Madre de víctimas de doble homicidio niega tener comunicación con la FGE

Marcela Del Muro

La comandante Rosalinda Ávalos, mamá de Carlos y Daniela, asesinados el 11 de noviembre de 2020 por policías y civiles integrantes del Cartel de la Ministerial, niega tener información sobre el recurso de revisión que interpondrá la Fiscalía General del Estado (FGE) contra el amparo que pretende liberar a uno de los policías que, presuntamente, participó en el doble homicidio.

La madre atribuye los asesinatos de Carlos, de 20 años, y Daniela, de 18, a una venganza tras comenzar a investigar a sus mismos compañeros de la Policía Ministerial, ahora Policía de Investigación, implicados, supuestamente, en el aumento de robos de autos en la capital del estado y Soledad de Graciano Sánchez en aquel año.

La agente de investigación de la Fiscalía señala que no ha podido tener contacto con la fiscal general del estado, Manuela García Cazares, pese a su insistencia.

“Yo acudí el martes 4 [de junio] a su oficina y me atendió su secretaria, me dijo que la fiscal no estaba, pero que ella anotaba mis datos para que me buscaran para agendarme, pero hasta la fecha no he recibido ninguna llamada”.

Sobre la declaración de García Cazares a Astrolabio, donde opina que la madre policía no corre riesgo, Rosalinda sostiene que ella y su hija se encuentran en peligro constante porque existen más de diez personas implicadas en los homicidios de sus hijos que no han sido detenidos, aunque se encuentran en investigación.

“Hay muchas más personas que participaron y que siguen trabajando como policías, está esa carpeta en Servidores Públicos. Ese es el riesgo, los nexos que tienen tanto los que están dentro como los que están fuera con las bandas de delincuencia organizada”, explica la comandante Ávalos, y lamenta que su caso aún no haya sido atraído por la Fiscalía General de la República.

Rosalinda no ha parado de visitar dependencias y solicitar citas con sus titulares desde que se enteró de la aprobación del amparo.

El único que la atendió fue el director de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), Miguel Ángel García Amaro, que se comprometió a sacar una cita con el Poder Judicial para que la madre, junto a su asesor victimal, pueda exponer su caso.

Hasta ahora no le han avisado sobre la fecha para poder hablar con los magistrados, pero tiene esperanza de que entenderán su situación y podrán revertir la aprobación del amparo.

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