No bien rindió protesta como Gobernador Constitucional del Estado, Juan Manuel Carreras López presentó una iniciativa con carácter de preferente ante el Congreso –del que aún no teníamos mayor referencia para juzgar su calidad, responsabilidad, o sentido ético- relativa al llamado “Sistema anticorrupción” que a nivel federal quedó instaurado.
Pasaron larguísimos 18 meses para que el Poder Legislativo se tomara la molestia de abordar lo que Carreras les propuso, y lo hicieron a medias, y mal.
Usted dirá que 18 meses no es un mal récord para el Congreso, pero resulta que las llamadas iniciativas preferentes tienen un plazo de dictamen en la Constitución del Estado, ese plazo es de 45 días naturales; desde luego se puede argüir que como contenía algunas reformas constitucionales la iniciativa para el “sistema anticorrupción” pues no era preferente en estricto sentido, por lo que los congresistas se tomaron su tiempo.
El tal “sistema anticorrupción” está incompleto, porque apenas se han aprobado los cambios constitucionales, la cosa es calmada, por lo visto; pero mire Usted, no han sino cambiado un par de disposiciones cuando ya tienen hecho un cochinero de proporciones épicas los ínclitos representantes populares.
Hoy quisiera llamar su atención sobre la reforma a la Constitución de San Luis Potosí, y a una ley orgánica, ya que la primera es la que da pie y fundamento a todo el entramado para acabar con ese cáncer que es la corrupción, y la segunda es donde está la trampa; con unas observaciones muy puntuales, que francamente no me parecen errores, sino cuestiones que tienen por objeto amañar la ley para garantizarse impunidad.
No se vaya Usted a desesperar y deje la lectura, porque entiendo que se trata de un tema árido, por ser enteramente jurídico, así que téngame un poco de paciencia, mire Usted:
Desde tiempos que ya parecen inmemoriales, nos dimos cuenta los mexicanos que el poder público es proclive a la corrupción, y que con los años esa práctica tan mexicana ya ha sido adoptada en todo el orbe, para más casos vea Usted el caso Oderbretch que desde Brasil ha salpicado de podredumbre a todos los países del hemisferio, y a políticos y gobernantes de todos los signos ideológicos, haga de cuenta que es la trama Panavi en San Luis Potosí, pero a lo bestia.
Figúrese Usted que ya Miguel de la Madrid Hurtado, cuando hacía campaña para ser ungido Presidente de México en los lejanos ayeres de 1982 proclamaba que la corrupción era destructiva para México, y por eso él iba por la “renovación moral de la sociedad”, y todo porque el lema de su antecesor José López Portillo era la “solución somos todos”, por lo que la gente lo convirtió en la “corrupción somos todos”; así que bajo su presidencia creó un montón de sistemas para prevenir y erradicar las prácticas corruptas, tales como las contralorías, los tribunales administrativos y demás entidades inútiles desde que nacieron; y es que nacieron muertas las instituciones delamadridistas, porque no existían la real voluntad, sino sólo un ánimo enteramente disimulador.
No le aburriré con toda la historia de simulaciones frente a la corrupción, porque desde entonces cada candidato al más pinchurriento de los puestos públicos en México propone acabar con la corrupción, y se lanza al ruedo con toda clase de propuestas que acaban en pura saliva; un ejemplo reciente es la del exedil soledense –hoy capitalino– que quería acabar con las tramas corruptas de Vigue Red Ambiental –la empresa de la basura– y Panavi –la de las lámparas carísimas– y que ahora ya olvidó.
El Presidente Enrique Peña Nieto, después de pervertir todo el sistema de transparencia impulsado por los panistas que le precedieron en la presidencia, pues como no podía ser de otro modo, impulsó lo que pomposamente le llaman “sistema anticorrupción”, como un claro signo de reconocimiento que estamos literalmente podridos, y que cada gobernante o político de medio pelo y con mayor enjundia los de relleno, arriban a los puestos a enriquecerse y a enriquecer a sus amigos, compadres, amantes, amiguitas, amiguitos, socios, y demás fauna nociva con la que están emparentados.
Como la moda sexenal destruyó el federalismo con instituciones “nacionales”, el tal sistema también fue impuesto a todos los Estados de la República, y con una pachorra impresionante lo han ido abordando; en San Luis Potosí fue desde el primer día de gobierno de Juan Manuel Carreras, pero detenido durante 18 meses por la Asamblea de vagos.
Pero por fin aprobaron las reformas, unas cuantas, no crea que todas, y las mismas se refieren a varias cuestiones, pero ahora sólo me ocuparé de un curioso detalle, el de los magistrados o jueces anticorrupción.
Resulta que el “sistema” pretende que los casos de corrupción sean conocidos en dos instancias, la primera por tres salas con un panel de jueces a los que llama magistrados, y la segunda con una sola sala estatal, pero con un juez “supremo”; entonces tuvieron la idea de imitar al plano federal y transformar el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, pero en el camino se les olvidaron las fechas para esa conversión y acabaron haciendo un batidillo en el que no tenemos magistrados, y si los tuviéramos resultan chocar con los procedimientos puntualizados por la Constitución Federal, y con las normas internacionales en materia de combate a la corrupción.
Mire, los actuales tres magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo fueron nombrados bajo una norma que les daba un periodo de 6 años, uno ya cumplió su máximo posible, y dos no, por lo que les asiste la posibilidad de ser ratificados y por lo tanto no ser removidos, previa evaluación.
Pues resulta que el nuevo texto constitucional dice que los jueces anticorrupción estarán diez años en el cargo sin posibilidad de repetir.
La solución se le ocurrió simple a la recua: con un transitorio en la Ley Orgánica del Tribunal recién creado, resolvieron ratificarlos y ampliar su periodo hasta que cumplan los diez años que marca la reforma constitucional, pero ¿y la evaluación?, ¿Y la jerarquía de las leyes?
Este cochinero se agrava cuando vemos los plazos: resulta que la reforma constitucional y la del transitorio de marras entran en vigor hasta el 19 de julio de 2017, y entre tanto los magistrados cumplen su encargo el día último de abril de este año, y tienen derecho a ser evaluados para ser ratificados, porque así lo manda la Constitución en vigor.
Mañosa reforma anticorrupción, por lo pronto parece que ya se cargó a varios. ¿Y el derecho de los magistrados a ser ratificados por otros seis años?, ¿Y el derecho de los aspirantes a ser magistrados con el nuevo sistema?, ¿Y la Constitución vigente?, ¿Y para eso usaron 18 meses?
Temario
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Leonel Serrato Sánchez
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