Abelardo Medellín
Graciela González Centeno, ex magistrada numeraria del Poder Judicial local a la que se le negó su ratificación en el Congreso del Estado, buscó, a través de un amparo indirecto, la suspensión provisional de los actos para que no se ejecute la determinación de no aprobar el dictamen de ratificación emitido por el gobernador del estado, aprobado por las Comisiones de Gobernación y Justicia del Congreso del Estado y con ello continuar en su encargo como magistrada a pesar de no haber sido ratificada; lamentablemente para la ex magistrada, su suspensión provisional fue negada.
Según el expediente 700/2020, con fecha al 9 de octubre del 2020 del Juzgado Primero de Distrito, noveno circuito, el amparo con número de identificación 700/2020-4, que promovió González Centeno, solicita que no se le separe del cargo de magistrada numeraria, además de que no se lleve a cabo el desarrollo del proceso por el que se designa a las personas que conforman la terna que habrá de proponer el gobernador Juan Manuel Carreras López para sustituirla.
Graciela González pidió también que no se ejecute la elección y protesta de la persona seleccionada de alguna terna para su sustitución y exigió continuar en el ejercicio del cargo de magistrada numeraria; Asimismo, que no se le “prive total o parcialmente de los emolumentos que le corresponden como magistrada numeraria”, es decir, continuar recibiendo su sueldo y prestaciones como funcionaria del Poder Judicial.
Pese a las solicitudes de la ex magistrada, el Juzgado Primero de Distrito, tal como se lee en el expediente 700/2020, negó la suspensión provisional, ya que, según se lee en el documento, para acceder a la prerrogativa, la Ley de Amparo pide en sus artículos 128 y 131 que no haya perjuicio al interés social o contravengan disposiciones de orden público.
Por lo anterior, la negativa a las solicitudes de Gonzáles Centeno se dan en razón de que, “al no existir la ratificación de la quejosa como magistrada numeraria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; la suspensión provisional que solicita para los efectos ya precisados, es improcedente y debe negarse”.
El acuerdo expone por igual que otorgar la medida cautelar “afectaría el interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, al permitir que la función jurisdiccional la ejerza quien legalmente se encuentra impedido para ello”; además, el acuerdo expone que aceptar las medidas cautelares de la ex magistrada y darle de nuevo el puesto como magistrada numeraria obligaría a las autoridades a prolongar un nombramiento, lo cual no es “propio de ese tipo de providencias”.
Finalmente, el documento señala que “la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que un magistrado que no fue ratificado” continúe en funciones, podría afectar el interés social, sobre todo porque “la ratificación de magistrados tiende a satisfacer una necesidad colectiva consistente en garantizar que la impartición de justicia esté en manos de quienes tengan la capacidad para desempeñar la labor jurisdiccional”, por lo que la vía del amparo para estos casos podrían no aplicar para los magistrados no ratificados, ya que infringirían lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Amparo.
Cabe resaltar que Graciela González Centeno es sólo una de seis magistrados a quienes se les negó la ratificación en la sesión del Congreso del Estado del 1 de octubre, donde esta ex magistrada obtuvo ocho votos a favor de su ratificación, 15 en contra y tres abstenciones.
Por otro lado, ya que el plazo del Ejecutivo para mandar ternas está a punto de expirar, de manera automática deberán tomar protesta y sus puestos correspondientes los magistrados supernumerarios que suplan a los que no fueron ratificados a partir de este viernes 16 de octubre, situación que da oportunidad para que el resto de los magistrados no ratificados puedan impugnar la decisión del Congreso del Estado y permita al gobernador Juan Manuel Carreras reunirse con barras de abogados y asociaciones para armar las ternas correspondientes; esto, según lo dicho en entrevista por el presidente del Colegio de Abogados de San Luis Potosí, José Enrique Hernández Narváez.
