María Ruiz
Rascar la tierra entre vidrios, piedras y cenizas para buscar a sus desaparecidos se ha convertido para las integrantes de Voz y Dignidad por los Nuestros SLP en una labor que da testimonio de una tragedia, pero también de un movimiento social que intenta cambiar las narrativas que envuelven la no localización de víctimas para transformar y reconstruir su historia, pero sobretodo, visibilizar la crisis de inseguridad que padece el estado.
Por lo que este miércoles 10 de mayo, Día de las Madres, las madres que integran el colectivo salieron a las calles de la capital en una marcha para hacer escuchar su voz y lucha, para hacer saber a las autoridades y a los tres poderes del Estado que son las madres buscadoras las que sustentan con sus diligencias las investigaciones que rodean la desaparición de personas en San Luis Potosí.
“Este es el día en que no podemos con nuestra alma y nuestros sentimientos, es un día que nos recuerda que algún día fuimos muy felices al ser madres y al otro día, nos rompieron el alma, nos mataron en vida. Estamos en representación de aquellas que ya murieron, de aquellas que siguen enfermas en su dolor, de aquellas que incluso hoy de los nervios por estar aquí no pudieron continuar. No es justo para ninguna de las madres enfrentar la desaparición de sus hijos, queremos justicia”.
Para Edith Pérez Rodríguez, presidenta de la asociación, San Luis Potosí enfrenta una crisis de desapariciones que ha aumentado hasta un 300 por ciento los últimos tres años en comparación con la cantidad de desaparecidos que se registran hace 10 años.
Por lo que exigió a los tres poderes del Estado respuestas, un alto al crimen y la violencia, que encomienden acciones de búsqueda y tengan la disposición de ayudar a las víctimas.
“Las células delictivas y el narcotráfico ha corrompido nuestra sociedad, ha colapsado nuestra seguridad, son los principales causantes de desaparecer a nuestros hijos e hijas. Yo quisiera quedarme a llorar en mi casa, en mi cama y morirme de tristeza porque no tengo después de tantos años a mi José Arturo y a mi Alexis tan hermosos, no tengo ese abrazo de ellos, pero no es posible porque muchos niños siguen desapareciendo y no quiero que otra madre sufra la ausencia de un hijo”.
Comentó que dentro de este contexto de violencia e impunidad ocasionadas por las células delictivas, la desaparición as ha convertido en una problemática sistemática, pues ahora las familias han tenido que organizarse para hacer frente y salir a buscarlos en medio de toda esta maquinaria de guerra contra el crimen organizado.
Actualmente, según lo referido por Pérez Rodríguez, las desapariciones en San Luis Potosí ocurren en personas de edades jóvenes, como niños y preadolescentes de entre 12 y 14 años de edad, hasta adultos de 30 años, que estadísticamente son quienes han desaparecido más recientemente.
También señaló que las violencias que aquejan a las víctimas de desaparición se han recrudecido, ya no solo se trata de la privación ilegal de las personas, sino de la tortura que enfrentan las víctimas, siendo las mujeres las que más la padecen, quienes son localizadas en prospecciones de búsqueda calcinadas, descuartizadas y con visibles huellas de violencia, en donde sus cuerpos presentan signos de una ira incontrolable.
“Las niñas y las mujeres son las que más presentan signos de violencia, una muy evidente, en estos años de búsqueda estás características de han recrudecido”.
Buscadoras, asediadas por el crimen
A pesar de la violencia y el abandono, Pérez Rodríguez señaló que su trabajo continúa activo en las cuatro zonas del estado, donde han enfrentado diversas violencias y amenazas para obligarlas a dejar de realizar sus búsquedas.
“Lo que hacemos conlleva cierta vulnerabilidad y ponernos en la mira de la delincuencia y de a quien no le conviene que busquemos y encontremos a nuestros desaparecidos. Mis compañeras de la zona Media sufrieron un atentado y balacearon la camioneta donde iban, también hemos recibido amenazas directas en la Comisión de Búsqueda del municipio de Matehuala. Todo los días es un riesgo para nosotras el buscar a nuestros desaparecidos”.
Y aunque la situación actual refleja que San Luis Potosí vive una convulsión de violencia grave, las madres buscadoras continúan en su trabajo asediadas por el crimen.
“Claro que tememos por estás amenazas, pero eso no detendrá nuestras búsquedas y ahora podemos enfrentar ráfagas de fuego, ahí en esta comisión porque esa es la amenaza. Hay muchas madres buscadoras en el país que las han asesinado y se han muerto en la búsqueda de sus hijas o hijos, se mueren sin dar con ellos. Lo único que nosotros queremos es que nos entreguen a nuestros hijos, nosotros no nos estamos metiendo con las células delictivas”.
En este sentido, Edith hizo un llamado para que las autoridades eviten criminalizar a las personas desaparecidas, a quienes siempre culpan y señalan con tener vínculos con la delincuencia organizada, cuando son víctimas de un estado fallido en seguridad.
“Ellos no son delincuentes, no tienen nada que ver con el crimen organizado, ellos comunmente son contados, obligados por las células delictivas y por ello los desaparecen, es un modus que aplican y sabemos que existen”.
Identificación forense, un tema pendiente
Durante el 2022 y los primeros meses de 2023, el Centro Regional de Identificación Humana del estado de Coahuila, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la Secretaría General de Gobierno, lanzaron en conjunto una convocatoria para recabar muestras de ADN de familias víctimas colaterales de desaparición y no localización en el estado.
Estas pruebas se realizaron en municipios de las cuatro zonas del estado, como la capital, Matehuala, Rioverde y Ciudad Valles. En total se pudieron recabar más 700 muestras de ADN que serán comparadas y serán sometidas a prueba para identificación forense.
“Se creó un Centro de Identificación Humana en Coahuila, que es en este momento de los más avanzados, de los más sofisticados y los que están colaborando y participando con la gente de San Luis, que son los que traen insumos. Lamentablemente, San Luis Potosí aún este tema está pendiente, pues el Centro de Identificación aún no está en funcionamiento”.
Señaló que será el estado de Coahuila quien colaborará para realizar estos procesos, aunque también hay retraso debido a que los panteones forenses donde se encuentran las fosas de los NN no se les han recabado la apruebas, según lo referido por la Fiscalía General del Estado, debido a falta de presupuesto.
“Hay unos 700 cuerpos en la fosa común de aquí de el cementerio de El Saucito que son no identificados, pero con qué los van a matizar si no hay un esquema familiar, no hay las suficientes muestras familiares para realizarse esto. Entonces habrá que esperar, también hasta que activen este Centro de Identificación.
Congreso del Estado tiene una deuda pendiente con las madres buscadoras
Al término de la marcha, las madres buscadoras llegaron a la puerta del Congreso del Estado para exigir a diputadas y diputados que legislen a favor de las víctimas, una deuda que tienen con quienes enfrentan impunidad, violencia, inseguridad y colusión del funcionariado público en su obtención de justicia.
El diputado José Luis Fernández Martínez y la diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero estuvieron presentes para escuchar las exigencias de Pérez Rodríguez, Guadalupe Mendiola y de las madres buscadoras encargadas de realizar las prospecciones de búsqueda en fosas clandestinas en el estado.
Ahí ellas con sus herramientas de trabajo, con las cuales recolectan cada rastro y osamentas humana de personas localizadas en campos de exterminio, les exigieron legislar al beneficio de las familias víctimas.
“Estamos aquí porque tenemos una petición para ustedes, una petición que no nos han podido realizar y cumplir, tenemos muchos años insistiendo. El peor obstáculo para todas las madres que buscamos a nuestros hijos son ustedes porque no voltean a vernos, porque nos etiquetan, nosotros deberíamos estar celebrando con nuestros hijos en casa y como no están salimos a buscar la dignidad de ellos”.
Señalaron que como colectivo han tenido que emprender una labor que no les corresponde; se han convertido en detectives, forenses, abogadas, activistas, quienes han tenido que buscar en fosas clandestinas, excavar en la tierra y enfrentar la violencia e impunidad.
Por lo que pidieron a estos dos representantes del Poder Legislativo firmar un convenio a petición de las familias víctimas, en el que se comprometan a crear políticas públicas a través de leyes que beneficien y coadyuven para detener la desaparción de personas.
Por otro lado, llegaron a Palacio de Gobierno sin recibimiento alguno, en donde en un acto de memoria para las y los que no están, crearon un “árbol de la vida”, en honor a las familias y su esfuerzo por la búsqueda de quienes hoy ya no están.
“Es su obligación buscar a los desaparecidos, de hacer justicia, por eso hoy venimos a exigir que se tomen las medidas necesarias para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas. Exigimos que no se escatimen presupuesto para esta causa, necesitamos que el Gobierno del Estado desarrolle un plan de acción que abarque desde la protección de las desapariciones, hasta la búsqueda y la identificación, y sobre todo la atención a víctimas; necesitamos que se reconozca la magnitud de esta crisis, que difunda la información sobre las personas desaparecidas, que se pongan en marcha mecanismos de alerta temprana y se fortalezca la cooperación entre las distintas instituciones y niveles de gobierno. Necesitamos en definitiva que se ponga el valor en la vida humana, la dignidad y la justicia por encima de cualquier consideración política o económica”.