Por Victoriano Martínez
Si con la primera iniciativa que el Pleno de la LXIII Legislatura turnó a la comisión de Gobernación mostró su falta de respeto al procedimiento que ordena la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con su dictamen exhibe el poco respeto a los derechos a la salud y a la información de los potosinos, además del descuido con el que trabajan.
La iniciativa de los diputados del PT y del PVEM para declarar recinto oficial provisional la Plaza de los Fundadores para el acto de protesta del próximo gobernador del Estado se turnó, en la primera sesión ordinaria de la hoy nueva Legislatura, sin que cubriera el requisito de haber sido publicada con 48 horas de anticipación en la Gaceta Parlamentaria.
El argumento central para el cambio de sede a una plaza pública tiene que ver “con las precauciones que al efecto se consideren adecuadas (…) en la protección de la salud de la ciudadanía, así como de los propios servidores públicos y sus familias”, según el primer párrafo de la exposición de motivos del dictamen.
Un motivo expuesto como mero acto de simulación, dado que ni en el resto de la exposición ni en los artículos propuestos para el decreto, se advierten las medidas consecuentes para hacer efectivo en los hechos tal pronunciamiento, de lo que derivan atentados contra el derecho a la salud y el derecho a la información.
En el artículo primero del decreto, a lo más que llegan es a reiterar que la medida tiene que ver con la contingencia sanitaria.
“Por cuestiones extraordinarias derivadas de las medidas sanitarias que determinó la Secretaria de Salud del Gobierno Federal en materia de salubridad general para todo el territorio nacional, en prevención, control y combate de la existencia y transmisión del virus SARS-CoV2, COVID-19”, se vuelve a justificar el cambio de sede en el artículo primero.
Si de verdad les importara la salud de los potosinos, y no un acto de desplante populachero al servicio de egos personales, el decreto habría incluido la obligación de cumplir con los protocolos sanitarios de las mejores prácticas como las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para a las concentraciones multitudinarias en el contexto de COVID-19.
“Los organizadores de eventos deben realizar la evaluación de los riesgos en colaboración con las autoridades locales y nacionales de salud pública”, señala la OMS en un documento de Consideraciones relativas a las concentraciones multitudinarias en el contexto de la COVID-19.
Una evaluación que no sólo tiene como finalidad que los responsables del evento cuenten con datos claros sobre el daño que pueden provocar, sino que deben hacerla del conocimiento de los posibles afectados y que, de acuerdo a los documentos de la OMS, permite establecer una puntuación por categorías de riesgo (muy bajo, bajo, moderado, muy alto).
“Es fundamental comunicar claramente al público los resultados de la evaluación de los riesgos de la concentración multitudinaria a fin de generar confianza y asegurarse de que la población conoce y comprende, las decisiones relativas a la reanudación de las concentraciones multitudinarias”, agrega la OMS.
Ni evaluación de los riesgos –¡qué importa la salud de los potosinos!, ni información a los posibles asistentes para que sepan a qué atenerse –¡qué importa el derecho a la información de los potosinos! – fueron considerados en el dictamen, a pesar de que ese es el tema por el que se decide el cambio de sede.
Por si las omisiones fueran poco, tras declarar recinto la Plaza de los Fundadores, el artículo segundo del dictamen señala: “Cítese en dicho recinto al C. José Ricardo Gallardo Juárez, Gobernador Electo del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, para el día y hora señalados en el artículo anterior” (página 74 de la Gaceta Parlamentaria consultada y descargada a las 20:00 horas de este martes).
¿Se les chispoteó, los traicionó el subconsciente o estamos ante un acto más con el sello de la gallardía? Gallardo Cardona se llama José Ricardo en tanto que Gallardo Juárez sólo se llama Ricardo, en consecuencia, José Ricardo Gallardo Juárez no existe, es tan fantasmal como Sandra Sánchez Ruiz. ¿Quién será el próximo gobernador?
De los creadores de fantasmas llega, pues, un nombramiento que ni el CEEPAC, ni el INE, ni el Tribunal Electoral federal fueron tan expeditos en lograr como lo hicieron los diputados José Luis Fernández Martínez, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, José Francisco Aguilar Hernández, María Claudia Tristán Alvarado, Alejandro Leal Tovías, Cinthia Verónica Segovia Colunga y Martha Patricia Aradillas Aradillas. Ya sólo falta que el Pleno lo apruebe así.
Se trata de la primera iniciativa que pasa por el Pleno y el primer dictamen que le llegara este jueves que, como toda primera impresión, muestra a una Legislatura que actúa fuera de la legalidad, sin respetar derechos humanos de sus representados y riesgosamente descuidada.
