Por Victoriano Martínez
El Manual ciudadanizado de la Información Pública, la Rendición de Cuentas y el Combate a la Corrupción, como esfuerzo de un grupo de personas que promueven que se cuestione a las autoridades para obligarlas a trabajar de cara a la ciudadanía, exhibe que los servidores públicos todavía ejercen sus cargos como si se tratara de espacios privados.
De poco ha servido que desde julio de 2004 exista la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) si no sólo no ha logrado garantizar el derecho que está obligada a proteger, sino que en sus más de 16 años no ha dado la más mínima señal de promover que la población presente solicitudes de información a las autoridades y verificar que la obtengan.
En sus primeros años, como CEGAI primero y después como CEGAIP, la comisión garante del derecho de acceso a la información tuvo algunos programas de capacitación y promoción que parecían enfocados a despertar la inquietud de las personas para que solicitaran información a las dependencias públicas.
No obstante, se enfocaron tanto en explicar lo que es el derecho de acceso a la información pública (DAIP) y en describir las bondades que –en teoría– tiene, que olvidaron que todo ejercicio es práctico, en este caso hacer uso de un derecho.
No promover la presentación de solicitudes de información, ni darles acompañamiento para verificar que efectivamente el peticionario obtuviera la información, hicieron de aquella promoción mera simulación a favor de la opacidad de los funcionarios y en perjuicio del derecho de acceso a la información pública de todos.
En 16 años, el DAIP que se planteó en la Constitución y en las leyes como una prerrogativa ciudadana con un procedimiento sencillo y expedito, quienes han encabezado la CEGAIP, lo han convertido en un procedimiento largo y complicado que, lejos de incentivar su ejercicio, lo inhiben.
Esfuerzos como el de Ciudadanos Observando, con el manual que presentaron, y otros, como el de Transparencia para Todos, encabezado por Samuel Bonilla, con talleres sobre el aprovechamiento del DAIP en la vida cotidiana que son más aceptados fuera del Estado que aquí donde surgieron, muestran que la CEGAIP ha trabajado 16 años en sentido opuesto a su razón de ser.
Ni el esfuerzo de Ciudadanos Observando ni el de Transparencia para Todos le han costado al erario tanto como la cada día más inútil CEGAIP. En cambio, esos dos esfuerzos ciudadanos han generado para la sociedad mucho más beneficios que un organismo cada año más oneroso y menos efectivo.
Tan sólo en las leyes de Egresos del Estado, de 2019 a 2020 el presupuesto de la CEGAIP creció en un 21.87 por ciento, de 27 millones 309 mil 35 pesos a 33 millones 281 mil 927 pesos. Un aumento de 5 millones 972 mil 892 pesos. En los primeros nueve meses de este año ya se gastó 19 millones 351 mil 111.44 pesos.
De esos 19 millones de pesos ya gastados, 16 millones 490 mil 340.78 pesos fueron a parar a los bolsillos de los tres comisionados y los 19 empleados más que integran la CEGAIP. De esos 19 millones de pesos gastados este año, no se ha invertido un solo peso en promover que se ejercite el DAIP. Únicamente han gastado 6 mil 965.80 pesos para anunciar algún evento en prensa.
El hecho de que el 77.34 por ciento del presupuesto de la CEGAIP se destine a su plantilla de personal de 22 integrantes y sólo el 0.32 por ciento a comunicación social –entiéndase acciones para divulgación del DAIP a los más de 2 millones 700 mil habitantes del Estado– da cuenta clara de las prioridades en la operación de la Comisión.
Por eso el Manual ciudadanizado de la Información Pública, la Rendición de Cuentas y el Combate a la Corrupción, presentado por Ciudadano Observando exhibe que los servidores públicos todavía ejercen sus cargos como si se tratara de espacios privados… porque tienen en la CEGAIP al mejor aliado para mantener a la administración pública en la opacidad.
