Por Victoriano Martínez
Desde nueve días antes de comenzar la LXIII Legislatura que hoy presenta su último informe de actividades, los diputados de los partidos PVEM, Morena, PT y PANAL anunciaron que conformarían un bloque para apoyar las iniciativas que promoviera el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Cumplieron con creces al convertirse en la Legislatura con tan vergonzante sumisión al Ejecutivo, sin precedentes en el Poder Legislativo, al grado de que poco faltó para que aprobaran la iniciativa de la castración química para los violadores.
Y tan colmaron su bloque para apoyar lo que Gallardo Cardona les propusiera, que conforme avanzaron en sus periodos ordinarios de sesiones, y los extraordinarios cuando su patrón fáctico lo dispusiera (porque al patrón real, el pueblo, lo traicionaron), se desdibujó todo indicio de oposición para ampliar su alianza de sumisión con los 27 diputados.
El primer capricho cumplido a Gallardo Cardona fue declarar la Plaza de los Fundadores como recinto oficial del Poder Legislativo para que rindiera protesta como gobernador sin cubrir los requisitos del proceso legislativo: por las prisas, la iniciativa llegó al pleno sin ser publicada en la Gaceta Parlamentaria y el dictamen, a la siguiente semana, se presentó con una pifia: convocaba a citar a rendir protesta a José Ricardo Gallardo Juárez.
Desde la primera sesión marcaron la tónica que replicaron durante los tres años de su periodo: poco les importó incluso caer en el ridículo con tal de cumplirle a Gallardo Cardona.
Pero no sólo se trató de cumplirle al mandatario, sino que también de no incomodarlo con aquellas determinaciones que enviaron como minuta de decreto para su publicación en el Periódico Oficial del Estado y que el Ejecutivo, en lugar de publicarlas, les devolvió con observaciones.
El primer caso se dio el 22 de mayo de 2022, con el caso de la derogación de los artículos 157, 157 BIS, 157 TER, 157 QUÁTER, 158, 158 BIS y 158 TER del Código Penal del Estado, en materia de desaparición forzada de personas, por haber sido declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por parte del Congreso del Estado presuntamente se cumplió con la orden de la SCJN, pero al no haber sido publicado el decreto en el Periódico Oficial del Estado, en el Código Penal estatal se mantiene la vigencia de esas disposiciones anuladas.
El 22 de septiembre de 2022, Gallardo Cardona devolvió al Congreso del Estado la minuta sobre la adición al artículo 54 de la Ley de Tránsito para prohibir sobrecupo en los estacionamientos, establecer que se hagan responsables de los daños que pudieran sufrir los vehículos, dar garantías y contar con seguros.
Sobre la Ley de Obras Públicas, Gallardo Cardona devolvió el 13 de octubre de 2022 el decreto que ampliaba los plazos en los que los contratistas quedan obligados a responder por los defectos y por los vicios ocultos en que hubieran incurrido.
El 20 de abril de 2023, Gallardo Cardona descartó publicar un decreto que aprobaba una iniciativa ciudadana que modificaba las leyes de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de Víctimas.
Con esa medida, Gallardo Cardona impidió que se ampliaran, al menos en esas tres leyes, una serie de medidas para otorgar mayor protección a esos grupos vulnerables.
A pesar de los beneficios que esos cuatro decretos emitidos por la LXIII Legislatura, bastó con la devolución con observaciones por parte de Gallardo Cardona para que los diputados no movieran un dedo para hacer las adecuaciones necesarias (si es que procedían) e insistir en la importancia de promulgarlos en el Periódico Oficial. ¿Para qué contravenir al padrino?
La LXIII Legislatura que hoy rinde su último informe (no cuentas) realizó 26 reformas a la Constitución estatal, aunque sólo declaró aprobadas por los ayuntamientos 22 y dejó pendientes cuatro: dos aprobadas el pasado 18 de abril, una el 27 de agosto y una más el 5 de septiembre.
Las dos primeras corresponden a los temas de derecho a la movilidad y derecho de petición. De acuerdo con el artículo 138 de la Constitución, ambas reformas debieron declararse aprobadas desde el 18 de julio. No entraron en vigor por la omisión de los diputados.
A propósito de reformas constitucionales, en el caso de modificaciones a la Constitución federal, los diputados que se despiden aprobaron seis: dos a cuatro días de haber recibido la minuta, una en siete días, una en 14 días y dos en 21 días… y hoy habrán de aprobar una más (sobre la Reforma Judicial) en dos días.
Tan condescendientes que han sido, esa capacidad no les alcanzó para ofrendarle a Gallardo Cardona la posibilidad de presumirle a la 4T que su Estado aportó a la validación de la aprobación de la Reforma Judicial como parte del Plan C para que pudieran expresar con orgullo total hasta el final: ¡servido Señor Gobernador!
Les faltó tantito… muy poquito, pues.
