Por Antonio González Vázquez
No fue suficiente el hecho de que haya renunciado el Auditor Superior del Estado, José de Jesús Martínez Loredo, ya que lo hizo alevosamente, pues al irse dejó basificados a al menos 30 personas, entre amigos, compadres, y hasta familiares de diputados locales.
Juan José Frías Aguilera, quien mantiene juicio político en contra del ex titular de la ASE, dijo en un comunicado que no dejará de insistir en relación a la serie de interés político partidistas que han detectado en el organismo auditor.
Tras la renuncia del Auditor Superior del Estado que fue vinculada a las declaraciones que hiciera el ahora diputado independiente, Enrique Alejandro Flores Flores, sobre chantaje y extorsión a los alcaldes de San Luis Potosí, a cambio de sanear sus cuentas públicas en colusión con el órgano auditor, ahora se han encontrado con que antes de retirarse firmó las bases de sus colaboradores cercanos.
Está el caso de Humberto Pérez Castillo quien era Secretario de Coordinación del Despacho del Auditor, quien ahora estará basificado en la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado. Así también está el caso de Manuel Reinhardt Guerrero que era Coordinador de Auditorias Especiales, Ana Elisa Loredo, Fernando José Barrera Guillén –hermano del diputado Manuel Barrera Guillén-, Sandra Elizabeth Anguiano Ramírez –recomendada del diputado Óscar Bautista Villegas -, Daniel Mendoza, Rubén Izar –recomendado por Martha Orta Rodríguez-, José Luis Cortez Tello, René Pérez Medina –recomendado del diputado José Guadalupe Torres Sánchez-.
Además de Martín Martínez Martínez, Rosa María Ruíz, Gloria Rivera, María del Refugio López, Saúl Oziel Cruz, Ricardo Rodríguez, Raúl Rodolfo Esquivel Garay, entre otros.
A partir de esta circunstancia solicitaron a los principales líderes de los sindicatos de gobierno del Estado, que no permitan que se basifiquen, ya que muchos de estos personajes no tienen el perfil adecuado para atender cuestiones como la revisión de las cuentas públicas, tienen antecedentes penales, algunos tienen denuncias por acoso sexual y otros ni siquiera cuentan con la escolaridad necesaria para el cargo.
