Fernanda Durán
Ante la insuficiencia de tratamientos especializados o estudios de laboratorio para niñas, niños y adolescentes con enfermedades crónico degenerativas y neurológicas que ha percibido en su día a día María Merced Sánchez Piña, cuidadora potosina, presentó una iniciativa para obligar al Estado a crear un fondo especialmente para las necesidades médicas de este sector en vulnerabilidad.
La propuesta entregada al Congreso del Estado este miércoles 13 de diciembre, plantea diversas reformas y adiciones a la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí a fin de que se destine un presupuesto específico e intransferible, no menor del 3 por ciento de los recursos aportados por el Estado al presupuesto anual de los Servicios de Salud.
La madre cuidadora pidió que el recurso sea etiquetado especialmente para cubrir la atención, estudios medicos y medicamentos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en estado de vulnerabilidad con enfermedades neurológicas como epilepsia, distrofia muscular, cáncer, esclerosis lateral amiotrofica, diabetes infantil y juvenil, o cualquier padecimiento que ponga en riesgo la vida de quienes la padecen y cuyas familias carecen de recursos económicos para hacerle frente.
Sánchez Piña señaló que el Sistema de Salud del Estado no ha sido capaz de dar prioridad a la atención de estos pacientes, los cuales se han quedado sin tratamientos y ponen en riesgo su bienestar, por lo que recurren en muchos casos al juicio de amparo para obligar a las autoridades a garantizar su derecho humano a la salud.
Sin embargo, la resoluciones no son respetadas en varios casos, bajo el argumento de que no existe presupuesto para cubrir los medicamentos.
“Mi hijo, que a pesar de tener una sentencia ya a favor de su derecho a la salud, llegan a pasar hasta dos o tres meses sin que se le dé su medicamento teniendo que hacer lo que se pueda y como pueda para que no le falten sus dosis para su atención”.
La promovente de la iniciativa detalló que al menos en el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, junto a diversas familias, han requerido los medicamentos en diversas ocasiones, pero estos se les niegan por falta de recursos, incluso a ella que cuenta con una sentencia desde 2022, por lo que han pasado meses sin las medicinas necesarias.
“A veces no contamos ni siquiera con lo más elemental que es para alimento, educación (…) llegando a escuchar incluso de trabajadores ahí en el Hospital Central de decirnos ‘es que usted quiere que el Gobierno le mantenga a sus hijos’, cuando nosotros lo único que pedimos es el derecho a la salud de nuestros menores”.
María Merced ha pasado cinco años cuidando a su hijo, quien padece epilepsia crónica y que actualmente, debido a la progresividad de su enfermedad, debe ser atendido en nueve especialidades del Hospital Central, razón por la que buscó atención desde el centro de salud de su Jurisdicción Sanitaria, los Servicios de Salud e incluso al inicio de la administración estatal acudió con el diputado de su distrito, Eloy Franklin Sarabia, pero hasta ahora no ha recibido respuesta.
Mientras tanto, a través del Tercer Parlamento de Mujeres en mayo de este año, logró impulsar la iniciativa.
