Por Victoriano Martínez
Cuando se estableció la obligación de la presentación de una declaración patrimonial al inicio de un cargo público, con las modificaciones anuales y la correspondiente al final del empleo, el objetivo fue tener la posibilidad de saber que el servidor público no aprovecharía el cargo para enriquecerse más de lo que el ingreso formal le permitía.
Comparar la primera con la última y las intermedias era un ejercicio que haría que la ciudadanía confiara en sus funcionarios. Pero ese ejercicio correspondía hacerlo a las entonces contadurías mayores de hacienda, hoy auditorias superiores, y el contenido de los documentos tenía el carácter de reservado.
Una situación que equivalía a las maniobras del mago que muestra sólo los elementos del truco que harán confiar a su público, pero no impedirán que los engañe.
Con la llegada de las leyes de transparencia y un ejercicio con un poco de mayor grado de efectividad del derecho de acceso a la información pública, se cayó en la cuenta de que esos documentos que permitirían confirmar que no se dieran enriquecimientos más allá de los posibles tendrían que ser públicos para cualquier ciudadano pudiera confirmarlo.
Surge entonces el movimiento que se denominó #3de3, para exigir la publicidad de tres tipos de declaraciones: la patrimonial, para poder confirmar el nivel de enriquecimiento; la de intereses, para verificar que no se aproveche el tráfico de influencias para beneficios indebidos, y la fiscal, que reforzaría la verificación de los puntos de las dos anteriores.
La iniciativa ha avanzado. Pero lo que más ha reflejado es la resistencia de los servidores públicos a dar a conocer esos tres documentos. Lo han hecho 26 de 32 gobernadores, 18 de 128 senadores, 92 de 500 diputados federales, 118 de mil 125 diputados locales, 1 de 31 secretarios de estado y 45 de 2 mil 457 alcaldes.
Sólo el 7.02 por ciento de los funcionarios de todo el país contemplados por el plataforma 3de3.mx ha aceptado hacer públicas sus tres declaraciones.
En el Estado, cuya ley de transparencia es de las muy pocas que contemplan la obligación de difundir de oficio esos tres documentos, sólo en el Poder Ejecutivo adoptaron los formatos del IMCO. En el resto, utilizan el mismo formato para presentar el documento como siempre, cual si fueran mucha más transparentes.
Pero no deja de ser la maniobra del mago que trata de engañar al público.
Impresiona que la Auditoría Superior del Estado difunda el acceso a la #3de3 de 739 funcionarios, de los cuales 536 son integrantes de los 58 cabildos de los municipios estatales. Una prestidigitación que puede hacer pensar que efectivamente ya se publican las tres declaraciones.
Pero el truco está en que, al abrir los documentos, de los 93 datos posibles que se deberían poder consultar, sólo cinco están disponibles. Sobre el resto lo único que se ve es un cuadro totalmente negro, cual fiel representación de la opacidad que abanderan.
En los documentos publicados por el Ayuntamiento de San Luis Potosí se incluye al inicio de los mismos una lista de los conceptos testados y enseguida la presunta justificación legal.
El resultado es que el contenido se mantiene oculto con una simulación más descarada, pero los magos de la opacidad han incorporado al mismo truco una maniobra de apariencia de transparencia de la que se agarran para pretender hacer creer a todos que hay avances.
El caso es que en su intento de ser magos de la opacidad, resultan tan obvios en sus maniobras, que se vuelven emuladores de Beto el Boticario.
