre el momento en que se resolverá la complejidad como para valorar de esa manera los avances.
Pero a los diputados les da por lanzar ese tipo de cifras para justificar un trabajo que no cumplen y, si de cifras se trata, las que tienen que ver con el cumplimiento de sus obligaciones de reuniones mensuales deja mal paradas a las 33 comisiones que aparecen enlistadas en el apartado correspondiente del Sitio Web de la Legislatura.
La obligación de reunirse mensualmente implica que tendrían que haberse generado, de enero a septiembre, 297 actas de las sesiones. En el apartado correspondiente de la Plataforma Estatal de Transparencia, sólo aparecen publicadas 150 actas de comisión, es decir, en cuanto a sesiones sólo han cumplido con el 50.5 por ciento de su trabajo, pero han cobrado el 100 por ciento de su sueldo.
Si a ese incumplimiento de su obligación de debatir y resolver los temas legislativos se suma que de esa mitad de trabajo supuestamente efectivo (porque otro tema son las sesiones simuladas) se da porque se atienden intereses personales del Ejecutivo antes que los de la sociedad, la deuda de los diputados con sus representados va mucho más allá del rezago legislativo.
