Marcela Del Muro
“Nadie está preparado para afrontar un feminicidio. Cuando llega es como si te arrastrara una ola del mar y el agua te impidiera respirar. No sabes qué hacer. Esto nos pasa a todas las familias”, explica Susana Cruz, mamá de Lupita Viramontes.
Además del dolor y el terror de perder a una hija, hermana o madre de forma violenta, las familias se enfrentan a “la inoperancia de las instituciones”, señala Esperanza Luccioto, mamá de Karla Pontigo. Esas mismas instituciones que deberían de proteger y garantizar el derecho a la justicia de las víctimas y sus familias.
Esperanza dice que en San Luis Potosí no pudo encontrar la justicia. En el 2021, por conflicto de interés al interior de la Fiscalía General del Estado (FGE), el caso de Karla fue atraído por la Fiscalía General de la República. “Todavía no acaban con la investigación y llevo 12 años. Tenemos que buscar la justicia porque la merecen nuestras hijas”, reclama la madre.
Este fue el último golpe del Estado al caso de Karla Pontigo, reabierto por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2019, donde se determinó que la primera investigación y juicio estuvieron plagadas de irregularidades y omisiones, obligando a la FGE a realizar una nueva investigación diligente, exhaustiva, imparcial y con perspectiva de género. En el 2020 se creó la unidad de investigación para el caso y en el 2021, al arranque del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, se designó como fiscal general del Estado a José Luis Ruiz Contreras, hermano del juez que calificó el feminicidio como un homicidio accidental (culposo). Ruiz Contreras también tenía un puesto de autoridad en la entonces Procuraduría cuando sucedió el feminicidio, era el secretario particular del procurador Miguel Ángel Covarrubias.
“En San Luis Potosí el acceso a la justicia ha sido revictimizante para todas las familias del colectivo”, afirma Frida Viramontes, hermana de Lupita y defensora de derechos humanos.
Es sábado 30 de noviembre, las tres mujeres, como representantes de las familias de la colectiva Por ellas, por nosotras y por todas, se encuentran sobre una pequeña plataforma en el patio central de la Caja Real, son escuchadas por decenas de personas, entre ellas la antropóloga Rita Segato, pensadora feminista fundamental para la comprensión de las violencias contra la mujer. Este conversatorio cerró la XX Jornada Académica y Formativa: Caminando con Rita Segato, organizada por el Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos del Colegio de San Luis (Colsan).
“La imposibilidad de alcanzar justicia no es un problema de impunidad, es un espectáculo de impunidad. Quiere decir que hay sectores dentro del Estado que tratan de ocultarlo, por alguna razón, podemos sospechar, pero nunca averiguar porque el poder no es observable”, señala Segato, tras escuchar estas primeras reflexiones y testimonio de la familia de Karla y Lupita.
En el caso de feminicidio, la garantía de derechos debe ir hacia la mujer
El caso de Lupita también lleva doce años en proceso, reflejando ese espectáculo de impunidad que refiere la antropóloga feminista. “En nuestro caso la justicia llegó a medias”, dice Susana Cruz. Uno de los feminicidas de su hija fue liberado a principios de octubre, tras 10 años de esconderse de la justicia y ser recapturado a principios del 2024.
“Desde el momento que se involucran menores de edad en un proceso penal, la justicia está viciada. Es estar luchando con el interés superior del menor, sin pensar que mi hija también era menor de edad”, comenta Susana.
Lupita Viramontes tenía 15 años cuando fue secuestrada y asesinada por su exnovio y el hermano menor, Guillermo, mientras dos amigos de los hermanos amenazaron y extorsionaron a la familia por mensajes de texto para obtener un rescate. El exnovio de la adolescente era el único mayor de edad en ese grupo de delincuentes. Guillermo se fugó el día que se le dictó sentencia, 17 años de prisión, y estuvo prófugo hasta el pasado 15 de febrero, cuando el hombre de ahora 27 años fue recapturado. No pasó mucho tiempo para que la defensa buscara la reducción de la pena, aplicando la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, logrando la liberación a cambio de servicio a la comunidad.
“Para nosotros como familia ha sido difícil estar con el aparato jurídico del Estado, ha sido difícil la representación (jurídica)”, explica Susana, quien asumió la defensa de su caso hasta la recaptura de Guillermo. Por ley, los Viramontes tuvieron que trabajar con los abogados de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; la experiencia de la familia ha sido lamentable: su asesora victimal ha tenido varios errores en los oficios o recursos, esto ha afectado el proceso penal.
Rita Segato le dice a Susana que “no hay sentencia que sea capaz de devolver una vida” o de reparar lo que la ausencia deja en la familia. Y explica que el garantismo –forma de acción afirmativa que busca proteger a los imputados del poder punitivo del Estado– debe de ser aplicado a la inversa cuando se trata de feminicidios.
“El garantismo está pensado para dar garantías de derechos a aquellos acusados que son pobres, que son racializados. Para otros crímenes es fundamental que se les dé garantías de la ley”, comenta la antropóloga. Sin embargo, “cuando se trata de crímenes contra las mujeres, el personaje vulnerable no es el agresor sino la mujer. En esos casos es necesario argumentar que la acción afirmativa va al revés”.
Rita Segato explica que este argumento viene a partir del estudio del feminicidio de Micaela, que conmovió a Argentina, su país de origen, donde el juez fue garantista y liberó al asesino. “En el caso de que la víctima sea mujer, la sospecha cae sobre la mujer y la garantía debería de ir en dirección a la mujer. Es necesario volverlo un argumento jurídico de peso”, reitera la experta.
La incapacidad de alcanzar la justicia es el argumento para que no se levanten las AVGM
Susana comenta que en la colectiva sospechan que el Estado está ocultando los casos de feminicidio, catalogándolos como homicidios, con el fin de disminuir los registros del delito. De esta forma, refiere la madre, se pudo levantar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en los municipios de Tamuín, Tamazunchale y Matehuala, a pesar de que acceder a la justicia es tan complicado para las familias de víctimas en San Luis Potosí.
“La expectativa del gobierno es quitar las Alertas en todo el estado, su política va encaminado a eso”, comenta Susana.
En la colectiva también se percataron que los dictámenes de cumplimiento de la AVGM contienen datos equivocados, dice la mamá de Lupita.
En las acciones de cumplimiento de la medida de reparación simbólica, el Estado afirma haber colocado el memorial para víctimas de feminicidio Karla, frente a Palacio de Gobierno, y haber colaborado en la declaratoria del 14 de mayo como el Día por la Justicia para las Víctimas de Feminicidio en el Estado de San Luis Potosí. “No han sido conformados por la participación de Gobierno del Estado ni del Instituto de las Mujeres”, informa Susana. El trabajo de la instalación y de la declaratoria la realizaron las familias de Por ellas, por nosotras y por todas en colaboración con la Instancia de las Mujeres del Ayuntamiento capitalino 2018-2021.
“La incapacidad de los casos para transitar y alcanzar la justicia es el argumento para que no se levanten las Alertas. Han considerado la suspensión de las Alertas sin hacer una conexión con la capacidad de hacer justicia y esas dos cosas tienen que estar conectadas”, refiere Rita Segato.
“No podemos permitir que quiten las alertas”, reclama Susana y dice que esta decisión federal nos afecta a todas, pues las medidas de la AVGM incluyen también acciones de prevención de la violencia contra la mujer y de seguridad. “¿Quién de ustedes camina segura en la ciudad por la noche?”, pregunta la madre a las mujeres que las escuchan.
Según el quinto dictamen en estos siete años se reporta: el nueve por ciento de avance en las cinco medidas de seguridad; el 26 por ciento de avance en las ocho medidas de prevención y el 19 por ciento de avance en las siete medidas de justicia y reparación.
La primera hora del conversatorio fue un espacio de escucha activa para las historias de las familias de Lupita y Karla. “¿Cómo generar el mecanismo de audibilidad?”, pregunta Segato a las decenas de personas presentes. La antropóloga feminista comenta que la única forma de acceder a la justicia es ampliando las voces de las familias en la discusión pública y en las demandas de la ciudadanía. “Ese es el primer escenario que debe existir y, para eso, se necesita que mucha gente piense junta”.
