Angélica Campillo
Manifestantes irrumpieron en la inauguración de las instalaciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, en presencia del gobernador Juan Manuel Carreras López, el fiscal general del Estado, Federico Garza Herrera, y demás funcionarios locales, obligando a suspenderla.
El evento inició alrededor de las 10 de la mañana de este miércoles 23 de septiembre y en su discurso, la titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, Juana María Castillo Ortega recordó que en el año 2018 se decretó el establecimiento de la Fiscalía de la Mujer y tiene un antecedente en 1999, con el establecimiento de la Subprocuraduría de Delitos Sexuales, donde se instaura como tipo penal la violencia familiar.
Destacó que la institución a su cargo atiende delitos de violencia familiar, delitos contra el libre desarrollo de la personalidad que tiene que ver con niños y los delitos sexuales contra mujeres, sin embargo, aclaró que no se atiende violencia política ni otros tipos de violencia, “los espacios de las mujeres han costado mucho obtenerse… ha sido un transitar de años, donde poco a poco se va logrando dar un servicios especializado y digno para poder acceder a la justicia”.
Refirió que en esta temporada donde se cruzan dos pandemias: la de la violencia contra las mujeres y la crisis sanitaria por COVID-19 remarcó la evidente necesidad de fortalecer las instituciones que trabajan en el tema.
Mientras Garza Herrera se encontraba leyendo su discurso, Marichuy Armendaríz, la trabajadora que sufrió acoso sexual por parte de un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) lo interrumpió: “No seas mentiroso, no seas mentiroso, tengo una sentencia condenatoria contra mi acosador y el señor que ven ustedes aquí lo está protegiendo… siete años de lucha ¿para qué?, ¿para que lo esté protegiendo?, no lo quiere cesar, sigue trabajando mi acosador, ¿de qué me sirve a mí todo esto?, ¿a mi para que me sirve esta farsa si ya gané?, ya tengo la sentencia condenatoria, ¿qué sigue si no me han dado justicia?”.
Posteriormente, Griselda Haro, habitante de la Noria de San José, aseveró “la violencia contra las mujeres se vivió en la Noria de San José hace más de cuatro años y el señor fiscal aceptó la recomendación 10/2017. Aquí está el director de la Policía Ministerial, que fue el que orquestó todo desde la Secretaría de Gobierno… esto para nosotros es un insulto, uno mera simulación, no se vale lo que nos están haciendo. Más de cuatro años y no hemos visto a un solo funcionario público cesado por este hecho. ¿Dónde están las defensoras de Derechos Humanos?, entonces que se nos haga justicia porque no pueden pasar más de cuatro años, y agradezco que esté el señor gobernador porque prácticamente fue al inicio de su administración… y usted me ofreció que íbamos a tener acceso a la verdad y a la justicia y no ha sido así, esto es una simulación, es un insulto para todas las mujeres”.
En el lugar también estuvo presente Teresa Carrizales Hernández, quien en julio del 2019 fue desalojada de manera violenta del registro civil donde laboraba, por parte de oficiales de Seguridad Pública Municipal del ayuntamiento de la capital potosina.
Minutos después de haber escuchado las quejas de las manifestantes, el fiscal pretendía continuar con su discurso, sin embargo, percibiendo que no se lo permitirían, invitó a los presentes a ingresar al recinto a conocer las instalaciones.
Cabe destacar que luego de 21 años, la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales cuenta con edificio propio, el cual está localizado en la calle 5 de mayo número 1475, en el Barrio de San Miguelito. Además, fue inaugurado el Instituto Universitario de Ciencias Penales y Forenses de la Fiscalía General del Estado.
Se dio a conocer que el inmueble fue donado por gestiones del gobierno estatal y los gastos para la remodelación ascendieron a 2.8 millones de pesos, de los cuales 1 millón correspondió a recurso de la Fiscalía General del Estado y lo restante fue proveniente del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
