Por: Eduardo Delgado
La senadora Angélica de la Peña Gómez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), propuso la aprobación de un punto de acuerdo en el Senado de la República para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y, en su caso, proceder al relevo de los “magistrados acosadores” en San Luis Potosí.
Su propuesta, publicada el pasado martes en la Gaceta del Senado, conmina a la Junta de Coordinación Política a someter al Pleno la discusión y votación de un acuerdo sobre el fallo, que data del 30 de marzo de este año. En su cuenta de Facebook la senadora reportó hoy que su proposición fue turnada a la Junta.
“Por el que se decida sobre el cumplimento de la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación número SUP-JDC-4370/2015 y, en su caso, emita la convocatoria para elegir a nuevos magistrados electorales en San Luis Potosí”, planteó.
El mes pasado, en una de sus intervenciones en tribuna, demandó el establecimiento de normas para regular a los tribunales electorales en todo el país, definir su forma de organización y fijar el procedimiento para la imposición de sanciones.
Esa vez, condenó también que transcurrido varios meses después de la sentencia los senadores “no sabemos que pasó” respecto del “escandaloso” caso de los magistrados, Rigoberto Garza de Lira y Oskar Kalixto Sánchez, quienes maltrataron a su compañera, Yolanda Pedroza Reyes.
En el punto de acuerdo expuso que el TEPJF acreditó que la magistrada fue víctima de violencia política, porque sus compañeros le aseguraron su oficina y le impidieron el acceso a información y documentos para ejercer su función.
El 29 de agosto, refirió, el Director de Asuntos Jurídicos del Senado, Enrique de Icaza Pro, notificó al tribunal federal electoral que el Senado no tiene facultades para investigar y sancionar las acciones de las personas nombradas por ese órgano.
El 4 de octubre, añadió en el apartado de consideraciones, ella pidió al Presidente de la Mesa Directiva, el senador Pablo Escudero Morales, “que me informara de los avances” del cumplimiento de la sentencia.
Días después Enrique Icaza le informó que el 4 de abril él les remitió, tanto a la Mesa Directiva, como a la Comisión de Justicia y a la Junta de Coordinación Política, un informe sobre la sentencia.
A efecto “de recibir una instrucción respecto al sentido de la respuesta y las acciones que estos órganos consideraran, puesto que es necesario una instrucción directa, para revestir de valor jurídico la respuesta que se presente ante la Sala Superior, por lo que no ha sido posible generar dicho acuerdo”, le subrayó.
En su propuesta de acuerdo De la Peña advirtió que el funcionario del área jurídica “carece de facultades para desahogar” la sentencia y advirtió que es el Pleno del Senado “el vinculado” para cumplirla.
Cuestionó la postura del Director Jurídico, pues alertó que al afirmar que el Senado no tiene facultades para intervenir “se llegaría al extremo de que los magistrados… son impunes”.
