Por: Victoriano Martínez.
El ayuntamiento de Ricardo Gallardo Juárez mantendrá durante 2017 el costo de las copias simples por solicitudes de información a un costo de 0.5 Unidades de Medida y Actualización (UMA) que durante este año representaron una tarifa de 36.52 pesos por copia.
Este año, la alcaldía capitalina se estrena además con una nueva tarifa que se aplicará a la reproducción de en medio magnético, para la que fijó una contribución de 0.2 UMA, equivalentes este año a 14.60 pesos. Este tipo de acceso a la información pública era gratuito, y sólo se tenía que acudir a la Unidad de Información Pública con un dispositivo de memoria.
Tanto en la iniciativa de Ley de Ingresos como en el dictamen presentado en la Gaceta Parlamentaria, en la fracción XV del artículo 31 se mantuvo la misma redacción que en el correspondiente al año anterior: “Por la expedición de copias derivadas de una solicitud de información por foja 0.50 (UMA)”.
A ese artículo se agregó la fracción XVI que señala que “Por la reproducción en medio magnético, disco compacto (CD), derivado de una solicitud de información, cobrará según costo de materiales 0.20 (UMA)”.
Así, resulta que el alcalde Ricardo Gallardo Juárez ve en el derecho de acceso a la información una oportunidad de obtener ingresos adicionales, a tal grado de que contempla obtener de quienes le requieran información conforme a la Ley de Transparencia dos millones 100 mil pesos.
Se trata de disposiciones que contravienen lo establecido por la Ley de Transparencia en el artículo 165 de la Ley de Transparencia estatal que establece que los costos para obtener la información no podrán ser superiores a la suma del costo de los materiales y el costo de envío en los casos que deba realizarse.
Además, señala que en la determinación de las tarifas “se deberá considerar que los montos permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información”.
La tarifa que Gallardo Juárez insiste en cobrar por el derecho de acceso a la información pública demostró este año ser un inhibidor del ejercicio de ese derecho, al darse casos en los que se pretendió cobrar incluso por actas que deben difundir de oficio hasta 60 mil pesos.
De aprobar nuevamente los diputados este jueves esas tarifas, incurrirían en una violación a los artículo 65 y 165 de la Ley de Transparencia.
