Arely Torres-Miranda
Sin duda, la festividad del 10 de mayo, conocida como “Día de las Madres” es de las más significativas e importantes en una cultura como la nuestra, donde por años, se ha impulsado e idealizado desde diferentes escenarios, un estereotipo de maternidad que se ha tratado de imponer como una única manera de ser madres.
Las principales características que se le atribuyen a la maternidad, es la capacidad de “amar sin condiciones”, “entrega total a la tarea de la crianza”, “abnegación” y hasta un nivel de entrega el cual, pareciera que toda madre tendría que renunciar a su vida en aras de cumplir el ideal que abona a la romantización, invisibilizando poder ejercer de manera autónoma la decisión de ser o no madres, teniendo como consecuencia incluso, la criminalización de las mujeres ante la negativa de serlo.
No es desconocido para nadie la histórica resistencia cultural para reconocer a las mujeres como personas sujetas de derechos y hay una larga lista de mecanismos avalados por el patriarcado, que se han enfocado a limitar el ejercicio de esos derechos. Claro, las mujeres no nos hemos quedado con los brazos cruzados y afortunadamente, hay generaciones de grandes feministas que han resistido a este orden impuesto, incluyendo, obviamente, el de la maternidad.
Dicen quienes saben, que el origen para impulsar en 10 de mayo como el “Día de las Madres” fue a iniciativa del periódico Excélsior donde Rafael Alducín, quien en 1922 apoyó con extensos artículos, concursos y premios la propuesta de José Vasconcelos, entonces Secretario de Educación de dedicar un día a la madre. A la propuesta se unieron el Episcopado mexicano, la Cruz Roja y muchas instituciones más. Pero investigando más a fondo, Marta Acevedo (investigadora de Ciencias Sociales y Estudios de Género) encontró que esta iniciativa fue en realidad una reacción a un movimiento feminista que se estaba gestando en Yucatán, donde desde 1916 diversos grupos feministas se empezaron a organizar para visibilizar a la maternidad como una opción, no una obligación y se daban conferencias sobre profilaxis, enfermedades venéreas, temas jurídicos y se discutían los beneficios del amor libre sobre el matrimonio convencional proponiendo que se diera una educación sexual laica y anticlerical. Como parte de esta “Revolución familiar”, Yucatán expidió en 1917, la Ley de Relaciones Familiares donde se establecía la igualdad entre cónyuges, la decisión de mutuo acuerdo sobre la educación de los hijos e hijas, el derecho a las mujeres casadas de disponer de sus bienes, la administración de los bienes familiares y se legalizó el divorcio.
A casi un siglo de distancia, ese “ideal de madre” difundido mediáticamente sigue persiguiendo a miles de mujeres del país, y a pesar de que en los últimos 50 años, en México, el promedio de hijas o hijos que tiene una mujer pasó de 7 a 2, más de una decena de estudios y encuestas demuestran que la brecha de desigualdad para las mujeres aumenta cuando son madres y no podemos dejar de ver que México ocupa el primer lugar en embarazo en niñas y adolescentes entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el año pasado se presentaron 400 mil nacimientos de bebés entre mujeres de 19 años o menos y, de éstos, alrededor de 10 mil 280 se dieron entre niñas de 10 a 14 años, haciendo evidente la emergencia en materia de violencia sexual en niñas. En México, la NOM-046-SSA2-2005.establece los criterios para la prevención y atención de la Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, la cual, reconoce el derecho a acceder a un aborto en caso de violación y que en congruencia con la Ley de Víctimas, en 2016 se impulsaron reformas que eliminaba una de las trabas burocráticas que era utilizada como pretexto para evitar que las mujeres ejercieran ese derecho. No podemos cantar aún victoria, ante la resistencia y hay que decirlo, falta de coordinación y sobre todo voluntad política, no se ha logrado del todo la correcta aplicación de la NOM046 y hace algunos años se hizo el intento de ponerla en la Ley de Salud, los sectores conservadores presionaron para evitar su garantía total.
En marzo pasado, Diputados y Diputadas, Mujeres de la Sociedad Civil y la academia, presentaron dos iniciativas de ley que buscan mejorar las condiciones para que las mujeres puedan ejercer su derecho a decidir garantizar condiciones dignas en materia de Interrupción Legal del Embarazo en el Estado de San Luis Potosí. Una de ellas propone reformar los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal del Estado, adicionar diversas disposiciones a los artículos 57 y 58 y 58 Bis, 58 Ter de la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí y la otra, reformar los artículos 12 y 16 de la Constitución Política del Estado, ambas complementarias entre sí, buscando erradicar la criminalización de las mujeres, fortalecer el Estado Laico, garantizar la autonomía y los Derechos Humanos de las mujeres e impulsar la temática de la ILE como un asunto de Salud Pública y de justicia social.
Más allá de dogmas, de religiones, de juicios de valor y filias y fobias; es vital que se garantice el acceso a todos los derechos de las mujeres en San Luis Potosí y el momento es ahora. #SeráLey
