Por: Eduardo Delgado.
“Siguen actuando igual, como si no hubiera una sentencia”, aseveró la magistrada del Tribunal Electoral de San Luis Potosí (TESLP), Yolanda Pedroza Reyes, en alusión a sus “compañeros” Rigoberto Garza de Lira y Oskar Kalixto Sánchez.
Como prueba citó la reciente colocación de una cámara de video vigilancia prácticamente frente a su oficina y por ende no descarta la instalación de micrófonos en su despacho para escuchar sus conversaciones, porque basta una tarjeta de plástico para abrir la cerradura de su despacho.
En entrevista lamentó que transcurridos más de cuatro meses y medio, desde que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acreditó que fue víctima de violencia política y de que le fue impedida la realización de sus funciones, su asunto permanece “intocado” en el Senado de la República y en TESLP.
A su parecer los legisladores federales no se han pronunciado porque tienen pendiente la aprobación de la Ley de Violencia Política de Género. Descartó desinterés de los senadores por tratarse de un caso individual y de una mujer.
Más bien, estimó, tienen pendientes asuntos más sensibles, como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, así como de los maestros y la Ley Anticorrupción, entre otros.
Destacó que su caso detonó denuncias de violencia política contra mujeres en Chiapas, Oaxaca y de Guerrero, las que ya están en manos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).
“Ha sido muy importante a nivel nacional, aunque en el ámbito local no se le ha dado el tratamiento que merece en cuanto a la repercusión y que ha tendido en otros estados, pues en otros me han invitado a participar en foros para hablar sobre mi experiencia, para que otras mujeres, que son víctimas de la violencia política, tengan la seguridad de presentar una denuncia, de que se le va a dar seguimiento y de que hay una manera de salvaguardar sus derechos”, resaltó.
Funcionarias y magistradas “me han comentado sus asuntos y yo en corto les platico mi experiencia para que ellas tomen la determinación de denunciar o no”. “Este asunto ha sido importante para visibilizar el problema que existe y que se trataba de ocultar, que no se notará”, abundó.
En la FEPADE su caso prosigue en fase de integración de la carpeta de investigación, en específico respecto de la configuración del o los delitos cometidos por sus “compañeros” magistrados y el Secretario General de Acuerdos, este último Joel Valentín Jiménez Almanza.
- ¿En tanto, cómo sigue el ambiente aquí?
- Mis compañeros siguen igual, como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera una sentencia-, contestó tajante.
Como prueba de ello refirió que el pasado periodo vacacional, “pusieron una cámara de vigilancia aquí afuera, que daba exactamente a este pasillo”, casi frente a su despacho.
“Salimos de vacaciones el 15 de julio. Ese día tuve un evento en León, Guanajuato, al que fui invitada por el Senado, por lo que no vine y al regresar de vacaciones (el 2 de agosto) veo la cámara allí”, contó.
Posteriormente, dijo, en una sesión del pleno les inquirió a sus “compañeros” quién autorizó la instalación, por qué y la finalidad. Les respondieron que porque no disponen de un policía que vigile el inmueble.
Al pedirles una explicación de por qué prácticamente frente a su puerta, le justificaron que desde allí capta imágenes de la puerta del archivo. Lo que les refutó: “Si esa fue la intención, debió ser colocada frente a la puerta del archivo… ¿Por qué la pusieron allí?”.
Les espetó también que si la intención era resguardar el inmueble debió ser instalada en el exterior del inmueble.
A modo de atenuante le arguyeron que el dispositivo fue instalado “por un particular, a prueba y sin ningún costo”. Le informaron que no fue activada para transmitir en tiempo real las imágenes a un teléfono móvil.
Pedroza Reyes sostiene que el objetivo era vigilar “específicamente quién entraba a mi privado, cuánto tiempo permanecía la persona, lo que para mí eso es una intimidación y ellos no lo interpretan así”.
Remarcó: “Para mí ese es un acto intimidatorio y se siguen suscitando otros; voy a tener que ejercer otro tipo de acciones para que no se sigan comportando de esa manera… porque parece ser que tengo que estar sometida a sus designios”.
- ¿De los dos magistrados?
- De los dos, y del Secretario de Acuerdos. Los tres siguen trabajando igual, como lo venían haciendo antes de la sentencia.
- ¿Con las mismas actitudes?
- Con las mismas.
- ¿De acoso laboral?
- Sí y no puedo estar presentando una demanda cada semana para reportar lo que sucede a diario. Imagínate el desgaste…, se me va acabar todo mi periodo (en octubre de 2017) en estar dándole seguimiento a cada procedimiento sin que haya una respuesta.
- ¿No teme que en su oficina haya instalado micrófonos?
- Sí, sí. Puede ser, pero necesitaría traer alguien que venga a checar sí hay.
La magistrada Pedroza Reyes hizo notar que la perilla de su despacho se abre con suma facilidad, mientras las cerraduras de las oficinas de sus compañeros son más seguras. “¿Qué ocultan?…, ¿Para qué tantas medidas de seguridad en sus puertas?”, cuestionó.
