Por: Eduardo Delgado.
Desesperada por la dilación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para remitirle a un juez penal la averiguación en torno a la muerte de Diego González Ruiz, quien murió ahogado en el parque acuático “Woow” hace más de medio año, donde se celebraron actividades acuáticas del campamento infantil organizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), la mamá del menor, Socorro Ruiz Medellín, anunció actos públicos de protesta y su determinación de recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La madre del menor dijo que también tiene previsto acudir a la Contraloría General del Estado, con la finalidad de solicitar la investigación de la actuación de peritos y Ministerio Público en la investigación, porque presume que las autoridades universitarias, encabezadas por el rector Manuel Fermín Villar Rubio, “han presionado” en la Procuraduría para mantener estancada la resolución.
Dijo que en los próximos días realizará actos de protesta públicos en demanda de la resolución de la fiscalía, pues aunque admitió que el titular, Federico Garza Herrera, ha mostrado interés en atender este caso “han transcurrido más de 100 días de su gestión sin resolver nada”.
Comentó que hace unas semanas, su abogado y ella se reunieron con el Procurador, el Ministerio Público y el Subprocurador, y está pendiente otra reunión entre Garza Herrera y su representante, que se ha postergado “porque, me han dicho, ha habido varios eventos públicos a los que ha tenido que asistir el Procurador”.
Anticipó que en los próximos días, apoyada por amigos y familiares, “realizará actos de protesta en demanda de justicia”, porque sostuvo que los instructores universitarios, a cargo de los niños el día del accidente, incurrieron en un grave descuido, al no percatarse de que “mi hijo y otro niño quedaron atrapados en el ducto sin rejilla, de un tobogán del balneario”.
Asimismo anunció su determinación de solicitar la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque a su parecer la recomendación recién emitida por el organismo estatal, cuyo presidente es Jorge Vega Arroyo, “es insuficiente y no tocó para nada la responsabilidad de los instructores universitarios, pues yo no le encargué a mi hijo al balneario ni al Ayuntamiento…”.
