Por Victoriano Martínez
Si se da una vuelta por el Congreso del Estado y le pregunta a uno de sus empleados, de preferencia algún asesor, cuántas reformas o hasta leyes le ha invalidado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a los legisladores locales, lo más seguro es que la respuesta sea un ya perdí la cuenta.
Si a quien le haga esa pregunta ostenta el cargo de diputado, seguramente le responderá que se trata de reformas realizadas en Legislaturas anteriores y es hasta ahora que la SCJN los ha resuelto porque ellos no han tenido tantas fallas.
La fracción IX del artículo 84 de la Ley de Transparencia estatal establece que los sujetos obligados deben publicar “los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados”. Sin duda la declaración de invalidez de una norma por parte de la SCJN forma parte del resultado del trabajo de los diputados.
Una revisión a la manera en que el Congreso del Estado da cumplimiento a esa disposición en la Plataforma Estatal de Transparencia permite saber que los indicadores que se publican son 13, que forman parte del apartado dos de la Gaceta Parlamentaria que se publica con 48 horas de anticipación a las sesiones plenarias de la Legislatura.
Los indicadores tienen que ver con Minutas Federales y Estatales (reformas constitucionales), decretos, iniciativas, puntos de acuerdo, acuerdos y/o juicios de responsabilidad administrativa, dictámenes con Proyecto de Resolución, acuerdos con Proyecto de Resolución, dictámenes no aprobados. Sesiones, intervenciones en Tribuna, y en comisiones de Cortesía, sesiones Plenarias y faltas-inasistencias justificadas-retardos.
La estadística sobre esos aspectos del trabajo legislativo se puede consultar dos días antes de cada sesión plenaria. No obstante, cada vez resulta más pertinente –a propósito del ya perdí la cuenta sobre las nulidades sentenciadas por la SCJN– que se incorpore la relación de esas sentencias como parte de la Gaceta Parlamentaria.
Como atención a la obligación de transparencia para dar a conocer sus indicadores de resultados, esa publicación facilitaría que cualquier persona interesada conociera los detalles sobre el trabajo legislativo anulado por la SCJN, como una forma de tener acceso a conocer qué tan eficiente es el desempeño de los legisladores.
Una publicación que, como efecto secundario, permitiría a los propios legisladores un seguimiento puntual a lo dispuesto por la SCJN en sus resoluciones, pues esa información previa a cada sesión tendría el efecto de recordatorio sobre los plazos en los que se tiene que atender lo ordenado, que no pocas veces lo han hecho en el límite o se les ha vencido el término.
De paso, contar con esa relación de reformas anuladas por la Corte permitiría ya no tener que recurrir a los propios diputados o a los empleados del Congreso del Estado, para sólo lograr saber que son muchas (así de impreciso) o escuchar la versión de que no son de esta legislatura (así de evasivos los diputados).
Aunque efectivamente hay un número importante de reformas y hasta leyes completas (como la Electoral) que fueron anuladas durante y después de las Legislaturas anteriores, el hecho es que, si se publicara la relación de todos los casos, recientes y vigentes desde varias Legislaturas atrás, la actual difícilmente terminaría bien parada.
Tan sólo en noviembre del año pasado, la SCJN le invalidó dos reformas aprobadas por los actuales diputados: (1) el artículo 91 del Código Familiar sobre divorcio incausado en los preceptos “personas incapaces” y “personas con discapacidad”, reformado el 2 de diciembre de 2022, sin realizar una consulta previa a personas con discapacidad.
(2) La SCJN invalidó el capítulo VIII, denominado “Educación Inclusiva” de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, reformado mediante el Decreto 0671, publicado el 16 de enero de 2023, porque también en este caso se omitió realizar una consulta previa a las personas con discapacidad.
Este lunes 13, la Corte volvió a invalidar una reforma local. En esta ocasión se trató de disposiciones de la Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, porque se consideró que el Congreso estatal invadió facultades del Congreso de la Unión.
El caso es que el Congreso del Estado ha acumulado como nunca anulaciones a sus reformas por razones distintas, con un ritmo que se aceleró durante la actual Legislatura y no de casos provenientes de sus antecesores, sino propios que se acumulan a las señales de que otra vez se vive la maldición de contar con la peor Legislatura de la Historia.
